Una acción popular con pacto de cumplimiento obliga a que la Administración Municipal de Tunja reubique a los vendedores ambulantes que están agremiados en la Cooperativa Covename, la anterior administración, 2016 – 2019 recibió de la Alcaldía de Fernando Flórez unos diálogos que se tenían donde se indicaba cómo, a través de proyectos productivos se iba a recuperar el espacio público.
Los proyectos productivos eran radicados por los vendedores ambulantes tenían como función que mostraban su idea que debía tener un costo máximo de 40 millones de pesos por proyecto, dinero que sería entregado por la Alcaldía y así ellos se retiraban del espacio público y montaban su negocio, pero la administración de Pablo Cepeda consideró que esa no era la solución y por eso volvieron a sentarse ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, donde se determinó que debían buscar un inmueble.
Entre las condiciones que se tenían del inmueble, entre todos se dijo que no podía estar a más de 100 metros de la plaza de Bolívar, aspecto que ya dificultaba el proceso, entonces la administración empezó a buscar la opción, que además estuviera sobre una vía principal y además que se pudiera determinar en el espacio cuáles productos se ubicarían allí, pues son más de 100 los afiliados a la Cooperativa, sino que debía hacerse la reubicación de acuerdo a las características de cada negocio.
De acuerdo con Fabio Martínez, secretario de Gobierno en el periodo 2016 – 2019, se acordó que los artículos como libros, ropa y detalles iban a estar en el inmueble, las frutas y verduras se iban a quedar en el espacio público pero de una manera que no entorpeciera la movilidad de las personas, además que parte de la comida a reubicar son alimentos que se venden en la noche.
Se visitaron varios inmuebles donde también se priorizó la visibilidad de los negocios y la viabilidad presupuestal, que en ese momento eran máximo de 2 mil millones de pesos. “Se visitaron muchos inmuebles y por eso se optó por el de la 9na porque era el que cumplía con las condiciones que exigían los vendedores ambulantes”, explicó Martínez.
Y además iba a ser intervenido por la Administración porque no tenía la condición de ser inmueble de conservación en pleno centro histórico. Pero luego de haber tomado decisiones, los vendedores dijeron que ellos querían donde antes estaba el Almacén Tía, pero este inmueble tenía un costo que superaba el monto para ser adquirido, mencionaron uno sobre la carrera 10ma también enseguida del Pasaje de Vargas, pero este también superaba el costo.
Después mencionaron el hoyo de la papa, pero allí por uso del suelo no se podía utilizar, luego se compró el inmueble visto primero y cuando ya era del municipio los municipios empezaron a decir que para allá no se iban y que querían uno que quedaba cerca a la Caja Nacional de Ahorros, pero al estar adelantado el proceso la respuesta fue negativa para los vendedores informales.
Según comenta Martínez, con la autorización del Concejo se adquirió el inmueble, pero ya se tenía un prediseño de cómo podían utilizarse los espacios. “Quienes conocen el predio saben que no es una casa, allí funcionó un restaurante, es un zaguán amplio al inicio y al fondo, el primer piso no está dividido por paredes, por lo que se puede acomodar a los espacios, no está dividido por cuartos. Si había que hacer algunas adecuaciones, en esos análisis se utilizó gran parte del tiempo con el acompañamiento del Tribunal”, manifestó el exsecretario.
A Personería y la Defensoría hicieron el acompañamiento total. En 2019 la administración de Cepeda contrató los estudios y diseños para la construcción de lo que debía servir para la reubicación, construcción de los módulos para los vendedores, hasta ahí quedó el proceso realizado por la administración 2016 – 2019, se entiende que los estudios y diseños fueron entregados en el proceso de empalme al Gobierno de Alejandro Fúneme (2020 – 2023).
“Los estudios arrojaron que la intervención era posible para los módulos que se iban a construir para la reubicación”, explicó Martínez. En ese momento no se había dicho nada de entregar al departamento para demoler y construir. Hasta el 2019 el departamento no había intervenido para nada en el proceso de reubicación, la responsabilidad total era del municipio que debía buscar la cofinanciación para que el municipio adelantará la construcción.
Escrito por: LORENA QUINTANA
Tomado de https://ultimahoraboy.com/