𝑨 𝒍𝒐𝒔 𝑴𝒂𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐:
Desde la sala de redacción del Periódico El Tunjano, nos dirigimos a ustedes no con la pretensión de dar instrucciones sobre el rigor jurídico que su investidura representa, sino con la urgencia de quien observa, desde el epicentro del caos, cómo la demora administrativa se convierte en el oxígeno de una tiranía en miniatura.
Tunja no aguanta un minuto más de incertidumbre. La nulidad de la elección de Mikhail Krasnov es un hecho juzgado, una realidad jurídica que el mandatario ha intentado sepultar bajo una montaña de recursos dilatorios que ustedes mismos han calificado de improcedentes. Sin embargo, mientras el papel oficial no llegue al escritorio del Gobernador de Boyacá, la ciudad sigue siendo rehén de un hombre que, en la práctica, ha dejado de ser alcalde pero se niega a soltar las llaves de la casa.
Lo que hemos presenciado en los últimos días no es la transición ordenada de una democracia, sino un espectáculo de abuso de poder y manipulación del erario que raya en lo criminal. Observamos con estupor cómo se instrumentaliza la necesidad de los funcionarios, convocándolos a «cacerolazos» de respaldo bajo una narrativa de gratitud por el puesto otorgado, como si el servicio público fuera una dádiva personal y no un compromiso institucional pagado por todos los tunjanos.
La gravedad de la situación escaló por las calles de nuestro Centro Histórico. Resulta inadmisible que, bajo el amparo de una supuesta «marcha pacífica», se permitiera el ingreso de vehículos de carga pesada a zonas prohibidas por ley, ante una sospechosa e institucionalizada ausencia de los agentes de tránsito del municipio, que no aparecieron para impedir la infracción ni para sancionar al conductor por su imprudente conducta. Las amenazas a los concejales por parte de quienes tripulaban estas tractomulas, convertidas en vallas publicitarias móviles de respaldo al alcalde saliente, son el síntoma inequívoco de una administración que ya no gobierna, sino que amedrenta por omisión o complicidad.
Esta redacción ha tenido acceso a evidencias que confirman cómo se movió la maquinaria: capturas de pantalla de grupos de WhatsApp donde se condiciona la lealtad de los funcionarios a su asistencia al cacerolazo y reportes ciudadanos de perifoneo contratado en los barrios para agitar a las masas. Ante estos hechos, la pregunta es obligada: ¿Quién pagó esta logística? Si el dinero salió del erario, estamos ante un peculado descarado; si provino de manos particulares, la afrenta ética es aún más profunda, pues obliga a cuestionar qué intereses oscuros están comprando favores en una administración que ya tiene fecha de vencimiento.
Financiar el sostenimiento artificial de un poder anulado no es un acto de respaldo político, es una inversión con factura de cobro futura. Mientras estos recursos se malgastaban para inflar una asistencia que cuando mucho alcanzó las 80 personas, Krasnov ha pretendido burlar el impacto de su salida con unas vacaciones calculadas, mientras sigue usurpando espacios en actos oficiales que ya no le corresponden. Es un desafío cínico a la institucionalidad que la ciudad no puede seguir costeando mientras espera que el papeleo administrativo se ponga al día con la realidad judicial.
Señores Magistrados, el debido proceso es sagrado, pero la justicia que se demora es, en sí misma, una forma de injusticia. Tunja está sumida en una parálisis administrativa donde los procesos se detienen y el presupuesto se gasta en la defensa de una causa perdida. No permitan que la falta de una notificación oficial siga siendo el escudo de quien ha decidido burlarse de la ley hasta el último segundo.
Los tunjanos exigimos celeridad. No por un bando político, sino por el respeto a la dignidad de una capital que merece despertar de esta pesadilla de egocentrismo y mala administración. El tiempo de la política ya pasó; es la hora de la justicia.
Tomado de Periódico El Tunjano