En el Estado de Derecho, la palabra tiene peso jurídico, político y moral, porque no es un adorno ni un juguete retórico; todo lo contrario, es un instrumento que construye o destruye reputaciones, que eleva o condena, que puede ser evidencia o arma.
Por ello, cuando la ley ordena rectificar, no lo hace por capricho, sino porque reconoce que el daño producido por la palabra pública, cuando es falsa, calumniosa o injuriosa, puede propagarse con la velocidad y la contundencia de un incendio, y como tal, exige reparación.
Sin embargo, lo que ocurre con frecuencia en Colombia y en buena parte de las democracias mediáticas del mundo es que la rectificación llega a regañadientes. Llega tarde, llega fría, llega mínima; llega, incluso, con la torpeza moral de quien cumple un trámite, pero no un acto de responsabilidad.
Tras engorrosos procesos ante fiscalías, juzgados, inspecciones y tribunales, después de años de pruebas, audiencias y recursos, finalmente aparece el fallo: el agresor verbal debe pedir excusas públicas. Y entonces ocurre el espectáculo más predecible y, a la vez, más indignante: un par de líneas leídas sin convicción, una mueca de obligación, un gesto que más parece una burla que un acto de reparación.
Lo paradójico, y lo injusto, es que los insultos originales siempre viajan con megáfonos, amplificados por la histeria digital, los micrófonos complacientes y las audiencias hambrientas de escándalo.
Las rectificaciones, en cambio, suelen hacerse en voz baja, casi clandestinamente, sin eco, sin difusión, sin la más mínima intención de alcanzar a quienes escucharon la injuria inicial y es el equivalente a cometer el daño en plena plaza pública y disculparse en un callejón desierto.
Esa asimetría comunicacional revela un problema profundo porque el sistema exige reparación, pero la cultura del agravio no está dispuesta a asumirla. Quien calumnia suele sentirse cómodo en la violencia, pero absolutamente incómodo en la responsabilidad, y así, las disculpas se convierten en un ritual vacío, una concesión mínima para cumplir un dictamen judicial, pero no para restituir el honor vulnerado.
Mi abuela solía decir que “quitarle las plumas a la gallina equivocada es irreversible, porque una vez vuelan, es imposible volver a ponérselas” y esa metáfora, tan sencilla como precisa, explica con rigor lo que ocurre con la palabra usada para agredir: el daño se dispersa, se multiplica, se aloja en la memoria colectiva, y ni la más sincera de las disculpas puede revertir completamente su efecto. Por eso la rectificación no es un acto simbólico: es un deber ético, una restitución mínima, un reconocimiento de que el daño existe.
Pero si esas plumas no solo se arrancaron, sino que se esparcieron con entusiasmo, el mínimo ético sería recogerlas con el mismo esfuerzo con el que se arrojaron, y eso implica rectificar con la misma fuerza, el mismo volumen y el mismo alcance con el que se cometió la agresión. Lo contrario, disculparse en susurros después de calumniar a gritos, no es rectificar: es perpetuar el atropello.
Cada vez que un agresor verbal cumple a regañadientes una orden judicial, el sistema envía un mensaje ambiguo: el daño es grave, pero la reparación puede ser mínima, y ese desequilibrio erosiona la confianza en la justicia, alimenta la impunidad moral y normaliza un ecosistema público donde la injuria vende y la rectificación no importa.
Si como sociedad aspiramos a una vida pública más decente, no basta con exigir disculpas, porque debemos reclamar que estas sean completas, visibles, equivalentes y honestas.
Que al menos intenten, aunque sea simbólicamente, devolverle a la gallina algunas de las plumas que le arrancaron a mansalva; porque en la democracia, como en la vida, el honor también merece reparación, y la palabra, esa que puede destruir, también tiene la obligación de enmendar.
Por: José Ricardo Bautista Pamplona
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