La puesta en escena está consumada y el tablero político de Tunja ofrece hoy una de las partidas más cínicas y calculadas de su historia reciente. El nombramiento del director del Departamento Administrativo de Planeación, Carlos Gabriel Hernández Carrillo, como alcalde encargado, no debe leerse bajo el prisma de la confianza técnica ni como un reconocimiento al mérito administrativo, sin desconocer que puede que lo tenga; se trata de una jugada de ajedrez político diseñada para el control remoto de la ciudad y el chantaje institucional.
Al elegir lo que en los pasillos de la administración se definiría como un «perfil inmune», Mikhail Krasnov ha ejecutado un movimiento preventivo magistral de marketing político. La selección fue un descarte estratégico: se apartó a figuras como la Directora de Contratación, quien a pesar de su astucia y habilidad para mover los hilos del poder, carga con el lastre de imputaciones penales vigentes que la inhabilitarían para sostener un relato de pulcritud. Se ignoró también a los secretarios del Interior y de Control Interno Disciplinario (nombres que la prensa ya daba por sentados). Krasnov buscó ridiculizar las filtraciones periodísticas y desmarcarse de funcionarios que la opinión pública identifica como su círculo más íntimo y personalista, figuras percibidas como «amigotes» con resultados mediocres que no habrían soportado el escrutinio de una crisis de esta magnitud.
Hernández Carrillo surge como la pieza perfecta para la construcción del «Alcalde Mártir» al ser un hombre de trato serio, calmado y de una parquedad que proyecta una imagen técnica casi desconocida para el gran electorado. Al no tener «ruido» penal ni procesos vigentes hasta la fecha, su figura resulta difícil de incendiar y permite ejecutar la verdadera trampa de comunicación. Krasnov no quiere irse escoltado ni cabizbajo tras la notificación de nulidad, por lo que utiliza su propio despacho como escenario final para simular que se retira por «descanso» y no porque la justicia lo sacó. Al grabar sus mensajes desde la sede del poder municipal y luego mostrarse en los barrios, desplaza el foco de la derrota judicial hacia una situación administrativa cotidiana, asegurando que si el Gobernador nombra a alguien distinto, el libreto de la «persecución» contra un funcionario decente ya esté listo para ser gritado ante las cámaras.
Esta estrategia de presión logró doblar el brazo de la Gobernación de Boyacá de forma estrepitosa. Carlos Amaya, quien inicialmente anunció que el reemplazo saldría de su propio gabinete para asegurar la institucionalidad, terminó capitulando ante el acoso sistemático de las bodegas digitales y de los seguidores más acérrimos que ven en el ruso a un outsider infalible. El discurso populista de «respetar la voluntad popular» fue el arma de manipulación que forzó al Gobernador a retroceder, aceptando que el encargado debía proceder del gabinete de Krasnov, a pesar de que parte de ese equipo está bajo la lupa de la Fiscalía. Al final, este encargo por vacaciones es solo el preludio de un relato que busca obligar al departamento a validar, tarde o temprano, al círculo del alcalde saliente para la designación definitiva, marcándole la cancha a Amaya bajo la amenaza del escándalo mediático.
Sin embargo, el trasfondo más crítico de este enroque es el ejercicio del mando en la penumbra y el bloqueo absoluto a cualquier tipo de injerencia externa. El descarte de otros perfiles técnicos, como el de la Secretaría de Salud, que también proyectaba un bajo perfil, responde a una desconfianza política radical. Krasnov no podía permitirse una ficha que la opinión pública relacionara, así fuera de lejos, con el Partido Verde o la estructura del Gobernador, pues eso habría significado entregar las llaves de la ciudad en bandeja de plata a su adversario (en términos de propaganda política). Lo que le interesa a Krasnov no es la cartera que el encargado dirija; lo que busca es demostrar que él sigue gobernando desde el retiro, que él impone las reglas del empalme y que su sucesor será quien él decida, asegurando así que nadie entre a revisar por qué sus «proyectos bandera» nunca pasaron de ser una sarta de renders mediocres, y en ocasiones ni eso.
Esta necesidad de control absoluto explica por qué la mayor obra de Krasnov no es una vía, sino la creación de un personaje que secuestró la psique colectiva de Tunja. Como un camaleón con un algoritmo de empatía impecable, Krasnov se ha dedicado a decirle a cada ciudadano exactamente lo que quiere oír: desempolva el pasado comunista de su abuelo si detecta a alguien de izquierda, predica el libre mercado y el emprendimiento si el interlocutor es de derecha, es doliente de los animales o la reforestación si descubre que conversa con un defensor de la causa medio ambiental, es opositor de las cámaras de fotodetección porque entiende que son impopulares para la mayoría, más allá de que su misma Secretaría de Movilidad fue la que tramitó solicitudes para su instalación. Es un espejo que anula la crítica mediante la adaptación discursiva, logrando algo peligroso: que sus fanáticos no exijan obras ni resultados técnicos, sino que se dediquen exclusivamente a defender al «ídolo» a cualquier costo, incluso a través del ramplón insulto.
Esa manipulación emocional se sostiene sobre una estafa de «maquillaje» vial que raya en lo criminal para el erario. Krasnov ha inflado una burbuja de popularidad basada en el mito de ser el alcalde que más ha pavimentado, pero la realidad de la ingeniería lo desmiente con cada aguacero. Lo que la ciudad ha visto es un reparcheo superficial cosmético; tapar huecos sin intervenir la base y sub-base de la vía es botar la plata en una solución de meses para sostener una imagen política de corto plazo. Tunja está viviendo de «pañitos de agua tibia» mientras los proyectos estructurales que prometió como el Tranvía, el Parque de Diversiones de Talla Internacional, el Centro de Eventos y el Anillo Verde (reforestación masiva de la periferia) son hoy puro humo digital y promesas de campaña incumplidas.
Para proteger esta ficción de gestión, el alcalde convirtió el patrimonio digital del municipio en un botín privado y personalista. Utilizar las cuentas oficiales de la Alcaldía para convocar abogados internacionales, pedir ayuda para su defensa en tribunales extranjeros o para victimizarse por un fallo de nulidad electoral (que es un lío Krasnov en su condición de candidato y no de la administración) constituye una desviación de poder de manual. La institucionalidad ha sido asaltada para alimentar la causa particular de un líder que puso a su gabinete a grabar videos emotivos de respaldo, instrumentalizando el tiempo laboral y la imagen de funcionarios pagados con impuestos para salvar su propio ego.
La paradoja más sangrante y cínica aparece en la narrativa del Voto en Blanco que hoy impulsan sus círculos cercanos. Mientras sus defensores atacan la demanda de nulidad alegando hipócritamente el «costo millonario» que le implica a la ciudad repetir elecciones, promueven activamente un camino que, por ley, obliga a repetir los comicios con candidatos totalmente nuevos si el blanco llega a ganar. Es un acto de piromanía democrática. No les importa el dinero público que dicen defender; les importa quemar la ciudad con tal de demostrar que «sin él, nada». El uso de símbolos icónicos, como aquel vehículo Fiat asociado a su logística personal, para recorrer las calles promoviendo esta campaña ilegítima, es el puente final de una manipulación que usa el sentimiento popular para sostener un esquema de poder.
El acto final de esta tragicomedia se encuentra oculto en el rastro digital de su propia falsedad. El decreto de vacaciones, fechado supuestamente el 20 de marzo pero publicado en el portal oficial apenas el 26 de marzo, justo cuando el fallo judicial ya era ampliamente conocido por la opinión pública, y por ende la notificación inminente; no es un simple error de trámite. Estamos ante una cínica preconstitución de prueba fraudulenta. Al antedatar el documento, la administración intenta crear una realidad jurídica paralela para alegar que, al momento de surtirse la notificación, el sujeto no se encontraba en ejercicio de sus funciones, buscando así entorpecer el proceso y ganar horas críticas para sus intereses personales.
Los metadatos del documento del decreto son la evidencia irrefutable de esta falsedad ideológica. No es una anécdota administrativa, es el rastro de una gestión que, hasta el último minuto, prefirió el teatro del bacheo y los escudos de bajo perfil para marcar territorio y asegurar que el último recuerdo de su paso por el poder sea una ficción administrativa. Tunja queda así ante el espejo de una administración que no solo falló en las obras, sino que intentó engañar a la justicia para no soltar las llaves de un despacho que ya no le pertenece.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tomado de Periódico El Tunjano