La incorporación tardía de los recursos del superávit expone la profunda desconexión técnica entre las verdaderas urgencias de Tunja y las prioridades de sus gobernantes. Al cierre de junio, las planillas estadísticas del DANE confirmaron el estancamiento histórico de la ciudad al consolidarla en el quinto puesto de desocupación a nivel nacional. Con una tasa de desempleo del 11.6% en el trimestre móvil marzo-mayo de 2026 (un incremento de 0.1 puntos porcentuales frente al trimestre anterior y de 0.2 frente al mismo periodo del año pasado, cuando registró 11.4%), la capital boyacense prolonga una crisis laboral crónica que supera con creces el promedio nacional del 8%. Mientras las necesidades de la población en las calles existen por montones y castigan los hogares con la desocupación real, la distribución del presupuesto municipal se limita a dispersar saldos sobrantes en lugar de estructurar soluciones de fondo.
La reciente aprobación de una adición presupuestal de $110.183.419.824,75 por concepto de superávit era una urgencia institucional insoslayable para rescatar al municipio de la parálisis general. Sin embargo, esta descomunal bolsa de recursos que no se ejecutaron a tiempo constituye el monumento definitivo a la incompetencia y a la postración ejecutiva del destituido exalcalde Mikhail Krasnov. El señor Krasnov gobernó bajo la torpe premisa de que administrar bien el erario consistía en congelar el trámite de los recursos en las cuentas institucionales, paralizando el desarrollo de la ciudad mientras ignoraba las urgencias de los tunjanos. Aquella incapacidad de estructurar proyectos y de ejecutar los presupuestos provocó que miles de millones se quedaran represados administrativamente, obligando a tramitar a mitad de año una adición que debió incorporarse desde el primer trimestre.
La desidia de aquella gestión fue tal que el proyecto de adición debió presentarse y consolidarse en el primer periodo de sesiones ordinarias del año, como suele acostumbrarse, o en su defecto, durante el posterior periodo de sesiones extraordinarias. Sin embargo, los plazos legales expiraron en el silencio absoluto de la inacción y Krasnov tras su indecorosa salida prefirió volcarse a las redes sociales a quejarse de que la ciudad no vería eventos tradicionales como la Noche de los Museos. Fue una falacia argumental rampante, pues los eventos no se ejecutaron simplemente porque él jamás gestionó ni radicó los recursos del superávit necesarios para financiarlos. Tras bambalinas, la estrategia parecía orientada a dejar de manos atadas a quien asumiera el control del municipio, desprovisto de personal y de herramientas operativas, para intentar sostener el relato de que la ciudad solo funcionaba bajo su mando.
Frente a este río de dinero recuperado a cuentagotas en este tramo del 2026, algunos portales informativos inescrupulosos, adictos al clic fácil y al sensacionalismo barato de redes sociales, han querido montar un burdo tribunal de sospechas contra la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez. Sugieren con una ligereza perversa que “el afán” de tramitar esta adición, que no es tal pues se tuvo que haber tramitado hace meses, responde a un oscuro interés de última hora antes de que termine su interinato de cara a los nuevos comicios. Nada más alejado de la rigurosidad factual. El verdadero rol de la Alcaldesa encargada no ha sido la complacencia ni la codicia, sino liderar una maniobra de salvamento fiscal para evitar la parálisis absoluta de la ciudad. Dilatar la incorporación de este superávit habría sido un acto de negligencia criminal; sin embargo, Jiménez Gómez simplemente ha tenido que asumir la ingrata tarea de destrabar a contrarreloj el presupuesto que la inoperancia de su predecesor dejó bajo llave de forma deliberada.
Lo alarmante y profundamente reprochable es la pavorosa falta de sentido y de estrategia económica en el destino de los $110.183.419.824,75 aprobados por el Concejo. Que el proyecto requiriera un trámite expedito por la urgencia del municipio no eximía a los cabildantes de cuestionar la alarmante miopía de las asignaciones frente a la mayor problemática social de la ciudad. Al revisar el componente de inversión, salta a la vista que dependencias como Actíva-t, concebida en teoría para mitigar la desocupación local, quedó completamente desfinanciada con una asignación de cero pesos. Por su parte, la Unidad de Ciencia, Tecnología e Innovación (UMCITI), llamada a potenciar proyectos productivos, apenas recibió la cifra marginal de $284.314.036,36.
Incluso el rubro de $1.650.110.121 asignado dentro de la Secretaría de Fomento Económico para el emprendimiento, la formalización laboral y la productividad empresarial es un enigma presupuestal. Nadie en el recinto del Concejo se tomó la molestia de interrogar el «cómo» se ejecutarán esos recursos. El proyecto guarda un silencio sepulcral sobre si ese dinero se pulverizará en conferencias estériles, pasajeras ferias de emprendedores o si realmente se usará para aliviar la asfixiante carga tributar que frena a los creadores y potenciales creadores de empresa en la ciudad.
Cuando la desocupación cede en Tunja, nunca lo hace de forma estructural ni sostenida en el tiempo, sino mediante ínfimas variaciones marginales. Las escasas temporadas de tregua coinciden invariablemente con las festividades de fin de año, un espejismo estacional donde el comercio y el sector de servicios contratan mano de obra temporal para contener la crisis antes de que el calendario devuelva a la población a su cruda realidad. Fuera de esos paréntesis festivos, el panorama es la precariedad absoluta. Quienes deciden quedarse y no migrar terminan atrapados en el umbral del inconformismo corporativo, abriendo pequeños negocios independientes que rara vez logran escalar o progresar debido a la hostilidad del entorno económico municipal, que nunca es contrarrestado por la administración municipal para hacerle más llevadero el camino a los emprendedores.
El problema de fondo es sustancialmente más grave de lo que las lecturas superficiales sugieren. Los datos demuestran la desproporcionada concentración laboral en la rama de administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana, sector mixto, de mayoría pública, que engulle a 24.000 trabajadores de los 79.000 ocupados totales de la ciudad. Aunque esta cifra agrupa servicios privados, expone con claridad la raquítica participación de la industria manufacturera, estancada en apenas 4.000 empleos. Vivir bajo la extrema dependencia de las dinámicas institucionales no es sano ni genera riqueza sostenible.
En lugar de pretender que el presupuesto actúe como un benefactor asistencialista, la incorporación de este millonario superávit debió apuntar al fortalecimiento del ecosistema privado bajo reglas estrictas de mercado. El fomento económico real no se logra regalando dinero público, sino facilitando las condiciones operativas para que el empresario asuma el riesgo con garantías reales. Una estrategia coherente exige el diseño de líneas de crédito blandas que sirvan de puente financiero para que los trabajadores independientes y las unidades de la economía popular transiten hacia la formalización real. Asimismo, la entrega de capital semilla debe condicionarse a un esquema riguroso de auditoría, asistencia técnica y seguimiento post-inversión que impida que los recursos públicos se pulvericen o desaparezcan en proyectos inviables que se declaran en quiebra a la vuelta de unos meses.
Para romper el círculo del desempleo juvenil y contener el drama de los 3.437 subocupados que reporta el DANE, es urgente centralizar rutas de empleabilidad técnica que alineen de una vez la oferta educativa con las demandas reales de las empresas privadas que logran sobrevivir en la ciudad. El incentivo para la inserción al primer empleo no debe salir del bolsillo del Estado mediante subsidios improductivos, sino de una política seria de exenciones y beneficios tributarios locales en el impuesto de industria y comercio para aquellos empleadores que generen nuevos puestos de trabajo formales para los jóvenes. Aliviar la carga impositiva local es la única vía legítima para que el sector privado tenga el oxígeno financiero necesario para crecer por su propio esfuerzo, haciendo que la reactivación laboral dependa de la productividad real y no de la dependencia presupuestal de turno.
Administraciones municipales y concejales deben comprender que la verdadera generación de empleo no se logra contratando más burócratas ni extendiendo nóminas paralelas en las entidades del Estado. El síntoma real debe corregirse dirigiendo el estímulo al microempresario para que logre la madurez técnica y pase a ser una pequeña empresa; al pequeño para que transite hacia la mediana, y a esta última para que logre la escala suficiente que dinamice verdaderamente el mercado laboral. Mientras el Concejo siga dándole trámite complaciente a adiciones multimillonarias que terminan financiando el funcionamiento institucional e ignorando los motores del emprendimiento autónomo, Tunja continuará siendo una hermosa incubadora de profesionales cuyo único destino viable será la terminal de transportes.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tomado de Periódico El Tunjano