La salida de Juan Pablo Pérez Espitia de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio de Tunja no es una simple rotación de personal en el marchito tablero del destituido Mikhail Krasnov; es un acto de sanidad pública, el fin de un ciclo de asfixia y, fundamentalmente, el nacimiento de una esperanza real para un sector que, tras tocar fondo de manera estrepitosa, hoy ve la oportunidad de volver a respirar. Se finiquitó la renuncia de uno de los alfiles más leales y cuestionables del proyecto político de Mikhail Krasnov, un personaje que transitó por la administración pública con la arrogancia de quien se cree superior al Estado, dejando a su paso un rastro indudable de desatención técnica, presuntas irregularidades presupuestales y una profunda deshumanización burocrática. Para Tunja, esta baja es una noticia colosalmente positiva porque abre la puerta de una cartera que permanecía blindada por la hostilidad y el desprecio hacia el tejido artístico local.
El paso de Pérez Espitia por la función pública local debe analizarse en sus dos catastróficos actos. El primero tuvo lugar en la Gerencia Estratégica de Comunicaciones. Allí, el funcionario demostró que su noción de comunicación social no tenía nada que ver con el interés general. Bajo su égida, la dependencia falló miserablemente en difundir lo verdaderamente importante: campañas de vacunación humana y de mascotas, jornadas de adopción de animales sin hogar, pedagogía para el recaudo de impuestos, las convocatorias esenciales para el Consejo Territorial de Planeación, entre otra serie de asuntos de interés general. Para Pérez Espitia, el erario no estaba para servir a la comunidad, sino para financiar una sofisticada máquina de propaganda y lavado de imagen destinada a erigir la figura del outsider ruso como una especie de mesías intocable, explotando su imagen de influencer mientras a la ciudad se la carcomía la corrupción y el atraso.
Fue en esa época donde proliferaron masivamente en Facebook bodegas de perfiles falsos dirigidas a sembrar narrativas de apoyo incondicional y una sistemática estrategia de victimización institucional cada vez que el libreto lo requería. Se impuso un régimen de acoso digital contra líderes sociales, medios independientes y ciudadanos incómodos, llegando al extremo de suplantar y plagiar portales de comunicación (incluido el de este medio) para desinformar, generar incordias y neutralizar la crítica de figuras como el representante a la Cámara Pedro José Suárez Vacca, el abogado Marco Antonio Palma o la líder ambientalista Yenny Moreno, entre otros tantos. De ahí para abajo, el cinismo de la Gerencia Estratégica de Comunicaciones se estructuró bajo dos estrategias que rozaron lo delictivo: primero, utilizó el presupuesto de la propia dependencia para vincular directamente a la administración municipal a varios directores de medios de comunicación, comprando con estas contrataciones sus conciencias para garantizar el silencio frente a las mañas oficiales o conseguir alabanzas cuando fuesen requeridas. Segundo, manejó el plan de medios de forma inescrupulosa y aberrante, convirtiéndolo en un mecanismo de castigo financiero enfocado en mermar las posibilidades de los medios críticos, mientras se premiaba con recursos desproporcionados a portales amigos o fantasmas que nadie en el gremio conocía, pisoteando cualquier criterio técnico o de impacto real en la ciudadanía.
Pérez Espitia siempre negó la existencia de estas bodegas y el manejo corrupto de la pauta, pero la verdad real lo acorraló en el Concejo Municipal. Dos debates de control político contundentes desnudaron sus mañas. El segundo fue categórico y lapidario: las irregularidades probadas en su cara eran de tal magnitud que hacían imperativa una moción de censura. Sin embargo, el funcionario se salvó gracias al vergonzoso salvavidas de las mayorías sumisas que Mikhail Krasnov controlaba y aún controla en la sombra. Concejales de la coalición de gobierno recurrieron a estratagemas cínicas para dilatar el tiempo y no firmar la solicitud, excusándose bajo el pretexto de una supuesta falta de soporte, curiosamente argumentado por cabildantes que ni siquiera asistieron a la sesión o que estuvieron un rato y luego se marcharon.
A este prontuario se suma una irregularidad de origen que la Personería Municipal ha preferido obviar hasta el momento: Pérez Espitia se posesionó en la Gerencia Estratégica de Comunicaciones sin cumplir con los requisitos contemplados en el manual de funciones para ese cargo, pues carecía de la experiencia de dos años exigida después de obtener el título de posgrado. De hecho, para el momento del control político, llevaba año medio en el cargo y apenas tenía tres meses de graduado de una especialización que empezó a cursar en paralelo al ejercicio de sus funciones.
El segundo acto de este desastre se trasladó directamente a la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, un sector que Pérez Espitia manejó con sectarismo y exclusión. Al asumir una cartera para la que tampoco cumplía el perfil, su primera jugada fue rodearse de sus amigos más cercanos para armar un fortín de favores políticos, dejando por fuera a cualquiera que criticara al Alcalde o a su gestión. Bajo su mando, la Escuela de Artes terminó convertida en una plataforma de entretenimiento gratuito para la Alcaldía, obligando a los niños a presentarse en todo tipo de eventos públicos a su propio costo, sin que la administración cubriera viáticos, transportes o un mísero refrigerio. El colmo del maltrato llegó cuando el municipio les cobró las chaquetas de dotación a los mismos profesores, mientras perseguía laboralmente a los docentes que denunciaban las irregularidades o se negaban a regalar horas de trabajo bajo el pretexto de una falsa descentralización.
Al mismo tiempo que las escuelas y los procesos de base se quedaban sin apoyo institucional, la sectorial se dedicó a financiar la cultura del espectáculo. Esta línea de acción, compartida y propiciada plenamente por Mikhail Krasnov, partía de una premisa lesiva para el gremio al considerar que los artistas y cultores locales son secundarios y que los recursos públicos de la ciudad deben volcarse hacia grandes eventos comerciales para traer artistas como Nicky Jam o saturar el calendario con conciertos de música popular. El resultado de priorizar este tipo de espectáculos no solo se tradujo en severos desórdenes públicos y en un evidente descontrol del consumo de alcohol en las plazas públicas, sino en la eliminación de los espacios destinados a géneros con profunda tradición y público en Tunja, como la carranga, el rock o la salsa, cuyos intérpretes fueron completamente ignorados por Pérez Espitia y sus burócratas de bolsillo.
El manejo del dinero a través del contrato interadministrativo con el Fondo Mixto de Cultura, suscrito para el manejo de la agenda cultural del municipio en 2025, fue un golpe directo a la confianza de la ciudad. El paquete de recursos que debía financiar los eventos culturales de todo el año (festivales, noches de museos, cumpleaños de Tunja, entre tantos otros), se lo devoró casi por completo el Aguinaldo Boyacense. Con cinco adiciones presupuestales, el contrato pasó de casi 10.000 millones a rozar los 15.000 millones de pesos, dejando sin presupuesto a más de la mitad de los festivales. Eventos como el Festival Altapresión de muralismo o el Tunjo de Oro ni siquiera se hicieron, y otros como el Carmen de Oro se ejecutaron sacando a los gestores que los habían creado.
El cinismo de las cuentas oficiales quedó al descubierto en los balances financieros Aguinaldo Boyacense 2025. Resulta insólito que la administración municipal pretendiera vender como un éxito de gestión el incremento de recaudos, cuando sus propios documentos oficiales evidenciaban que las ganancias netas terminaron en los bolsillos del operador privado del evento, dejando al municipio el peso muerto de las pérdidas económicas de las festividades. Este desbalance financiero se tradujo en un castigo directo para los cultores de la ciudad, pues mientras los artistas profesionales que ganaban legítimamente las bolsas concursables de Tierra de Festivales eran sometidos a un trato arrogante por parte de la sectorial y obligados a esperar hasta cuatro meses para cobrar sus estipendios, forzando a muchos a endeudarse con los gota a gota para financiar el montaje y el pago de seguridad social; la Secretaría patrocinaba agrupaciones exprés conformadas por sus propios funcionarios y consejeros aliados, como el Grupo Monark, saltándose de frente las convocatorias y requisitos aplicados al resto de los cultores y artistas locales. Esta estrategia de cooptación mediante contratos públicos fue la anestesia perfecta para amarrar la comodidad del Consejo de Cultura y garantizar que no se levantaran cuestionamientos desde su interior.
A todo esto se suma la falta de planeación técnica que ha venido dejando pérdidas graves para las finanzas de la ciudad. Ejemplo de ello es el accidentado proyecto de señalética turística de más de 700 millones de pesos, un gasto a todas luces absurdo en una Tunja con la malla vial rota y serias urgencias de salud mental desatendidas. A este contrato no solo le cambiaron cinco veces la destinación sin ningún criterio técnico, sino que jamás se articuló con los municipios vecinos ni con procesos comunitarios como el de los Hijos de Xué, quienes habían gestionado y radicado la iniciativa original ante el Ministerio de Cultura. El inventario de la improvisación incluyó también el misterio de los 350 millones de pesos destinados a drones patrocinados por Findeter que terminaron esfumándose de las presentaciones oficiales, audiciones a puerta cerrada basadas en el amiguismo y el bochornoso episodio de intolerancia donde Pérez Espitia terminó pasando un trago amargo en una comisaría tras enfrentarse a los esquemas de seguridad de Carlos Vives, obligando al municipio a aguantar el escarmiento y la tormenta mediática solo por defender su soberbia. La opacidad administrativa en este frente fue tan severa que la anterior secretaria, María Paula Falla, se vio obligada a salir del cargo tras denunciar que le falsificaron la firma para viabilizar el lesivo convenio con el Fondo Mixto, dejándola jurídicamente expuesta ante las investigaciones que hoy adelantan los entes de control.
Incluso la carpeta de estímulos de este año fue víctima de sus mañas institucionales. Por un lado, se intentó meter de manera tendenciosa al periodismo como un área artística, una maniobra que no buscaba honrar el oficio de la crónica o del periodismo literario o de no ficción, sino presuntamente amarrar el control de los jurados mediante intermediaciones con la Universidad de Antioquia. Por el otro, Pérez Espitia mantuvo una política de marchitamiento contra sectores históricos como la literatura, bloqueando recursos y justificando el recorte bajo la cínica premisa de que en Tunja ya nadie lee y que no tenía sentido promover poetas.
El sectarismo también frustró una inversión cinematográfica que pretendía hacer Amazon por más de 2.000 millones de pesos, que de haberse concretado habrían quedado en las arcas de la ciudad. La directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo, se negó a desembolsar la contrapartida de 170 millones ya apropiada diciendo que era un delito, una decisión respaldada por Mikhail Krasnov bajo la premisa de que si su Directora de Contratación decía no, ahí moría todo. Incluso cuando la productora le había ofrecido un papel actoral al Alcalde para salvar el proyecto. Mientras el cine se iba de Tunja, la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio acumulaba deudas con creadores de toda índole, incluyendo al realizador del pesebre de amigurumi, poniéndolos a trabajar sin Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), lo que provocó que colectivos como Tres Cuartos de Mi Tierra tuvieran que meterse al despacho a presionar por unos pagos que el ruso terminó sacando de su propio bolsillo ante la gravedad de las amenazas.
A pesar de este panorama, el sector artístico de Tunja demostró que no depende de las mañas de una Secretaría que operaba como caja menor y fortín político. Los creadores y cultores sobrevivieron gracias a la autogestión, a los recursos del Ministerio de Cultura y a la dignidad de su propio trabajo. Hoy, con la llegada de Rosana Montañez Moreno a la cartera, el panorama cambia por completo. Tras haber tocado fondo, los artistas se sacuden del yugo de la persecución y ven una esperanza real de reconstrucción. La salida de Pérez Espitia abre la oportunidad de exigir cuentas claras, revisar el dinero devorado por sus cuestionables manejos, y reactivar bolsas concursables con pagos anticipados. Es el momento de recuperar la Casa Silvino para la Escuela de Artes y de devolverle a la Noche de los Museos su carácter cultural y ciudadano. Queda año y medio de gobierno; tiempo suficiente para limpiar la propaganda, articular la cultura con los programas de salud mental y trabajar con Ecovivienda en la refacción del Centro Histórico. Tunja vuelve a respirar porque sus artistas se negaron a morir asfixiados.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tomado de Periódico El Tunjano