La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, recuperará su libertad por orden del Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías de Bogotá. La decisión se fundamenta en el cumplimiento de los plazos legales establecidos sin que se haya dado inicio a la etapa de juicio oral en el proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La exfuncionaria de origen boyacense permanecía privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la capital del país. Durante la audiencia, el juez determinó que el tiempo transcurrido desde la radicación del escrito de acusación superó los términos que estipula la ley colombiana. Según el cálculo presentado por el despacho, el proceso suma 473 días desde su inicio formal ante el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
En la diligencia se detalló que, tras descontar los tiempos correspondientes a maniobras dilatorias de la defensa, licencias por luto de la judicatura y el trámite de recursos como la preclusión y la recusación, el conteo neto alcanzó los 329 días. Esta cifra sobrepasa el límite máximo de 240 días que otorga el ordenamiento jurídico para que un procesado permanezca detenido antes de comenzar el juicio. El operador judicial señaló que algunas de las solicitudes de la defensa carecían de fundamento aplicable, por lo que fueron restadas del conteo final, pero esto no impidió que se configurara el vencimiento de términos.
Ortiz Nova enfrenta cargos por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. La Fiscalía General de la Nación sostiene que la exconsejera habría actuado como intermediaria Sandra Ortiz queda en libertad por vencimiento de términos
La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, recuperará su libertad por orden del Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías de Bogotá. La decisión se fundamenta en el cumplimiento de los plazos legales establecidos sin que se haya dado inicio a la etapa de juicio oral en el proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La exfuncionaria de origen boyacense permanecía privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la capital del país. Durante la audiencia, el juez determinó que el tiempo transcurrido desde la radicación del escrito de acusación superó los términos que estipula la ley colombiana. Según el cálculo presentado por el despacho, el proceso suma 473 días desde su inicio formal ante el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
En la diligencia se detalló que, tras descontar los tiempos correspondientes a maniobras dilatorias de la defensa, licencias por luto de la judicatura y el trámite de recursos como la preclusión y la recusación, el conteo neto alcanzó los 329 días. Esta cifra sobrepasa el límite máximo de 240 días que otorga el ordenamiento jurídico para que un procesado permanezca detenido antes de comenzar el juicio. El operador judicial señaló que algunas de las solicitudes de la defensa carecían de fundamento aplicable, por lo que fueron restadas del conteo final, pero esto no impidió que se configurara el vencimiento de términos.
Ortiz Nova enfrenta cargos por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. La Fiscalía General de la Nación sostiene que la exconsejera habría actuado como intermediaria para el traslado de 3.000 millones de pesos destinados a Iván Name y Andrés Calle, quienes para la época de los hechos presidían el Senado y la Cámara de Representantes respectivamente. El ente acusador vincula este dinero con el presunto pago de sobornos para agilizar el trámite de las reformas legislativas del Gobierno Nacional.
A pesar de recobrar su libertad, la política boyacense continuará vinculada a la investigación judicial. El proceso se mantiene actualmente en la etapa de audiencias preparatorias, fase donde las partes definen las pruebas y testimonios que se presentarán ante el juez de conocimiento. Sandra Ortiz fue una de las primeras integrantes del círculo cercano de la presidencia en ser judicializada por las irregularidades detectadas en la administración de recursos de la UNGRD.
a Iván Name y Andrés Calle, quienes para la época de los hechos presidían el Senado y la Cámara de Representantes respectivamente. El ente acusador vincula este dinero con el presunto pago de sobornos para agilizar el trámite de las reformas legislativas del Gobierno Nacional.
A pesar de recobrar su libertad, la política boyacense continuará vinculada a la investigación judicial. El proceso se mantiene actualmente en la etapa de audiencias preparatorias, fase donde las partes definen las pruebas y testimonios que se presentarán ante el juez de conocimiento. Sandra Ortiz fue una de las primeras integrantes del círculo cercano de la presidencia en ser judicializada por las irregularidades detectadas en la administración de recursos de la UNGRD.
Tomado de Periódico El Tunjano