La política en la capital de Boyacá ha derivado en una coreografía del descaro donde el respeto por el ciudadano se empeñó en una remota oficina de Antioquia. No existe una forma distinta de describir el esperpento jurídico y financiero que rodea el convenio interadministrativo suscrito con la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías, una entidad que aterrizó en Tunja no para traer soluciones de infraestructura, sino para demostrar con qué velocidad se pueden esfumar más de 15 mil millones pesos del erario público, a la vez que poner en riesgo la estabilidad social de una ciudad.
Este contrato es el monumento a la suspicacia desde su misma génesis, pues fue entregado de manera directa y bajo el amparo de la oscuridad administrativa a finales de septiembre de 2025. Pretender ejecutar semejante danza de millones en un plazo de apenas tres meses era una mentira técnica que solo los cómplices más ciegos de la administración de Mikhail Krasnov se atrevieron a sostener, sabiendo perfectamente que el tiempo era insuficiente para cualquier obra de envergadura.
Lo ocurrido el pasado 6 de mayo en el recinto del Concejo Municipal no fue un simple cruce de agendas sino la culminación de un irrespeto sistémico a la ciudadanía que exige respuestas sobre el destino de esos más de 15 mil millones de pesos. La inasistencia de los secretarios de Infraestructura y Educación junto a la Directora de Contratación de la administración del destituido Krasnov es un acto de cobardía institucional que no puede saldarse con un comunicado de disculpas emitido a la carrera.
No asistieron porque no tienen cómo explicar un contrato que hoy está en el limbo y porque prefirieron eludir su responsabilidad de enfrentar a los presidentes de junta que fueron plantados tras meses de esperar una socialización que nunca llegó. Este desplante debe tener consecuencias reales y es obligación de la Alcaldesa encargada pedir las renuncias inmediatas de estos tres personajes que le han dado la espalda a la ciudad en su momento de mayor cuestionamiento.
El papel de Brahiam Quintana Martínez en este despropósito merece una mención aparte por su docilidad ante el poder. Quintana Martínez no actuó como el presidente de una corporación independiente, sino como el tramitador oficial de las excusas de la administración, validando con ligereza cada incapacidad médica y cada reunión inoportuna que sirviera para blindar a los secretarios del debate. Su comportamiento fue el de un súbdito que rinde pleitesía a su patrón y no a sus electores, calcando con asombrosa fidelidad las artimañas de Mikhail Krasnov para evadir la justicia. El concejal se convirtió en el guardián de ese manual de la evasión donde abundan los soportes médicos de conveniencia y los viajes de última hora, las mismas tácticas que el exalcalde usó para torpedear sus procesos judiciales y alargar lo inevitable. Al postergar la sesión hasta el penúltimo suspiro del periodo ordinario, Quintana Martínez garantizó que el debate fuera un trámite estéril y apresurado, mientras él gastaba el tiempo en proselitismo barato abusando del malestar ciudadano por las tarifas de servicios públicos.
El trasfondo técnico de este convenio justifica el pavor de los funcionarios a ser cuestionados públicamente. Los datos revelan un esquema diseñado para diluir responsabilidades a cambio de una gerencia de 648 millones de pesos que solo sirve para que la empresa de Donmatías actúe como un peaje burocrático. Es inaudito que el municipio haya delegado el mando sobre la maquinaria y el personal a un tercero que fragmenta el presupuesto entre firmas sin experiencia, mientras admite por escrito que no ejerce un control directo en el terreno.
A pesar de que administrativamente el convenio se reporta «en ejecución» para salvar los plazos legales, la realidad en las calles es una parálisis física casi que absoluta. Estamos ante una ejecución de papel donde el municipio renunció a vigilar la obra para limitarse a vigilar a un administrador delegado, permitiendo que los frentes de trabajo no avancen, se realicen de forma mediocre o simplemente sean inexistentes en el terreno. Es este laberinto de tercerización, donde se regalan 648 millones de pesos por una «gerencia» que no garantiza un solo ladrillo bien puesto, el que los secretarios no quisieron ir a defender porque saben que no pueden ocultar que la ciudad está pagando por obras fantasma.
La humillación que hoy padecen barrios como Manzanares o Curubal es la radiografía de una estafa política que se gestó en el papel y se ejecutó en la indiferencia. Mientras en las planillas figuran inversiones millonarias para la infraestructura educativa de Runta o Chorro Blanco Bajo, la realidad de los estudiantes es la espera indefinida por un contrato que solo produce conceptos jurídicos.
El intento desesperado de la administración por llamar a los líderes comunales una hora antes de la sesión para ofrecerles migajas de recursos es la prueba definitiva de su desespero. Este intento de manoseo de última hora confirma que la administración sabe que no tiene cómo justificar por qué, mientras el reloj del contrato avanza, las comunidades solo reciben una ejecución intermitente, de pésima calidad y plagada de incumplimientos.
La administración municipal prefiere entregar sillas y mesas plásticas antes que admitir que la plata de los salones comunales se está perdiendo en el laberinto de intermediarios, vacíos legales y falta de explicación por parte de Donmatías. Quintana Martínez ha permitido que se manosee el recinto del Concejo hasta convertirlo en un espacio de protocolo para la impunidad, permitiendo que el patrimonio de los tunjanos se evapore entre prórrogas sospechosas y una intermediación que nunca tuvo la intención de construir nada más que beneficios para los contratistas de turno.
Señora Alcaldesa reaccione de una vez porque si usted permite que sus subalternos le huyan al debate y sigan gobernando bajo órdenes externas, mientras la ciudad ve cómo se roban su futuro en obras que no avanzan; será usted la única que terminará cargando con el desprecio de una ciudadanía que ya no aguanta más desplantes ni sillas plásticas a cambio de vías o salones comunales.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tomado de Periódico El Tunjano