𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Las cifras más recientes de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo muestran que el 91% de las mujeres realiza diariamente trabajo no remunerado, mientras que en los hombres la cifra es del 62,2%. Esto significa que una mujer en Boyacá dedica, en promedio, 6 horas y 49 minutos al día a estas labores. Un hombre, apenas 2 horas y 29 minutos.
Estamos hablando del cuidado de hijos e hijas, de personas mayores, de personas enfermas, del trabajo doméstico y de muchas otras tareas que sostienen la economía y la vida cotidiana, pero que siguen siendo invisibilizadas.
Estas cifras también evidencian una realidad sobre los últimos gobiernos en Boyacá y es que durante años hemos escuchado discursos sobre equidad de género, pero las brechas persisten. Si las mujeres siguen asumiendo de manera desproporcionada las cargas del cuidado y del trabajo no remunerado, es claro que los esfuerzos institucionales no han sido suficientes, ni los indicados para transformar de fondo su realidad.
Y precisamente por eso es urgente hablar de la Política Pública de Mujer en Boyacá. El problema es que hoy no contamos con una política pública vigente y, además, no existe claridad sobre cuándo estará actualizada y en funcionamiento.
Porque una política pública no existe para adornar documentos ni para que los gobiernos digan que cumplieron. Existe para analizar estas cifras, comprender lo que representan y convertirlas en acciones concretas que reduzcan las desigualdades.
Existe para que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer vaya mucho más allá de carreras atléticas, desfiles de moda, actos protocolarios, fotografías y discursos. Existe para impulsar procesos que reivindiquen derechos, contribuyan a redistribuir las cargas del cuidado y generen condiciones reales de igualdad para las mujeres.
Y repito, hoy Boyacá no tiene una Política Pública de Mujer vigente. Y la falta de información sobre su actualización genera aún más preocupación.
Por esa razón, desde la Fundación Sobreviviente radicamos el pasado 13 de abril un derecho de petición para conocer el estado de este proceso. Los términos legales ya se cumplieron y no obtuvimos respuesta.
Ahora tuvimos que acudir al ya saturado sistema judicial mediante una acción de tutela, que ya fue admitida, para que nos informen qué está pasando con una herramienta fundamental para la garantía de los derechos de las mujeres boyacenses.
Así incomode, seguiremos insistiendo en que desde lo público se haga lo que corresponde, esperando que estas acciones no solo transforman indicadores sino también miles de vidas y familias.
Tomado de Periódico El Tunjano