𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Apostamos a que el gobernador Carlos Andrés Amaya no sería tan descarado como para incluir la clínica María Josefa Canelones de Tunja entre los “700 logros” de su gobierno. Pero adivinen, perdimos. Y bien dicen que cuando uno cree que alguien no puede decepcionarlo más, lo logra. Quizás ese sea, irónicamente, uno de sus pocos resultados cumplidos.
Más allá del sarcasmo, el mensaje es preocupante. Presentar como logro una obra inconclusa, que el propio Gobernador reconoce va en 95 % de ejecución, supone tratar a los boyacenses como ingenuos u olvidadizos. La clínica fue adquirida en 2019, pero solo operó por la emergencia del Covid-19, además acumula sobrecostos superiores a 20 mil millones de pesos y ya ha tenido al menos tres ceremonias de “corte de cinta”. Llamar a eso logro, seis años después, es una falta de respeto y consideración con el presupuesto y la ciudadanía.
Pero además, en el listado de los 699 adicionales aparecen “logros” absurdos como imprimir cartones del SENA (porque a eso se reducen graduaciones patrocinadas por la Gobernación); acompañar inauguraciones ajenas; entregar vías con sobrecostos —caso Gámeza–Mongua, que pasó de 14 meses a casi seis años y superó los 30 mil millones en adiciones—; cheques sin respaldo; pactos sin financiación; plazas de mercado donde llueve más adentro que afuera; adiciones al estadio que nada que ve salir el sol; y premios pagados para inflar el ego de gerentes de contrataderos y oficinas gubernamentales. Todo cuenta. Todo suma. Todo se aplaude. Pero, ¿y los logros de fondo?
Los logros reales no se ven. Y eso que se aprobó un empréstito millonario, supuestamente para cumplirlos. Desde septiembre de 2024, el manejo de esos recursos ha estado marcado por la improvisación pues la ordenanza que los contenía ha sido modificada en dos ocasiones y, en una de ellas, se dejaron por fuera obras clave como la vía Duitama–Charalá y la Ruta de los Libertadores. Vale la pena recordar que ese empréstito también contemplaba la transversal de Boyacá, hoy noticia por su avanzado deterioro. Ha sido anunciada una y otra vez, exhibida en discursos y promesas, pero a la fecha no existe rastro alguno de intervención. La pregunta es inevitable, ¿Dónde está esa plata?
En lo social, el balance tampoco acompaña el discurso. Boyacá inició el año con dos feminicidios. Las violencias basadas en género siguen desbordadas y la respuesta institucional ha sido débil. La Secretaría de Integración Social ha tenido tres titulares en el mismo gobierno; el último relevo llegó tras una gestión irrelevante y un episodio bochornoso: convocar un carnaval en Soracá en medio de un feminicidio en ese mismo municipio. Bueno al menos parece que se les acabaron las velas para que no sigan en velatones.
En seguridad, 2025 fue alarmante y marcada por la aparente tranquila presencia del ELN en la región. Asesinatos de soldados en Chita, volqueta bomba contra el Batallón Simón Bolívar en Tunja, amenazas a líderes y alcaldes, hostigamientos reiterados. A esto se suma la delincuencia común, el microtráfico y patrones culturales que siguen produciendo violencia cotidiana.
Pero calma, según el discurso oficial, todo está bajo control. Son hechos aislados.
Quisiera cerrar esta columna con esperanza, pero estamos en un año electoral y, por razones de girasoles en cosecha, la atención parece estar puesta en otras prioridades como llevar de gira a un exgobernador que fue más recordado por firmar y obedecer que por actuar; y acomodar a un hermano en plenaria para no soltar ni una pizca del imaginario poder que aún creen tener.
Boyacenses, ojos abiertos, el poder es de ustedes. Que este sea un año para defender los recursos públicos, exigir garantías, reclamar derechos y, sobre todo, votar bien.
Tomado de: Periódico El Tunjano