En Tunja, la defensa de los derechos terminó metida en una carpa blanca, levantada a las carreras en plena Plaza de Bolívar, atendiendo a la intemperie como si fuera un servicio menor. Duró apenas unas horas. Ese 13 de noviembre no solo fue la primera jornada de atención improvisada de la Personería sin sede fija. También fue la última. Desde entonces ningún ciudadano ha podido ser atendido de forma presencial. La oficina que debería recibir quejas, tramitar procesos disciplinarios y orientar a quien llega desesperado buscando defensa y cumplimiento de derechos, quedó reducida a una conexión virtual que excluye justo a quienes más necesitan ser escuchados, los ciudadanos.
Lo absurdo del episodio no está en la carpa, sino en lo que la provocó. Tres meses antes, la Alcaldía avisó que daría por terminado el comodato del tercer piso del edificio municipal, pero nunca explicó para qué necesitaba el espacio ni cuál era la urgencia real. Y la coincidencia, tan repetitiva que ya no parece coincidencia, es que cada advertencia sobre el fin del comodato surgía justo cuando la Personería abría procesos disciplinarios o hacía control frente a funcionarios del gobierno de Mikhail Krasnov. Podría parecer mala suerte… si no fuera porque siempre ocurre en la misma dirección.
Mientras tanto, la ciudadanía observa un patrón que ya no sorprende: cada vez que un órgano de control incomoda, algo pasa. No hubo fuerza pública, por eso algunos alegan que no fue un desalojo, pero la presión fue suficiente para que la Personería se retirara por su propia cuenta, evitando un choque innecesario. Aun así, la administración municipal nunca precisó por qué necesitaba de manera tan urgente ese despacho. Tampoco lo hace hoy. Y cuando los periodistas buscamos respuestas en el Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública, lo que recibimos no fueron puertas cerradas, sino una seguidilla interminable de evasivas: “que ya sale”, “que está en reunión”, “que esperen un momento”. seis horas después nadie daba la cara, ni siquiera por Whatsapp. Ninguna respuesta, ninguna explicación, ninguna razón.
Ese ambiente de opacidad no es nuevo en esta administración. Es coherente con un Alcalde que, cada vez que enfrenta control, responde con recusaciones en cadena: contra los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá, contra toda la Sección Quinta del Consejo de Estado, o incluso contra el fiscal que adelanta la causa penal en su contra. También es coherente con quien lanza videos repletos de falacias para atacar a los concejales que no cumplen sus expectativas políticas, o con quien dice no entender el español en medio de controversias, pese a haber trabajado antes traduciendo documentos en un país hispanohablante. No es solo contradicción, es manipulación sistemática de cada situación para acomodarla a su conveniencia.
La Alcaldía ha intentado además instalar un relato según el cual la Personería, con un presupuesto de más de 2.200 millones de pesos, “puede arrendar en cualquier parte”. Ese argumento desconoce, o finge desconocer, cómo funciona el presupuesto público. Los gastos de una vigencia se proyectan con un año de anticipación, y la Personería no tenía dentro de sus proyecciones ningún arriendo de oficinas. Pretender que una entidad destine de un momento a otro cerca de 200 millones para un arriendo no planeado, lo que equivale aproximadamente al 9% de todo su presupuesto anual; es tan absurdo como pedirle que adivine decisiones caprichosas del ejecutivo municipal. Esa caricatura presupuestal es la misma que alimentan ciertos “perfiles” de redes sociales que integran la guerrilla digital del Alcalde, quienes repiten que “sobra plata” en la Personería, una afirmación irresponsable en un país cargado de violencia y estigmatización.
Peor aún: quienes se autoproclaman asesores personales del Alcalde, algunos pagados por debajo de la mesa con recursos públicos, han intensificado discursos de odio contra el Personero, asegurando que debería pagar la oficina “de su propio sueldo”, como si ganarse quince millones fuera una razón para renunciar a los derechos laborales y a las garantías institucionales. Ese ambiente hostil, alimentado desde los pasillos del poder, pone en riesgo a funcionarios que simplemente cumplen con sus obligaciones constitucionales.
Tampoco es cierto que tres meses de aviso sean suficientes para planear un traslado de sede. La administración pública no funciona a punta de improvisaciones. Y menos aún es válida la interpretación de que la renovación del comodato por un año, en 2024, equivalía a una advertencia tácita de finalización. En derecho no existen advertencias tácitas. Esa narrativa es apenas un intento de justificar una decisión política.
Por otro lado, mientras la administración repite que necesita urgentemente ese tercer piso, no explica por qué no solicita, en cambio, el amplísimo espacio del Concejo Municipal, cuyo comodato fue renovado por cuatro años gracias a la venia de concejales fieles al gobierno, especialmente los de la mesa directiva; espacio que además, por sus dimensiones y ubicación podría significar un ingreso mayor, si de solucionar una “mala situación financiera”, como lo ha querido hacer creer el gobierno Krasnov. Resulta llamativo que la urgencia recaiga justo sobre la dependencia encargada de vigilar disciplinariamente a la misma administración, y no sobre la que se presta para los manejos turbios y arbitrarios del mandatario.
Aunque en algo tienen razón los defensores del Alcalde cuando afirman que es sano que la Personería ya no funcione dentro del edificio municipal. La desconfianza que ha generado la administración Krasnov en el manejo de información y de procesos disciplinarios es demasiado profunda como para ignorarla. Ahí está, para empezar, la pérdida de una carpeta con documentos clave de un proceso contra una funcionaria del gabinete, un hecho que, en su momento, dejó en evidencia fallas graves en la custodia de expedientes sensibles. Y a eso se suma la conducta igualmente preocupante frente a los videos de seguridad: la Alcaldía se niega a entregarlos cuando estos comprometen a integrantes de la guerrilla digital, incluso ante derechos de petición totalmente soportados, mientras que los facilita sin trámite alguno a esos mismos activistas cercanos al mandatario para alimentar campañas de acoso, quienes los consiguen sin siquiera haber presentado un derecho de petición para ello. Con estos antecedentes, es imposible no reconocer que alejar a la Personería de ese entorno resulta, por lo menos, una decisión saludable para la integridad institucional.
Pero tampoco hay que caer en la ilusión de que la independencia física por sí sola resuelve algo. Ahí está la Contraloría Municipal como prueba viviente. Funciona en un edificio propio desde 2013 y, aun así, no ha logrado fallos de fondo en los casos más sensibles para la ciudad. No hubo decisiones contundentes en los procesos relacionados con los manejos del Parque Biblioteca que no tiene biblioteca, ni frente al cambio de piso en la Plaza de Bolívar que costó más del doble de lo proyectado, ni frente al empréstito por 93 mil millones que dejó ninguna obra visible y real para la ciudad, ni frente a las múltiples irregularidades denunciadas durante años. Mucho menos logró la recuperación de esos recursos. La distancia no garantiza rigor disciplinario; lo garantizan las instituciones que funcionan, no las paredes que las rodean.
La administración municipal habla de una “mala situación financiera” para justificar decisiones, pero basta revisar los datos de su propio gobierno. Hace pocos meses la Alcaldía celebraba récords de recaudo, así como “adiciones presupuestales” por más de 111 mil millones debido a su incapacidad para ejecutar el presupuesto. Mientras tanto, uno de los defensores más ruidosos del alcalde, un exfuncionario que recibió un salario público sin cumplir requisitos legales para ocupar el cargo, intenta sembrar odio diciendo que el personero “se gana demasiado”, como si eso lo obligara a suplir fallas presupuestales ajenas.
En medio de esta polarización inédita para la ciudad, quien pierde es la ciudadanía. La Personería no podrá prestar atención presencial durante lo que resta del año, y en 2026 lo hará en condiciones precarias, con menos personal, con más procesos acumulados, y con más ciudadanos frustrados. La función disciplinaria se resiente. La confianza pública también.
Sería saludable que la Personería publique pronto y con detalle su ejecución presupuestal: salarios, cargas legales, servicios, herramientas, software, vacantes sin llenar y todo lo que explique por qué no puede asumir un arriendo sin planificación previa. Y sería igualmente indispensable que la Alcaldía aclare de una vez por todas qué uso le dará al espacio del que expulsó a la Personería. ¿Lo necesita realmente? ¿Para qué? ¿Es una dependencia? ¿Un proyecto? ¿Una oficina? ¿Un favorecimiento? La administración debe explicar qué instalará allí y por qué la urgencia fue tan grande como para afectar los derechos de miles de tunjanos.
Tunja no merece un órgano disciplinario convertido en desplazado institucional. No merece que la defensa de los derechos termine en una carpa improvisada, ni que un gobierno que prometió combatir la corrupción termine saboteando a quien debe vigilarlo.
Tomado de: Periódico El Tunjano