Consuelo Ibeth Parra Velandia, abogada sogamoseña investigada por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos. Foto: archivo particular
La Fiscalía señala a la abogada de ser la presunta líder de una red de lavado de activos.
La jurista sogamoseña Consuelo Ibeth Parra Velandia, quien fue la abogada de líderes paramilitares y del Clan del Golfo, tendría que responder ante la justicia colombiana por el presunto delito de lavado de activos y otros.
Así lo revela el diario El Espectador en un artículo titulado ‘Los 240 bienes de la abogada del paramilitarismo que investiga la Fiscalía’.
Según el medio nacional, Consuelo Parra está a punto de ser acusada por liderar una red de lavado de activos a través de la compra de 240 inmuebles en varias zonas del país, aunque la abogada niega tajantemente los señalamientos.
“Detrás de los nombres más temidos del paramilitarismo en Colombia —Don Berna, El Alemán, Don Mario, Otoniel, Jorge Pirata y HH— aparece un mismo rostro en común. No es un jefe de tropa ni un capo del narcotráfico, sino una abogada de 1,72 metros de altura, nacida en Sogamoso (Boyacá), que en distintos momentos de sus carreras criminales los defendió ante la justicia. Su nombre: Consuelo Ibeth Parra Velandia”, publica El Espectador.
Agrega que, de acuerdo con informes de inteligencia de la Policía, ella es depositaria de algunos de los secretos más oscuros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y del Clan del Golfo, la organización que heredó el poder del paramilitarismo y que hoy, según el Ministerio de Defensa, es el grupo armado ilegal más grande del país.
“Ella también tiene algo en común con sus viejos clientes: tiene asuntos pendientes con la justicia colombiana. La mujer de 47 años está ad portas de afrontar un juicio por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. De acuerdo con la Fiscalía, Parra lideró una sofisticada red de lavado de activos y testaferrato para esconderle bienes a un temido capo que fue extraditado a los Estados Unidos. Se trata de Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, quien, hasta 2018, fue el segundo al mando del Clan del Golfo, por detrás de Otoniel”, indica el artículo del diario capitalino.
De acuerdo con la nota periodística, la red liderada por Parra adquirió 240 inmuebles, avaluados en 65.700 millones de pesos, que estaban a nombre de cuatro personas y siete empresas.
“Esa extensa lista de casas, apartamentos, megalotes, locales, parqueaderos, y hasta hoteles, están ubicados en Bogotá, Medellín, Cartagena, Pereira, Chía, entre otros. La fiscal del caso ha dicho que una de las piezas claves de la supuesta red de lavado de activos es un hombre que tendría un viejo nexo con los paramilitares: Wilson Muñoz Ávila, presunto testaferro de alias Capitán Victoria, un hombre cercano al exjefe paramilitar Carlos Castaño durante la masacre de Mapiripán, perpetrada en julio de 1997”, relata el artículo de El Espectador.
Añade que, los investigadores de la Fiscalía señalan que Muñoz y la empresa Incol (de la que fue representante legal), compró, entre el 2014 y el 2017, 185 inmuebles. Entre ellos, 108 parqueaderos del Centro Comercial Lago Plaza en Pereira, 36 lotes en Acacías (Meta) y 14 apartamentos penthouse en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín. Otras empresas que están bajo la lupa de la Fiscalía también adquirieron dos megalotes en exclusivas zonas del norte de Bogotá, tres lujosos apartamentos en condominios de Cartagena, un hotel en el centro de Medellín y cuatro lotes en el municipio de Sogamoso, de donde es oriunda la abogada Consuelo Parra.
Tomado de https://boyaca7dias.com.co/