La ambición suele ser el combustible del progreso, pero cuando se mezcla con el afán burocrático y la improvisación técnica, termina convertida en un lastre. En los pasillos de la Alcaldía de Tunja se gesta por estos días una criatura administrativa que, bajo el pomposo título de Área Metropolitana, amenaza con ser más un ejercicio de parasitismo regional que un motor de desarrollo compartido. Lo que vimos esta semana en el encuentro con alcaldes vecinos no fue una cumbre de integración, sino un desfile de exigencias donde Tunja, en un acto de ingenuidad o de cálculo político cuestionable, parece dispuesta a pagar la cuenta de una fiesta a la que ni siquiera le han enviado la invitación correcta.
La propuesta es, por decir lo menos, exótica y raya en el esperpento administrativo si se compara con el resto del país. Mientras áreas metropolitanas potentes y consolidadas como la de Bucaramanga funcionan con 4 municipios, Barranquilla con 5 o el Centro Occidente con apenas 3, en Tunja pretenden un bloque hipertrofiado de 18 municipios. Estamos ante una geografía forzada que desafía cualquier lógica técnica de conurbación y que augura una parálisis logística; entre más actores deban coordinar presupuestos y obras, más lenta será la ejecución. Es comprensible la inclusión de vecinos directos como Cómbita, pero resulta un colmo del absurdo pretender integrar a municipios como Arcabuco, que ni siquiera colindan con el núcleo y tienen otros territorios de por medio. Esta «Metrópoli Frankenstein» parece más una maniobra para inflar artificialmente el mínimo poblacional que exige la ley, que un plan serio para solucionar los problemas de servicios y movilidad de los tunjanos y de los habitantes de los municipios colindantes.
En el papel, los defensores de esta figura esgrimen argumentos de manual que suenan idílicos. Hablan de una planeación unificada que debería, en teoría, protegernos del crecimiento descontrolado y generar economías de escala para abaratar costos en la recolección de basuras o la provisión de agua. Nos venden el sueño de una infraestructura de movilidad integrada, al estilo del Valle de Aburrá, y una seguridad metropolitana unificada que atraiga inversión extranjera. Sin embargo, la realidad local choca de frente con estos preceptos académicos. ¿Cómo hablar de gestión ambiental conjunta cuando hoy mismo el relleno sanitario de Tunja es el vertedero del departamento bajo condiciones económicas que son una afrenta para los tunjanos?
El problema no es solo de mapas, sino de dignidad y recursos. Es inaudito que mientras Tunja carga con la cruz de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que cumple dos décadas de parálisis, pretendamos ahora ordenar la casa ajena. Según el artículo 12 de la Ley 1625 de 2013, el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano es una norma de superior jerarquía a la que los municipios deben acogerse. ¿Con qué autoridad moral y técnica aspira la ciudad a dictar directrices territoriales si no ha podido, en veinte años, organizar sus propios barrios? Es una huida hacia adelante: como no pudimos con la ciudad, inventémonos una metrópoli.
Además, la letra menuda de esta integración esconde desventajas que la administración parece omitir en sus comunicados oficiales. La ley es clara: el patrimonio de estas áreas se nutre, entre otras cosas, de una sobretasa de hasta el dos por mil sobre el avalúo catastral. Es decir, la integración traerá consigo una carga tributaria adicional que terminará asfixiando el bolsillo de los ciudadanos. A esto se suma un desequilibrio de poder inherente, pues Tunja, como ciudad núcleo, corre el riesgo de ser el mecenas de otros 17 alcaldes que, amparados en la «autonomía municipal» que la misma ley protege en su artículo 38, verán en este presupuesto una fuente de financiación para sus propias carencias, sin ceder un ápice de su control local.
El tono de la reunión de esta semana fue el preludio de lo que vendrá. Escuchamos al Alcalde de Toca con un discurso que raya en lo abusivo, reclamando el agua de la represa de La Copa como un botín propio y acusando a Tunja de querer «calmar su sed» a su costa. Olvida el burgomaestre que, según la Constitución y el Código Nacional de Recursos Naturales, el agua es un Bien de Uso Público cuyo dominio pertenece exclusivamente a la Nación y no a su despacho; la soberanía municipal no le otorga la propiedad sobre un recurso que Corpoboyacá administra mediante concesiones. Es un despropósito que se pretenda usar el agua como moneda de cambio política, ignorando que la ley prioriza el consumo humano sobre cualquier interés local y que Tunja, de hecho, ya lidera los trámites legales para obtener dicha concesión de manera formal. Mientras lanza dardos, su municipio sigue enviando basuras al relleno sanitario de Tunja bajo una contraprestación que es, francamente, una burla ambiental. Recibir los desechos de casi todo el departamento por una compensación pírrica y hasta simbólica no es un negocio; es un sacrificio que Tunja hace en detrimento de su propio ecosistema, sin que se vea un ápice de corresponsabilidad por parte de quienes nos llenan el vaso.
Bajo el esquema propuesto, nuestra ciudad asumiría el 55% de la carga financiera de esta nueva figura, mientras el resto de municipios, todos ellos de sexta categoría y con arcas mínimas, se limitarían realizar un mínimo aporte para recoger los beneficios. Esto no es una sociedad; es una transferencia de riqueza desde el bolsillo del tunjano hacia las necesidades desatendidas de la provincia. Si los municipios vecinos no tienen un peso para subsidiar la tarifa diferencial del transporte intermunicipal de estudiantes, ¿de dónde saldrán los recursos mañana para todos los proyectos del área metropolitana? La respuesta es obvia: saldrán de los impuestos de quienes habitamos la capital.
Y hablemos de la seguridad y la emergencia. Plantear una Policía Metropolitana con tal rango de acción o un Cuerpo de Bomberos Metropolitano hoy es una fantasía peligrosa. Si el Cuerpo de Bomberos de Tunja apenas logra estirar sus recursos para cubrir el casco urbano, ¿cómo se le puede exigir que atienda las contingencias en Márquez o Ricaurte? Es un desgaste logístico que terminará desprotegiendo a la ciudad para cumplir con un eslogan de integración que no tiene soporte en la realidad.
Lo más preocupante, sin embargo, es el origen de este afán. Resulta difícil comprender por qué una administración transitoria, una alcaldía encargada que debería estar enfocada en mantener el orden y la estabilidad, se empeña en tramitar con urgencia un proyecto de tal magnitud, ¿a quién obedece tal interés?
Las áreas metropolitanas son procesos de maduración lenta, de pilotajes en rutas de transporte y servicios compartidos, no de imposiciones de última hora y a la carrera para mostrar un resultado de gestión. Forzar el proyecto a los concejos municipales sin una planeación rigurosa es condenarlo al fracaso o, peor aún, a una fuerte resistencia ciudadana que, con justa razón, teme a los nuevos impuestos y a la burocracia que estas estructuras suelen alimentar.
Tunja ha sido históricamente golpeada por negociaciones asimétricas donde siempre termina entregando más de lo que recibe. No necesitamos un área metropolitana a la carrera para sentirnos importantes. Necesitamos una ciudad ordenada, con un POT vigente y con vecinos que entiendan que la integración se basa en la reciprocidad, no en el chantaje ni en el aprovechamiento de la generosidad ajena. El área metropolitana puede esperar; el bienestar de Tunja y la protección de su presupuesto, no.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tomado de Periódico El Tunjano