La vinculación formal del exalcalde Luis Alejandro Fúneme González a dos investigaciones ordinarias de responsabilidad fiscal por presuntos detrimentos patrimoniales, sumada a la instalación de auditorías de cumplimiento sobre los multimillonarios convenios celebrados con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías y el Fondo Mixto de Cultura de la vigencia 2025, configuran un viraje estrictamente procesal dentro de la Contraloría Municipal de Tunja que rompe, al menos en el papel, con el tradicional letargo de los órganos de control local. Tras cumplir seis meses en el cargo, la dirección de Félix Ramírez González ejecuta las primeras acciones de fondo sobre los expedientes que la ciudadanía y la prensa independiente venían exigiendo desarchivar. Este dinamismo institucional demuestra que el organismo fiscalizador ha despertado a tiempo dentro de un periodo constitucional que apenas arranca, respondiendo con pasos oportunos a las alertas de la opinión pública y confirmando que la fiscalización efectiva no era un imposible jurídico ni una limitación de términos, sino un asunto de estricta voluntad administrativa.
Frente a este nuevo panorama, la inclusión formal de Fúneme González en las líneas de investigación actuales representa un paso procesal ineludible que la ciudadanía tunjana exigía con urgencia, materializándose en actuaciones como el rastreo al polémico contrato de los módulos para los lustradores de calzado en el Centro Histórico. El trasfondo de este expediente detalla un presunto daño patrimonial superior a los $182 millones debido a graves deficiencias precontractuales y a una alarmante alteración en la calidad de los materiales pagados por el municipio. Esta indagación, sumada al proceso fiscal que cursa por las presuntas irregularidades en la contratación del artista Silvestre Dangond para el Aguinaldo Boyacense de 2023, pone bajo la lupa los manejos de la administración anterior, obligando al ente de control a demostrar si la visibilización de estos casos se traducirá en un ejercicio real de justicia o en otra frustración archivada.
A la par de estos expedientes de la era Fúneme, la Contraloría Municipal ha desplegado auditorías de cumplimiento sobre las pasadas ejecuciones de la vigencia 2025, enfrentando dos realidades financieras diametralmente distintas. Por un lado, se examina el ya liquidado convenio con el Fondo Mixto de Cultura para la agenda cultural de Tunja, una contratación que inició en $9.900 millones y rebasó los $14.000 millones tras registrar cinco adiciones presupuestales, dejando un presunto detrimento plenamente consumado tras la finalización del año. Por el otro, la lupa fiscal recae sobre el contrato interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías por más de $15.076 millones, un proceso que lejos de estar consolidado representa un riesgo latente en plena marcha. Este convenio, suscrito el 29 de septiembre de 2025, suspendido en diciembre de ese año y reanudado en enero de 2026 con una prórroga de ocho meses, arrastra una ejecución accidentada con obras deficientes que solo se corrigen tras el escarnio de los líderes sociales del municipio, sumado a una preocupante opacidad en los flujos financieros que obligó a la administración a admitir ante el Concejo que los dineros sí habían salido del municipio hacia las cuentas de la empresa del municipio antioqueño, un hecho que las dependencias oficiales intentaron maquillar y que solo salió a la luz tras las revelaciones que se hicieron desde este medio tras una exhaustiva búsqueda en Secop.
Movilizar investigaciones sobre estas sumas astronómicas y encausar formalmente a antiguos mandatarios abre un escenario institucional que la capital boyacense recibe con un profundo y justificado escepticismo, pues la memoria colectiva de los tunjanos está saturada de anuncios mediáticos que terminan disolviéndose ineludiblemente en la impunidad. Es imperativo recordar las ruidosas y extenuantes jornadas que en su momento lideró en Tunja el entonces secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, quien convocó a la comunidad y a veedores locales a aportar abundante material probatorio sobre presuntos hechos de corrupción para luego dejar que el esfuerzo, el tiempo y el riesgo asumido por los denunciantes ciudadanos quedara reducido a una simple e insustancial anécdota de pasillo sin ninguna consecuencia jurídica real.
El verdadero desafío para la Contraloría Municipal en cabeza de Félix Ramírez González estriba en evitar que este notable inicio investigativo naufrague en el silencio administrativo, en la conveniencia política de turno o en una llamarada de hojarasca destinada a aplacar temporalmente el clamor popular. Si los procesos avanzan con rigor técnico hasta culminar en fallos con responsabilidad fiscal que permitan recuperar efectivamente el patrimonio de los tunjanos, o en absoluciones debidamente sustentadas en derecho donde se demuestre la inocencia sin ceder a condenas por simple presión mediática, se habrá sentado un precedente de sanidad civil. La opinión pública continuará firmemente en la primera línea de observación, evaluando el desenlace de cada actuación procesal y rechazando cualquier amago de selectividad, amnesia voluntaria o complicidad institucional, pues la legitimidad no se decreta, sino que se gana con la firmeza y la coherencia de las sanciones.
Tomado de Periódico El Tunjano