La política en Tunja ha mutado en un espectáculo de variedades donde el rigor brilla por su ausencia y la puesta en escena lo es todo. Esta semana, el Concejo Municipal dedicó buena parte de su agenda al estudio del proyecto de acuerdo presentado por la administración de Mikhail Krasnov para modificar el estatuto de rentas. El objetivo es claro: generar alivios o, al menos, reducir el impacto de una actualización catastral que ha disparado el valor de los predios de los tunjanos y que, por aritmética simple, conlleva un alza sustancial en el impuesto predial.
Para contrarrestar este golpe al bolsillo, la Alcaldía propone reducir las tarifas del predial y fijar topes máximos de incremento para los predios objeto de la actualización. Es una medida necesaria, especialmente cuando recordamos que la actualización se hizo de forma parcial (apenas sobre el 70% de los predios), ignorando la totalidad que exige la norma.
Sin embargo, lo que debería ser un debate técnico y responsable se convirtió en un despliegue de pereza intelectual y oportunismo político.
El documento llegó a manos de los concejales la noche anterior al primer estudio preliminar. Tiempo corto, dirán algunos. Pero para un servidor público que se precie de tal, una noche es suficiente para entender una fórmula que requiere, a lo sumo, conocimientos de primaria: sumar, multiplicar y dividir. Yo obtuve el documento igualmente la noche anterior, y como parte de mi labor periodística, pero ante todo como ciudadano, me di a la tarea de buscar mi avalúo en la oficina de atención al ciudadano y apliqué el ejercicio a mi caso particular. No necesité un doctorado, solo voluntad.
En contraste, nuestros flamantes concejales llegaron al recinto a manifestar una «preocupación» tan ruidosa como vacía. Es inaceptable que se escuden en la falta de tiempo para estudiar el proyecto y así evadir su responsabilidad de llegar preparados. El caso, por ejemplo, de Brahiam Quintana Martínez, presidente electo para el 2026, es digno de mención. Quintana Martínez argumentó que la Corporación solo cuenta con una unidad de apoyo para todos; una excusa que, sea cierta o no, suena a pretexto mediocre para no estudiar lo público.
Resulta inconcebible que alguien que levita en una nube de ego, jactándose de ser un «experto en planeación urbana», no comprenda algo tan simple como el método básico de liquidación del predial en su propia ciudad. Hay que reconocerle a Quintana Martínez que, una vez que entendió el proyecto, asumió una postura consecuente y defendió los alivios, no solo los relacionados al impuesto de delineación urbana del 1,7% al 1% y la unificación de la tarifa industrial al 4% (bajándola del 5, 6 o 7% actual), medidas que resaltó durante el primer estudio preliminar, sino también las tarifas y topes fijados para la liquidación del predial. Pero el pecado original, el de llegar desinformado o mal preparado al debate, sigue ahí.
Pero si lo de Quintana Martínez fue un tropiezo de ego, lo de Camilo Hoyos Gómez es una tragedia política. Lleva una década en la Corporación y todavía no sabe cómo se liquida un impuesto predial. Esta incongruencia refleja que el tema no le interesa, quizá porque el aumento del impuesto para él signifique una cena menos en un restaurante de lujo o un paseo menos o recortado en su duración, pero no condiciona su nivel de vida como sí lo hace con el ciudadano de a pie.
Hoyos Gómez optó por una perorata de 40 minutos, vacía e insulsa, buscando réditos políticos en la ignorancia ajena. Su propuesta de mantener la tarifa actual asociada al estrato socioeconómico dispararía los recibos para la mayoría. Es el colmo de la irresponsabilidad: adueñarse de un discurso de indignación sobre un proyecto que desconoce por completo. ¿Cómo se puede opinar con tanta propiedad de lo que no se entiende? En esos casos, el silencio es la única opción digna, incluso cuando las intervenciones puedan hacerse de buena fe, presumiendo que no haya existido la intención de capitalizar este tema políticamente, opción que, con el respeto de los concejales, debo decir que no creo. Pues, a decir verdad, en esta ocasión hasta los concejales de coalición lucieron como de oposición, porque salir a venderse como los “salvadores del bolsillo de los ciudadanos” es más fructífero que cualquier alianza política.
Al final de cuentas lo que hizo el experimentado concejal fue crear desinformación, a la vez que poner piedras en el camino a una iniciativa que busca un bien común. Al día siguiente, cuando se presentaron ejemplos explícitos de liquidación de impuesto predial, Hoyos Gómez ni siquiera se presentó a la sesión. Así de profundo es su compromiso.
Valga aclarar que estos dos concejales no fueron los únicos que abiertamente se manifestaron preocupados por la falta de alcance o incluso por el supuesto perjuicio que causaría el proyecto, pero quizá si fueron las dos intervenciones más dicientes en medio de una extensísima sesión que mayoritariamente fue una grandísima pérdida de tiempo.
No escribo esto en defensa del proyecto de acuerdo porque me hayan pagado, como querrán hacer creer algunos; de hecho, he cuestionado a la administración de Krasnov cada vez que ha sido necesario, y lo seguiré haciendo. Escribo esto porque para ir a esa sesión me preparé lo suficiente para que ni la Alcaldía ni los concejales «me metieran los dedos en la boca», y porque veo que lo que reina hoy es la confusión y la desinformación alrededor de este tema.
Aunque el proyecto es bueno y evita un golpe brutal a las finanzas familiares, también hay que decir que a la Alcaldía le ha faltado una socialización adecuada.
Hacer reuniones en Los Muiscas para «toda la zona norte», anunciando dichos espacios de socialización apenas con un puñado de afiches en los postes de la “zona norte” es no conocer la ciudad; la gente ni se entera. Esa misma desconexión ocurre con la socialización que debería hacerse por estos días, la cual se limita a la voluntad de cada ciudadano por acercarse a la oficina de atención al ciudadano, a lo que se suma una dosis de desinterés social de quienes solo se quejan cuando llega el recibo, pero no consultan ni reclaman a tiempo. Tampoco ayuda que la socialización sea casi exclusiva ante un Concejo donde priman los intereses proselitistas sobre el auténtico bienestar general.
Seamos sensatos: a la mayoría el impuesto le va a subir. El municipio no se va a desfinanciar y los impuestos no van a desaparecer por arte de magia. Pero lo que plantea este proyecto son alivios reales que, de no aprobarse por el capricho de unos desinformados «dolientes del bolsillo de los tunjanos», serían catastróficos.
Es indignante ver a los concejales cobrar una sesión a la que llegan a improvisar, haciendo perder el tiempo a los delegados de Catastro Bogotá, a los secretarios del gabinete y a los ciudadanos presentes. Piden respeto para su corporación, pero no respetan el tiempo ajeno ni la importancia de su cargo. Si el Concejo de Tunja goza de tanto desprestigio, no es por una conspiración externa, es por actuaciones como estas que le restan toda legitimidad.
La política, al igual que el periodismo, debe hacerse con sentido crítico para mejorar las cosas, no por fanatismo, capricho o filiación ciega. Decidir a ojo cerrado sobre el bolsillo de los tunjanos no es oposición ni mucho menos un acto responsable, es negligencia.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Periódico El Tunjano