Hay prácticas que no necesitan escándalo para ser corrosivas y no requieren titulares ruidosos ni denuncias virales, porque se instalan con sigilo, se normalizan por repetición y terminan erosionando, desde dentro, los cimientos de la institucionalidad.
Una de ellas es el fenómeno, tan cotidiano como peligroso, de quienes, además de compartir cobijas, comparten decisiones y de quienes convierten la intimidad personal en un atajo para el poder, la fiscalización, la vigilancia y el fallo.
Y es que no se trata de una discusión sobre el derecho al trabajo, que es legítimo, constitucional y necesario, toda vez que el problema surge cuando ese derecho se confunde o se instrumentaliza para justificar la conformación de clanes íntimos e internos donde la independencia se diluye, la supervisión se vuelve ficticia y el control deja de serlo para convertirse en coartada.
Allí donde yo te acuso y yo mismo te absuelvo; donde yo te vigilo y tú me supervisas y donde, entre los dos, fabricamos el fallo, la ética deja de ser principio y pasa a ser escollo.
Este fenómeno, lejos de ruborizar a sus protagonistas, suele presentarse como algo “normal”, “inevitable” o incluso “inofensivo”, nada más peligroso, porque cuando los lazos conyugales, familiares o afectivos interfieren en la toma de decisiones que afectan de manera directa a la sociedad, porque lo que se compromete no es solo un procedimiento, sino la confianza pública; y sin confianza, ninguna empresa, pública o privada, ningún estado y ningún sistema de control puede sostenerse.
La independencia no es un adorno institucional; es una condición esencial y sin ella, la transparencia se vuelve simulacro, la rendición de cuentas se reduce a trámite y la meritocracia se transforma en discurso ocioso.
Cuando el poder se administra en círculos cerrados, cuando las decisiones se toman en la comodidad del vínculo íntimo y no en la incomodidad del escrutinio, el daño no es privado: es estructural.
Más grave aún es el mensaje que se envía a la sociedad, porque se instala la idea de que las normas son flexibles para algunos, que los controles existen solo para los otros y que el acceso a la justicia, a la supervisión o al ascenso depende menos de la idoneidad que del parentesco; mensaje que deseduca, desalienta y corrompe porque convierte la institucionalidad en un escenario de suspicacia permanente y al ciudadano en un espectador escéptico.
No estamos ante un simple conflicto de intereses mal gestionado. Estamos ante una falta ética profunda que desmorona la legitimidad de las decisiones y degrada la función pública y privada, porque no basta con hacer las cosas “dentro de la ley” cuando se hace trampa al espíritu de la ley y la legalidad sin ética es apenas una formalidad vacía.
Tenemos que llamar las cosas por su nombre y hacerlo es un acto de responsabilidad, porque juez y parte en la misma cama no es una ficción exagerada: es la descripción precisa de un modelo que mina la independencia, distorsiona la justicia y vulnera el principio básico de imparcialidad.
Mientras sigamos tolerándolo, relativizándolo o justificándolo, seguiremos aceptando, como sociedad, que el poder se ejerza sin pudor, sin distancia y sin vergüenza, porque donde no hay separación clara entre lo íntimo y lo institucional, lo público deja de ser público y la justicia deja de ser justa.
Por: José Ricardo Bautista Pamplona
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