Minería, agroquímicos y fracking preocupan a pobladores de Ricaurte


Habitantes de ocho municipios de Boyacá y Santander hicieron inventario de los riesgos ambientales que amenazan sus recursos naturales.


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Carare, Hatillo y Garibay son las tres veredas de Togüí que hoy ven como una amenaza la extracción de sílice. Sus pobladores consideran que la explotación de este mineral pone en riesgo la integridad de las fuentes de agua, la exuberancia de su vegetación y su calidad de vida.

El tema fue expuesto en el marco del Convite Ambiental que tuvo lugar el sábado 2 de diciembre en esa localidad y que fue convocado por organizaciones sociales de los municipios que hacen parte de la provincia de Ricaurte.

Al evento asistieron líderes campesinos, representantes de ONG, el asesor para el diálogo social de la Gobernación de Boyacá, Pedro Pablo Salas; y delegados de Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes) y del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional.

Deforestación, malas prácticas agrícolas como el monocultivo, el uso excesivo de pesticidas, explotación de piedra caliza, carbón y arcilla y deficiente gestión de los residuos sólidos fueron algunos de los temas expuestos por los asistentes, en su mayoría procedentes de Chitaraque, Moniquirá, Gachantivá, Arcabuco y Togüí (Boyacá); y Florián, La Belleza y Puente Nacional (Santander).

Fracking o fracturamiento hidráulico para la extracción de petróleo fue otro de los temas expuestos durante la jornada en razón a la advertencia hecha por la Alianza Nacional contra el Fracking en el sentido de que buena parte del territorio boyacense, entre el Magdalena Medio y el Piedemonte Llanero, pueda ser concesionado por el gobierno a multinacionales que utilizan esta técnica.

Además de relacionar los conflictos socio – ambientales que se registran en sus territorios, los participantes clasificaron las afectaciones económicas, culturales y aquellas que impactan a la salud y que son provocadas por el desarrollo de actividades productivas como la minería en áreas de conservación o la ganadería y la agricultura extensivas que lesionan seriamente la productividad del suelo.

Laura Poveda Sánchez, vocera de la Corporación Ambiental Unidos por el Ubazá, sostuvo que como resultado del Convite Ambiental se programó para enero de 2018 una Mesa Regional que contará con la presencia de las comunidades, las Corporaciones Autónomas Regionales, los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Ambiental.

“En la región no se había dado un diálogo de esta naturaleza. Teníamos que darnos la oportunidad de establecer que muchos de los conflictos de otros municipios tienen relación con los nuestros. Este convite nos permitió empezar a trabajar por una causa común”, aseguró la líder ambiental de Togüí.

Afirmó que este es el primer paso para la creación de un espacio formal que le permita a los habitantes de la zona abordar las problemáticas territoriales y formular propuestas que incidan tanto en los esquemas de ordenamiento (EOT) como en los planes de gobierno de los candidatos a las alcaldías y en los planes de desarrollo.

Insistió en la importancia de que la gente se pronuncie sobre la administración del territorio por las relaciones que hay entre la población, los recursos naturales y las actividades productivas, y en la necesidad de que las alcaldías y los concejos garanticen su participación y atiendan sus propuestas.

Sobre el ordenamiento territorial ambiental comunitario, tema central del Convite, Laura Poveda, resaltó la urgencia de que autoridades, campesinos, productores y ciudadanos en general discutan sobre las diferentes visiones del desarrollo local, una tarea que no puede estar en manos de personas ajenas a las realidades de los municipios.
Boletín entreojos.com

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