En Tunja, la historia reciente de la administración pública es un desfile de despilfarro, complicidad y dobles estándares. No es un secreto ni un rumor que durante el gobierno de Alejandro Fúneme González se malgastó el recurso público, y el manejo de un crédito superior a los 93.000 millones de pesos es prueba irrefutable de ello. Proyectos que prometían transformación, desde infraestructura urbana hasta servicios esenciales, quedaron en el limbo de la ineficiencia, y en la mayoría de los casos, simplemente no existen evidencias de que se hayan ejecutado.
Es un hecho que Fúneme González, al igual que los miembros de su equipo de gobierno, deberían responder ante la ley por el despilfarro de estos recursos. Sin embargo, pese a denuncias interpuestas y procesos de control anunciados, no existe ninguna sanción contra él ni contra quienes lo acompañaron en sus decisiones. Algunos casos llevan años estancados en despachos judiciales; otros, lamentablemente, han sido archivados con comodidad y conveniencia para su círculo de amigos, esa red que protege la corrupción como un escudo invisible.
Lo más indignante es que esta inactividad, esta evidente complicidad de los organismos de control, no puede ni debe convertirse en un argumento para eximir al actual alcalde, Mikhail Krasnov, de vigilancia y escrutinio. Sin embargo, algunos de sus más fanáticos defensores pretenden exactamente eso: justificar cualquier eventual acto cuestionable de Krasnov basándose en la incapacidad o el contubernio que permitió a Fúneme González, y a cualquier otro exmandatario, salir impune.
Se pretende instalar en el imaginario colectivo que, dado que las investigaciones contra Fúneme González han sido ineficaces, así debería actuar cualquier proceso contra Krasnov. De esta manera, se construye una narrativa falaz: presentar a Krasnov como un “mesías incorruptible”, mientras la evidencia concreta de varias de sus actuaciones señala que su administración se mueve en los mismos patrones de despilfarro, el clientelismo y la arbitrariedad que caracterizo a sus antecesores. No estamos ante un “profesor incorruptible”, sino ante un mandatario que, en ciertos aspectos, es un calco al mejor estilo de Fúneme González.
Lo más preocupante es la actitud de los adeptos de Krasnov. Esa postura facilista, cobarde y mediocre de exigir a terceros que presenten denuncias contra los exalcaldes de los que reclaman justicia. Exigir que otros hagan lo que ellos no se atreven a hacer es, en esencia, un acto de cobardía y abuso. Quien decide interponer denuncias lo hace asumiendo riesgos, dedicando tiempo, conocimiento y recursos para enfrentar la maquinaria de la impunidad. Pedir que sean otros quienes carguen con esa responsabilidad mientras ellos se colocan en un pedestal moral es supremamente pusilánime.
Esos adeptos que hoy se rasgan las vestiduras en defensa de Krasnov son, en realidad, sostén y bastión de la corrupción en Tunja. Su indignación es selectiva: defienden a su “mesías” y atacan solo a quienes no forman parte de su círculo. Les molesta la corrupción cuando no pueden participar de ella; pero cuando logran integrarse a la red de beneficios, la defienden sin cuestionamientos, llegando a defender la más absurdas de las posturas o circunstancias. Así, se convierten en el eslabón más bajo de la cadena corrupta, satisfechos con migajas, con cualquier peso, mientras la ciudad paga las consecuencias de la negligencia, la ineptitud y el clientelismo.
No hay duda: Fúneme González, Pablo Cepeda Novoa y Fernando Flórez Espinosa deberían enfrentar penas y sanciones. Pero no depende del clamor popular ni del hambre de justicia social de los ciudadanos: corresponde a instancias judiciales, fiscales y de control determinar responsabilidades. Y aunque el debido proceso a veces se usa para proteger al victimario, este no puede ser pretexto para perpetuar impunidades. La ciudad no puede permitir que 93.000 millones de pesos desaparezcan sin sanción, que el piso de la Plaza de Bolívar se cambie a más del doble del costo estimado, o que un Parque Biblioteca funcione sin biblioteca y nadie responda.
Peor aún, cuando se aplican sanciones, estas suelen caer sobre los eslabones más débiles de la cadena: contratistas, interventores o funcionarios que realizaron estudios previos. Estos actores, aunque tengan alguna responsabilidad, no son quienes toman las decisiones de fondo ni quienes planifican el uso del dinero público, y mucho menos son quienes se benefician del reparto, más allá de las migajas que les arrojan. La responsabilidad recae, de manera indiscutible, sobre quienes gobernaron y planearon las acciones que llevaron al despilfarro y la corrupción.
Tunja merece algo más que la simulación de justicia social que promueven los adeptos de Krasnov. Necesita ciudadanos capaces de exigir rendición de cuentas sin doble moral, sin cobardía y sin fanatismo político. Solo así será posible romper la cadena de impunidad que ha permitido que Fúneme González y sus cómplices sigan caminando libres, mientras se pretende justificar cualquier irregularidad del actual alcalde. La corrupción no puede ser un deporte de seguidores, y la justicia social no puede depender de la conveniencia de quien hoy detenta el poder.
Exigir que otros hagan lo que uno no tiene valor de hacer es, además de injusto, moralmente repugnante. Los ciudadanos de Tunja deben dejar de ser espectadores pasivos y convertirse en actores conscientes del control social. Solo con vigilancia constante, denuncia valiente y exigencia firme de responsabilidades, será posible que la historia de malversación, complicidad y cobardía que nos dejó Fúneme González y que está perpetuando Mikhail Krasnov, no se repita bajo ningún otro gobierno.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tomado de: Periódico El Tunjano