Haber sido periodista judicial quizá me enseñó a contener el asombro, a narrar el horror con distancia. Pero hay noticias que atraviesan cualquier coraza.
El feminicidio de Érica Jimena Moreno Barón, ocurrido en Tunja, me sacudió de una forma difícil de poner en palabras. Pensar que un hombre puede asesinar a la mujer que dijo amar y luego convivir con su cadáver, con la frialdad que relatan las crónicas judiciales, produce un escalofrío profundo. No solo por el crimen, sino por lo que revela: una violencia normalizada, brutal y persistente.
A ese horror se suma una sensación de incertidumbre. Cuesta encontrar luz en los tiempos que vivimos. Por eso esta columna está sostenida en el dolor y en la rabia. En la indignación que provocan gobiernos indolentes, más preocupados por el show mediático y las poses en redes sociales que por tomar decisiones reales, urgentes y estructurales para cambiar la vida de las mujeres.
En Boyacá, durante años, distintos gobiernos se han llenado la boca hablando de la política pública de mujer y género. Una política en la que muchas creímos, pero que hoy es poco más que un documento archivado. Se “actualiza”, dicen, sin que se conozcan avances sustanciales, recursos invertidos ni impactos reales. Esta misma semana se reconoció oficialmente que, desde 2016 —bajo el mismo proyecto político que hoy gobierna—, dicha política no cuenta con un plan de acción claro y no responde siquiera a los ejes que ella misma plantea.
Mientras tanto, también admitieron que en Boyacá, los hogares con jefatura femenina presentan mayores niveles de pobreza monetaria. 65 de cada 100 hombres están ocupados laboralmente, pero solo 42 de cada 100 mujeres lo están. La brecha no es casual, es estructural.
A esto se suma que la tasa departamental de delitos sexuales supera el promedio nacional —con excepción del año anterior—, siendo las mujeres las principales víctimas.
Y para rematar, los espacios creados para la participación y la incidencia política de las mujeres tampoco funcionan como deberían. La elección del Consejo Consultivo Departamental de Mujeres, por ejemplo, no ha cumplido con los cronogramas establecidos ni con los principios de publicidad que garanticen una participación amplia y diversa. Hoy se habla de procesos en los que muchas mujeres no se sienten representadas y se denuncian irregularidades que, según varias voces que se nos han contactado, podrían terminar en demandas.
El panorama nacional no es el mejor. Según cifras del DANE, en 2025 el 90% de las mujeres en Colombia realiza trabajo no remunerado, dedicando más del doble del tiempo que los hombres a estas labores. Esto no solo perpetúa la desigualdad, sino que profundiza las brechas económicas, sociales y de autonomía.
Todo esto contrasta con un Ministerio de la Igualdad que, al igual que muchas instancias de nuestro departamento, parece haberse convertido en un escenario para cumplir cuotas políticas y ampliar burocracia.
Ser mujer en este país ya es suficientemente duro. Ser mamá es aún más angustiante, cuando sabes que en tus manos está buscar garantías que muchas veces parecen no existir.
Por eso hoy quiero cerrar desde un lugar distinto. Tal vez la esperanza no va a venir desde arriba. Tal vez no va a llegar en discursos, ni en planes mal diseñados, ni en promesas de campaña. Tal vez vamos a tener que construirla nosotras mismas.
Y no, no estoy llamando a que salvemos el mundo ni a que carguemos con más peso del que ya llevamos. Mi invitación es otra, dejar de ser espectadoras y tomar acción. Unirnos con otras mujeres. Trabajar juntas sin destruirnos entre nosotras, sin juzgarnos todo el tiempo, sin convertir la diferencia en enemistad.
No se trata de comités de aplausos. Se trata de entender que el centro no es tu cuerpo ni el mío, sino cómo mejoramos la vida de todas, entre todas.
Recordemos esto: En nuestra voz hay poder. En nuestros votos hay futuro. En la denuncia, al menos, una forma de justicia.
Nadie lo va a hacer por nosotras. Intentémoslo.
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Tomado de: Periódico El Tunjano