El periodo interino de la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, ha puesto al descubierto la estrategia más ruin del destituido Mikhail Krasnov: pretender cogobernar en la sombra a través de un gabinete atornillado que actúa como un ejército de ocupación burocrática y de contención informativa. Tras declararse la nulidad de su elección por una inhabilidad legal estrictamente contractual, y no por su condición de «profesor», como reza su falsa narrativa de victimización; la capital boyacense asiste a un sabotaje institucional sistemático.
Con las elecciones atípicas anunciadas por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, para el próximo 26 de julio, el mandato interino de Jiménez Gómez está tasado cronológicamente en apenas dos meses. Una transición fugaz cuyo único propósito ético es ordenar la casa, diagnosticar las finanzas municipales y estructurar un empalme riguroso para quien asuma el encargo definitivo por el año y medio restante del periodo. Sin embargo, la labor de saneamiento administrativo ha chocado de frente con una muralla de opacidad y resistencia pasiva por parte de los funcionarios heredados, quienes confunden la lealtad al servicio público con el servilismo a un líder político en desgracia jurídica.
La realidad de Tunja en los últimos años es el reflejo de un manejo perverso. La administración de Krasnov terminó siendo una prolongación directa de la anterior gestión de Alejandro Fúneme, ampliamente señalada como la peor de la historia local por haber endeudado a la ciudad a niveles sin precedentes. Fúneme dejó un hueco fiscal inmenso que condiciona severamente las posibilidades de acción y funcionamiento del municipio. No obstante, en lugar de asumir una postura de gestión técnica y solución estructural, el incompetente Krasnov utilizó esa pesada herencia financiera como su caballito de batalla predilecto para justificar su propia incapacidad, su parálisis administrativa y su absoluta falta de gestión ante el Gobierno Nacional. Bajo su mandato no se vio un solo proyecto de envergadura ni obras orientadas al desarrollo real; por el contrario, la ciudad se hundió en el exceso de personal contratado y en un esquema de adjudicación directa de procesos de gran cuantía, sobre los cuales, de manera recurrente, se terminó acudiendo a inyecciones presupuestales igualmente astronómicas, bajo mantos de duda y claroscuros técnicos.
Para ocultar esta parálisis, Krasnov montó un aparato de manipulación mediática ruin y sucio, apalancado en videos de alta producción y en el bombo publicitario de sus bodegas de propagandistas y linchadores digitales. Su estrategia consistió en agrandar resultados mediocres, presentando simples tareas obligatorias de mantenimiento como hitos históricos de la ingeniería civil. Ejemplo de ello es el paupérrimo estado de la Avenida Universitaria, una vía que intervino dos veces y hoy se encuentra agrietada y destruida, evidenciando la pésima calidad técnica de sus reparcheos y la total ausencia de obras complementarias como cunetas y canales de desagüe en sectores críticos como la calle que se intervino como parte de las labores del contrato suscrito con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías SAS en el barrio Libertador. Krasnov sabe perfectamente que, en medio de la desinformación, amplios sectores de la ciudadanía pueden ser explotados y manipulados emocionalmente. Por ello permanece encarnizado y obsesionado con el poder, desafiando el ordenamiento jurídico, desconociendo los mandatos de la justicia y manoseando las instituciones para mantener vigentes sus ambiciones personales.
El epicentro de este conflicto institucional ha quedado evidenciado en la flagrante imposibilidad de la Alcaldesa encargada para acceder a la información contractual del municipio, un derecho que le asiste por su dignidad y que debería estar garantizado para cualquier ciudadano en ejercicio del control social. La joya de la corona de la opacidad krasnovista es el macrocontrato interadministrativo 1767, suscrito de manera directa por una cifra superior a los 15.000 millones de pesos con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías SAS. Sobre este megaproceso contractual se cierne un mar de suspicacias debido a la ejecución mediocre, inconclusa o descaradamente reformada de los presupuestos participativos. Las comunidades han tenido que ver cómo las promesas de salones comunales terminaron transformadas en carpas provisionales y, ante la insuficiencia presupuestal sobre la marcha, en la entrega de mesas y sillas plásticas sin un espacio físico real donde custodiarlas. Los arreglos viales y la instalación de cámaras de seguridad registran sobrecostos escandalosos en la compra de equipos y un evidente deterioro prematuro debido al uso de materiales de pésima calidad, y solo el control social visible y la denuncia pública de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal han obligado a la administración a realizar correcciones tardías.
La resistencia del gabinete a rendir cuentas sobre este contrato rozó el descaro durante el primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal. A los debates de control político inasistieron los directores y secretarios de las dependencias supervisoras del gasto: la Secretaría de Infraestructura, la Unidad Especial de Contratación Estatal y la Secretaría de Educación, esta última enviando delegados sin capacidad alguna de decisión. Tampoco hizo acto de presencia la mencionada empresa del municipio antioqueño. La sesión quedó reducida a un monólogo de indignación entre las comunidades afectadas, la Contraloría y la Personería Municipal.
Posterior al escándalo y al vacío institucional dejado por ese primer plantón, el debate se trasladó al periodo de sesiones extraordinarias, un segundo escenario donde la presión obligó finalmente a la comparecencia de la administración y de los delegados de la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías SAS. Fue en esta accidentada sesión donde la directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo Galán, se apresuró a desmentir públicamente los reparos de la Alcaldesa encargada, quien bajo criterios de rigor técnico ya analizaba la posibilidad de declarar el incumplimiento del contrato ante la inexistencia física de informes de interventoría. Acevedo Galán intentó dar un parte de tranquilidad institucional vendiendo una versión oficial acomodada. Aseguró de forma tajante que los 15.000 millones de pesos permanecían blindados e intactos en una cuenta bancaria a nombre del municipio generando rendimientos financieros, e incluso sugirió que la empresa del municipio antioqueño ejecutaba las intervenciones provisionales de su propio bolsillo sin haber recibido un solo peso de las arcas públicas.
Ante el caos y el cerco informativo, la alcaldesa Jiménez Gómez convocó legítimamente a un Consejo Ampliado de Gobierno, un acto democrático y de cara a la ciudadanía que desató la furia de los secretarios atornillados, quienes respondieron con un comunicado de victimización institucional.
Fue precisamente en este escenario de exposición pública donde aquella versión de la cuenta municipal y los rendimientos a salvo quedó al desnudo y se desmoronó por completo. No obstante el relato previo en las extraordinarias, la presión del control social en el Consejo Ampliado de Gobierno obligó a la Directora del Departamento Administrativo de Hacienda a poner la cara ante los ojos de la ciudad y admitir una realidad diametralmente opuesta: el dinero sí salió de las arcas del municipio y se encuentra bajo el control exclusivo y el manejo directo de la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías. Una confesión a medias que incrementa las alarmas, pues la administración se negó a detallar las condiciones técnicas de dicha cuenta, el porcentaje de los rendimientos, el tiempo de permanencia de los fondos y, lo más grave, por qué los estudios previos que estipulaban un anticipo del 95% chocan con la narrativa oficial de que no se ha girado un solo peso.
Para encubrir esta flagrante incompetencia y el manejo turbio de los recursos públicos, los alfiles del krasnovismo han diseñado una estrategia jurídica y mediática coordinada: el uso sistemático de demandas y quejas falsas por supuesto acoso laboral para paralizar el control administrativo. Varios secretarios de despacho e integrantes del gabinete municipal han radicado estas acciones legales utilizando un mismo borrador idéntico, donde solo varían los nombres, firmas, cédulas y datos personales. Calificar como acoso laboral la solicitud habitual y rigurosa de informes de gestión y rendición de cuentas es una burla a la ley y un insulto a las verdaderas víctimas de esta práctica. El acoso real implica el abuso de una posición de poder para someter a un subalterno a tareas ajenas a sus funciones o jornadas ilegales sin contraprestación; una conducta que, paradójicamente, sí padecieron funcionarios de planta y contratistas bajo el mandato de Krasnov, quienes eran obligados a laborar fines de semana, a hacer parte de campañas políticas en Duitama, e incluso a trabajar hasta altas horas de la noche sin compensación, bajo la amenaza latente de la desvinculación.
El papel del secretario del Interior, David Suárez Acevedo, es paradigmático dentro de este esquema de victimización instrumental. Suárez Acevedo, un funcionario cuyo sello ha sido la ineficacia absoluta en materia de orden público, recurre al señalamiento para eludir sus responsabilidades de rigor. Aún se recuerda su vergonzosa actuación durante la entrega del Ecoparque del Oriente de Tunja, cuando abordado por los medios de comunicación para explicar un decreto de su directa competencia relacionado con la ocupación del espacio público, prefirió evadir los micrófonos alegando ignorancia sobre el texto, a pesar de que comprometía directamente a su sector, para dedicarse a jugar tenis de mesa ante las cámaras. Y para quienes no quieran retroceder tanto en el tiempo, basta con recordar su respuesta en el Consejo Ampliado de Gobierno cuando se cuestionó la entrega de sillas plásticas a cambio de salones comunales, afirmando que había varios presidentes de juntas de acción comunal que estaban contentos con el cambio.
Aquellos funcionarios que hoy se declaran perseguidos por el actual interinato son los mismos que durante dos años persiguieron judicialmente al periodismo independiente de la ciudad. La propia Directora del la Unidad de Contratación interpuso en su momento una acción de tutela contra este medio de comunicación, así como contra Caracol Radio, con el único fin de amedrentar e impedir la difusión de una información filtrada que la comprometía directamente; recurso judicial que perdió de forma contundente ante los tribunales, dado que la labor de la prensa se enmarcó siempre en la legalidad y el interés general. Durante toda la era Krasnov, ningún medio serio de la ciudad tuvo que rectificar una sola línea de sus publicaciones, pese a soportar el hostigamiento judicial de un gabinete intolerante a la fiscalización.
Mientras su estructura burocrática asedia a la alcaldesa encargada en los pasillos del Edificio Municipal, Mikhail Krasnov se dedica a cosechar los frutos de la manipulación psicológica que consolidó con éxito durante su campaña y su destructivo mandato. Lo que el exalcalde y sus colaboradores estructuraron en el pasado no fue una gestión técnica, sino el libreto arquetípico de un outsider político enfocado en la agitación digital. Krasnov operó como un showman mediático que supo capitalizar las expectativas ciudadanas y el descontento popular mediante una calculada retórica de indignación y una bandera anticorrupción que hoy se desmorona frente a los hechos.
Detrás de la puesta en escena y de los discursos moralizantes, la realidad institucional se ha impuesto a través de procesos formales e investigaciones vigentes en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría; acciones de control que desmitifican cualquier narrativa de persecución política y confirman que la destitución responde a un estricto orden legal. No obstante, ese fenómeno de masas consolidó una militancia dogmática instalada en la ignorancia voluntaria; un sectarismo ciego que hoy, ante la evidencia documental de las irregularidades, se niega a aceptar la realidad. Esta inercia es alimentada en las redes por un ejército residual de bodegas, conformado por contratistas que no actúan bajo una estrategia actual, sino por el desespero de defender un modus vivendi para el que nunca estuvieron preparados, o por simple rencor hacia los medios que destapamos su porquería. El costo social de este andamiaje propagandístico ha sido devastador para el tejido comunitario de Tunja: aquellos líderes sociales y comunales que osaron denunciar las promesas incumplidas sufrieron un matoneo sistemático y campañas de difamación orquestadas por estos mercenarios de la desinformación. Ejemplo de ello fue el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Libertador, quien se vio obligado a presentar su renuncia irrevocable tras ser blanco de amenazas directas contra su integridad, o la presidenta de la JAC del barrio San Antonio, sometida a una infame campaña de perifoneo barrial financiada para acusarla falazmente de apropiación de dineros públicos. Pero el verdadero movimiento de Krasnov hoy no es digital, sino un torpedeo institucional directo. El exmandatario sigue reuniéndose a plena luz del día con los secretarios que dejó incrustados en la administración, quienes le deben total lealtad y le siguen obedeciendo órdenes para bloquear la gestión de María Paula Jiménez Gómez.
Con el bloqueo burocrático consolidado en el Edificio Municipal, Mikhail Krasnov acude a su trinchera digital para montar un nuevo sainete de victimización y tantear la impunidad. A través de su cuenta de Instagram, el exmandatario publicó una historia indexando el decreto que convoca a las elecciones atípicas del próximo 26 de julio, acompañada de un texto revelador: «Muchos quieren un consejo con respecto a las atípicas, ¿postularme yo mismo?». Lejos de abrir un canal aprobatorio o factual, las opciones de respuesta que ofreció a sus seguidores constituyen un burdo ejercicio de manipulación psicológica diseñado para alimentar el mito de su martirio. Las alternativas de votación son «no profe, lo van a perseguir hasta acabarlo», «no profe, apoye una persona capacitada» o «sí profe, pero le toca desde ya más abogados», opciones que clausuran deliberadamente la única realidad jurídica: Krasnov arrastra una sentencia de primera instancia de la Procuraduría General de la Nación que lo inhabilita por 14 años para ejercer cargos públicos. Esta sanción emana de una falta calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo, tras hallarse que se inscribió y posesionó estando inhabilitado. Aunque el fallo se encuentra en etapa de apelación y rige la presunción de inocencia, es de urgencia manifiesta que el Ministerio Público acelere el pronunciamiento de segunda instancia para ratificar la medida. Solo la celeridad de la justicia protegerá a la capital boyacense de que un personaje que vulneró el ordenamiento legal, y que además posee una talanquera insalvable por haber sido el ordenador del gasto del periodo inmediatamente anterior, pretenda seguir manoseando las instituciones y burlando la buena fe de la ciudadanía.
La adicción al poder y el desespero por mantener el control de los hilos de Tunja han llevado a Mikhail Krasnov a configurar un esquema de cohabitación política que desafía la decencia institucional. Más allá de las discusiones sobre su derecho a la libre locomoción o sobre la vigencia de su esquema de seguridad oficial, un recurso estatal que sigue utilizando bajo el amparo de los plazos técnicos que la ley otorga tras una destitución; el verdadero problema de fondo radica en la subordinación que el exmandatario sigue ejerciendo sobre el gabinete heredado. La evidencia factual de que Krasnov continúa reuniéndose activamente con altos funcionarios vigentes de la administración, como el Gerente del Instituto de Recreación y Deporte de Tunja (Irdet), enciende todas las alarmas sobre una fuga masiva de información confidencial y secreta de la administración municipal. Es un secreto a voces en los pasillos de la Alcaldía que el exalcalde no ha soltado el mando y que, mediante estos encuentros, sigue dictando instrucciones y accediendo a datos de carácter exclusivo del manejo municipal que hoy se le niegan sistemáticamente a la Alcaldesa encargada. Esta interferencia espuria no solo paraliza el desarrollo de la ciudad, sino que desnuda la urgencia ética de una renovación: los secretarios atornillados a la era krasnovista deben renunciar por cuenta propia. Por gallardía, madurez política y dignidad institucional, este gabinete tendría que dar un paso al costado, entregar las cuentas claras y permitir que la ciudad progrese sin el lastre de un gobierno en la sombra que abusa de los recursos y de la confianza de los tunjanos.
Tomado de Periódico El Tunjano