La elección de Brahiam Quintana Martínez como nuevo presidente del Concejo de Tunja para el año 2026 no constituye una sorpresa ni representa un cambio real para la Corporación. Es, en esencia, la consumación de un acuerdo preestablecido que evidencia un alto grado de politiquería que se ha enquistado en el recinto edilicio. Para aquellos que esperaban una gestión distinta, que pusiera fin a los cuestionables manejos que caracterizaron el periodo saliente de Sandra Estupiñán, es necesario confrontar una realidad: nada significativo cambiará. Quintana Martínez es tan solo otra figura en la línea de politiqueros expertos en manipular a la opinión pública, vendiendo logros y gestiones que, al ser examinadas, resultan ser incomprobables, inventadas o absolutamente intrascendentes.
El mejor ejemplo de esta fachada populista es la bandera política de Brahiam Quintana: el discurso de las tarifas de los servicios públicos. Este ha sido su «caballito de batalla» y su herramienta «engañabobos» por excelencia, pero sus resultados son la nada absoluta. El concejal ha sabido explotar la ignorancia, la ingenuidad y el deseo popular de tarifas más bajas para aumentar su caudal electoral y sus métricas en redes sociales. Sin embargo, en términos concretos, no ha conseguido absolutamente nada. Es imperativo recordar que las tarifas de servicios públicos están regidas por una normativa nacional y por entes reguladores como la CRA, la CREG y la CRC. Ni él, ni ningún otro concejal, tiene la potestad para modificar este marco regulatorio. Su activismo se limita al patético acto de disfrazarse de recibo de servicio público en Halloween, un gesto simbólico que no puede ocultar la falta de gestión real.
Su elección como presidente, sellada con los 12 votos de los concejales sumisos a la administración municipal, los popularmente conocidos como “los 12 apóstoles del mesías de Saratov”; confirma la consumación de un acuerdo que, al comienzo del periodo 2024-2027, se centró en asegurar el control de la primera Mesa Directiva, logrando que Camilo Hoyos asumiera la presidencia; mesa directiva que pretendían integrar Camilo Hoyos, Sandra Estupiñán y Brahiam Quintana, situación que finalmente no se dio, pero que mutó en la presidencia de la Corporación por parte de estos tres concejales durante los tres primeros años del actual Concejo.
Esta maniobra demuestra que este falso adalid de la moral es parte de una cadena de jugaditas turbias, cochinas y mañosas que priorizan el cuoteo burocrático sobre el interés ciudadano. Lo más grave de esta corrupción blanda es la forma en que, al comienzo del periodo, Quintana participó junto a Hoyos y Estupiñán en la planeación de esta estrategia, realizando reuniones privadas y separadas con cada uno de los demás concejales, buscando manipularlos y convencerlos individualmente para garantizar sus votos. Este es un detalle sucio y desconocido para la opinión pública, un pacto clandestino que revela la bajeza de la politiquería que hoy lo lleva a presidir la Corporación.
El populismo ejercido por Quintana, que lo ha llevado a mentir sobre las tarifas, encuentra su máxima contradicción en su supuesta defensa ambiental, que no es más que un embuste barato. El concejal es selectivo en sus luchas: mientras su activismo verde se limita a críticas populistas e insulsas, como reprochar a los funcionarios por llevar informes impresos al Concejo, guarda silencio absoluto y sin explicación ante la producción de cuadernos promocionales con la imagen de la mascota del Aguinaldo Boyacense 2025. El problema es que el impacto ambiental del uso masivo de papel para estos cuadernos, que terminan en manos de los concejales y cuya distribución al público es completamente desconocida (no se sabe cuántos se hicieron, a quiénes llegan, ni cuándo), no merece su reproche. Esta falta de cuestionamiento ante una clara afectación ecológica y un gasto público sin trazabilidad choca con su discurso.
La hipocresía se intensifica al recordar que el concejal Quintana Martínez fue un usuario asiduo de la inteligencia artificial en tiempos en que cada consulta implicaba un significativo consumo hídrico y energético, necesario para el enfriamiento de los servidores y centros de datos que procesaban las tareas. Pretender ser un paladín del medio ambiente mientras sus hábitos digitales contribuían a engrosar esta huella es una contradicción insalvable que desnuda su activismo como una mera fachada.
En medio de su populismo, ha llegado a pronunciar frases absurdas y ridículas, como comparar a Tunja con Chernobyl para azuzar el descontento contra la empresa que presta el servicio público de recolección y manejo de residuos.
Si bien existe un descontento por la tarifa del servicio de aseo, la verdad es que la prestación del servicio por parte de Urbaser es de una calidad más que aceptable, lo que le ha valido incluso reconocimientos nacionales (https://www.facebook.com/share/p/1Cn4QxEJ55/). Es fundamental señalar que la ciudad no está inundada de basuras, pues la recolección se realiza habitualmente a tiempo y, cuando las comunidades denuncian desorden o basuras mal manejadas, la empresa responde de inmediato, dejando el espacio limpio. El manejo es eficaz, aunque perfectible, lo cual desvirtúa los prejuicios insustanciales de quienes buscan destruir a la empresa que, a pesar de los defectos inherentes a cualquier operación, realiza un buen trabajo.
El verdadero problema que aqueja a la ciudad en relación con los residuos es la sobreexplotación del relleno sanitario, situación que se escapa de las manos de Urbaser y que es generada por una normativa nacional que obliga a Tunja a someterse a albergar los residuos de otros municipios, incluidos algunos no boyacenses, simplemente por ser el relleno sanitario más cercano. Esta obligación legal impuesta a Tunja es el verdadero foco de las problemáticas de capacidad y la causa subyacente de la preocupación ciudadana, y es un factor que un concejal debería entender y denunciar correctamente, en lugar de recurrir a comparaciones nefastas. El hecho de que se compare a la ciudad con un paraje radiactivo es desacertado, estúpido y ridículo, pues deteriora la imagen de la ciudad y deja serias dudas sobre el aprecio que el concejal tiene por el territorio que dice representar.
Una muestra de la falta de rigor y la sumisión que caracterizan las actuaciones públicas de Brahiam Quintana es su bochornosa defensa de la mascota institucional del Aguinaldo. Al afirmar que “no hay necesidad de ser un biólogo experto” para darse cuenta de que el oso de la portada es un oso andino, incurre en un despropósito monumental que revela su zalamería a la administración. Habría que aclararle al dichoso «experto en osos» que, a menos de una malformación o defecto genético, no existen osos andinos de ojos azules en ninguna parte del planeta.
A esta falta de honestidad intelectual se suma el robo descarado de trabajo ajeno: alardeó de haber sido el gestor de la visita de la Superintendencia de Servicios Públicos a la ciudad para recibir quejas ciudadanas, cuando la realidad es que la jornada se debe a la concejal Laura Silva Roldán. También despojó del crédito al concejal Edwin Rodríguez, quien ha sido el verdadero doliente de las problemáticas de servicios públicos en las veredas. Esta deslealtad con sus propios compañeros es un rasgo de la politiquería tradicional que lo lleva a saltar de partido en partido: hoy es sumiso a Wilmer Castellanos, antes lo fue al Partido Conservador, y mañana lo será al que le convenga. Finalmente, su papel como peón político es evidente en sus intervenciones en defensa del Colegio de Boyacá, donde se limita a pedir explicaciones sobre el proyecto de ley de honores de su patrón y titiritero, el representante a la Cámara Wilmer Castellanos, mientras que guarda un silencio absoluto y notorio sobre el desangre burocrático al que ha sido sometido el Colegio, un tema que, de nuevo, parece no comprender. Su supuesto compromiso ambiental es igualmente inexistente: no trajo un solo proyecto de la COP16 y no reclama al Alcalde por su promesa incumplida de un anillo verde para la capital boyacense.
El hecho de que Quintana Martínez se presente como un adalid anticorrupción es el colmo de la hipocresía. Hay que recordar que en la primera mitad de este año que está por terminar, requirió a este medio para manifestar su «altísima preocupación» por la filtración de un pantallazo que daba cuenta de la contratación a dedo y por debajo de la mesa de la actualización catastral. Quintana Martínez quiso inducirnos a centrar la crítica en la filtración del pantallazo y no en la contratación multimillonaria a dedo, incompleta y por debajo de la mesa de la actualización catastral. Desde que nos negamos a su vil intento de manipulación, nos convertimos en objeto de su desprecio, pues seguramente él lo que espera de los medios de comunicación es absoluta sumisión y no rigor, contraste y análisis.
La Presidencia de Brahiam Quintana, que pronto asumirá, anuncia que las prácticas sucias de la actual Mesa Directiva continuarán con descaro, cimentando un modelo de opacidad y manipulación. Por ejemplo, es de esperar la negación sistemática a mociones de censura cuando los argumentos sean contundentes, la limitación calculada de la participación ciudadana a escenarios sin peso para blindar a la administración, y la vista gorda hacia la práctica corrupta de concejales que firman asistencia para luego retirarse y cobrar, mientras extorsionan a los concejales honestos que prefieren no firmar asistencias de sesiones a las que no asiste, bajo la amenaza de revelar el listado oficial de asistencia, el cual está claramente adulterado con el visto bueno de la mesa directiva, situación que además es fácilmente comprobable por este medio de comunicación, al igual que a través de las transmisiones oficiales de la misma Corporación. En cuanto a la comunicación, la Mesa Directiva de Quintana seguirá la costumbre de la actual: se esconderá de los medios de comunicación serios que buscan fiscalizar al poder, mientras que se sentirá cómoda dando la cara a los remedos de medios que no son más que portales de marketing al servicio del politiquero de turno. Estos canales, que tienen por oficio congraciarse con el corrupto de turno a cambio de unos billetes y garantizarle que no será molestado, son los predilectos para recibir las migajas informativas de una presidencia dedicada a la opacidad. Un ejemplo claro es el medio que publicó la falsa alarma en medio del atentado que sufrió la capital boyacense, poniendo irresponsablemente en riesgo a la ciudadanía, medio que se ha convertido en el instrumento de matoneo de la actual mesa directiva.
Resulta una curiosa y conveniente coincidencia que sea precisamente 2026, año electoral, cuando Brahiam Quintana asuma la dirección de la Corporación. En un departamento donde el Partido Verde tiene amplios intereses políticos, esta presidencia en la capital boyacense asegura que gran parte de los recursos, debates e intereses del Concejo estarán orientados a satisfacer las agendas proselitistas de sus patrones hoy verdes. Será entonces que el camaleónico nuevo presidente del Concejo, alguna vez militante del Partido Conservador (más allá de que el registro de eso haya desaparecido de sus redes sociales); será una pieza fundamental para el engrase de la maquinaria verde que apuesta en grande con ese sueño de poner tres representantes a la Cámara.
Esta nueva presidencia conservará los viejos vicios de la que está por concluir, anunciando solamente la intensificación del teatro populista y clientelista en el ya desprestigiado Concejo de Tunja.
Tomado de: Periódico El Tunjano