En Boyacá está creciendo una especie que incomoda, hombres y mujeres que denuncian, que alzan la voz y que, con documentos en mano, cuestionan el manejo de los recursos públicos frente a lo que muchos ya llaman un desgobierno verde.
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Y hablo de especie porque hace apenas una década esto parecía imposible, encontrar voces que no se callaran o que no sucumbieran al poder. Éramos pocos los que señalábamos lo que no funcionaba, lo cual puede ser hasta entendible, en un departamento donde la afinidad política suele traducirse en oportunidades laborales y denunciar tiene consecuencias. Cuesta el contrato. Cuesta el puesto. Cuesta el exilio.
Por eso, hoy quiero resaltar dos casos en los que, ante la inacción de organismos de control, el silencio cómodo de buena parte de las colectividades políticas y la lentitud institucional, la ciudadanía ha asumido la defensa de sus recursos públicos. Dos casos que retratan la cacería de los llamados “elefantes verdes”, obras que deberían garantizar agua potable, saneamiento y bienestar colectivo, pero que hoy están rodeadas de cuestionamientos.
𝐂𝐡𝐢𝐪𝐮𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐚́: 𝐜𝐚𝐬𝐢 𝟐𝟎 𝐦𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐫𝐢𝐯𝐚
Hace pocos días, una veeduría ciudadana presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, que involucra a Carlos Amaya y Ramiro Barragán por presuntas irregularidades en la liquidación del Contrato de Obra 004 de 2018, suscrito entre las Empresas Públicas de Boyacá y el Consorcio Aguas D.C.
El contrato buscaba optimizar la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chiquinquirá. Su plazo inicial era de diez meses. Su valor final rozó los 20 mil millones de pesos. Sin embargo, ocho años después, la obra sigue siendo motivo de controversia y la garantía plena de agua potable no existe.
La denuncia señala varios hechos graves, entre ellos que el contrato fue liquidado el 2 de diciembre de 2021 sin contar con el acta de recibo final a satisfacción por parte del municipio o del operador del servicio, requisito exigido en la propia cláusula contractual.
El acta apareció después. El 22 de junio de 2023. Dieciocho meses más tarde.
En términos simples, el contrato se cerró jurídicamente sin que existiera el soporte técnico definitivo que confirmara que la obra funcionaba.
Pero la denuncia no termina allí. Según la veeduría, la representante legal del consorcio firmó el acta cuando la figura jurídica ya estaría disuelta. Posteriormente apareció un documento que supuestamente prorrogaba la vigencia del consorcio, cuya autenticidad ahora se cuestiona y sobre el cual se solicita peritaje forense.
La denuncia pide establecer responsabilidades políticas de quienes eran superiores jerárquicos durante la ejecución y liquidación: los exgobernadores Carlos Andrés Amaya y Ramiro Barragán Adame, en un proyecto que atravesó tres administraciones.
𝐒𝐮𝐭𝐚𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡𝐚́𝐧: 𝐚𝐜𝐮𝐞𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐲 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐭𝐚𝐫𝐝𝐢́𝐚
En Sutamarchán el problema es más antiguo, pero no menos grave. La Veeduría Anticorrupción Municipal Justicia y Equidad denunció que varios acueductos rurales construidos entre 2008 y 2011, durante la alcaldía de Carlos Roberto Castellanos, en las veredas Santo Eccehomo, Labranzas, Resguardo y Ermitaño, llevan más de 15 años sin operar.
Para esos proyectos se gestionaron más de 1.300 millones de pesos con Ecopetrol, recursos que dieron origen al Contrato 064 de 2011. Hoy las estructuras están abandonadas.
Según lo expuesto en la Acción Popular promovida por Yesid Figueroa García contra el Municipio de Sutamarchán, el Departamento de Boyacá, Ecopetrol y Corpoboyacá, el acueducto no fue culminado en su totalidad y existió detrimento del patrimonio público.
En esa misma denuncia se señala la presunta responsabilidad del llamado “clan Castellanos”, mencionando al actual Representante a la Cámara por el Partido Verde, Wilmer Castellanos, quien ejerció como alcalde del municipio.
Tras un largo proceso judicial, la justicia dio la razón a la comunidad y ordenó una serie de medidas concretas: realizar estudios hidrológicos, mapear riesgos en la calidad del agua, legalizar concesiones del recurso hídrico, verificar fuentes de abastecimiento, optimizar la infraestructura existente y, en caso de inviabilidad, adoptar medidas presupuestales y contractuales para garantizar el suministro efectivo de agua potable.
También se compulsaron copias a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que investiguen las presuntas irregularidades.
Lo más inquietante es que algunas de esas infraestructuras, según la denuncia, ni siquiera cuentan con fuente de abastecimiento. Es decir, se construyeron acueductos sin garantizar el agua.
En Boyacá nos acostumbramos a las inauguraciones, a los discursos verdes y a las fotografías aéreas que simbolizan progreso. Pero detrás del cemento y los anuncios puede repetirse una constante: planeación deficiente, adiciones presupuestales cuestionables, liquidaciones prematuras y proyectos que no operan.
Denunciar en este contexto implica exponerse. Por eso estas veedurías resultan incómodas y necesarias. No tienen maquinaria ni fuero. Tienen documentos, acciones judiciales y la convicción de que el agua no puede convertirse en botín político.
Tomado de Periódico El Tunjano