Las vías de comunicación institucional y el periodismo en nuestra región han sufrido una transformación silenciosa pero profunda, sacrificando la profundidad en el altar de la inmediatez y la comodidad. Poco a poco se ha ido extinguiendo esa metodología rigurosa en la que los medios de comunicación éramos invitados a presenciar las discusiones, las socializaciones y el desarrollo real de las políticas públicas desde la raíz. Hoy nos enfrentamos a una dinámica donde la gestión gubernamental pretende ser resumida en comunicados de prensa edulcorados, piezas gráficas diseñadas para redes sociales o ruedas de prensa posteriores donde las decisiones ya han sido tomadas a puerta cerrada.
Hacer reportería real exige presenciar los hechos. No es lo mismo asistir a una rueda de prensa final a escuchar un resumen prefabricado, que acompañar un proceso completo de socialización con la comunidad, como cuando una administración se sienta a debatir la reubicación de sectores vulnerables o la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial con el Consejo Territorial de Planeación. Cuando el periodista está presente durante todo el desarrollo de una reunión o en la entrega de una obra, acumula el contexto y el insumo técnico necesario para formular preguntas pertinentes y cuestionar con fundamento. Reducir la presencia periodística al boletín final o a las conclusiones oficiales equivale a amputar el derecho a la información que tiene la ciudadanía.
Es cierto que en la Alcaldía de Tunja se debe reconocer un ejercicio valioso impulsado por el alcalde Rafael Acevedo, como las ruedas de prensa semanales tras la izada de bandera. Disponer de un espacio abierto y extenso para preguntar sin cortapisas es un avance considerable frente a prácticas de aislamiento, bien conocidas en el pasado reciente, en tiempos de gobernanza del destituido Mikhail Krasnov. Sin embargo, esa iniciativa resulta insuficiente para cubrir el ritmo diario de una ciudad. La información pública no se detiene entre lunes y lunes, y el modelo actual deja enormes vacíos informativos en los anuncios cotidianos que realiza la administración.
Para ilustrar este problema bastan algunos ejemplos de la agenda institucional de esta semana. Se publica en las redes oficiales un encuentro entre el Alcalde y ACOPI para trazar una hoja de ruta en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas. El anuncio suena bien, pero la publicación escueta no resuelve interrogantes esenciales sobre cuántas empresas se verán beneficiadas, si existen planes escalados según el tamaño del negocio o cuáles son los compromisos concretos. Lo propio ocurre con la entrega de más de dos mil setecientos metros de tubería para el acueducto de occidente en la vereda Runta Baja. Se celebra la obra en internet, pero la ciudadanía se queda sin saber el costo total del proyecto, el número exacto de familias favorecidas, el impacto en la tarifa del servicio o la fecha de intervención para la siguiente vereda.
La misma opacidad rodea hechos de enorme calado para la infraestructura local. Un sábado cualquiera, el Alcalde se reúne en privado con el director nacional del SENA para inspeccionar el avance de la nueva sede que se construye en el sector aledaño a la Terminal de Transporte Juana Velasco de Gallo. Los medios de comunicación terminamos enterándonos por una publicación de redes sociales, con fotos posadas y un balance previsiblemente positivo, pero sin la menor posibilidad de estar allí para constatar la obra, evaluar los cronogramas o interrogar de primera mano a los altos funcionarios. Lo propio sucede cuando el mandatario sostiene encuentros con los rectores de las universidades de la región para acordar la estrategia que impulse a Tunja como ciudad universitaria. Se anuncia el acuerdo a posteriori, pero se priva a la prensa y a la comunidad académica de escuchar el debate real, las posturas de cada institución y los compromisos presupuestales asumidos en la mesa.
Aguardar hasta el siguiente espacio de preguntas para indagar sobre un evento ocurrido días atrás dispersa la atención y limita la profundización, pues cada periodista debe priorizar temas distintos en un espacio concurrido. Esta dinámica termina beneficiando al modelo de comunicación perezoso y servil, aquel que se limita a replicar los mensajes oficiales desde un escritorio, mientras perjudica a la prensa que busca investigar, contrapreguntar y ejercer control social.
Este fenómeno de encierro no es exclusivo del Palacio de la Torre ni del despacho municipal, sino una maña recurrente en las entidades gubernamentales de Boyacá. El desprecio por la transparencia en las agendas de los mandatarios llega al punto de ignorar los canales legales. Tiempo atrás elevé un derecho de petición ante la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo de la Gobernación de Boyacá para solicitar formalmente el acceso previo a la agenda diaria del Gobernador, replicando dinámicas de transparencia como las que se manejan en la Presidencia de la República. La respuesta fue el silencio absoluto. Han pasado los meses y la solicitud jamás fue respondida, confirmando una cultura administrativa que prefiere ocultar la agenda pública antes que someterla al registro periodístico.
El desinterés por garantizar una comunicación fluida y transparente roza niveles críticos cuando se trata de la gestión de emergencias y la vida ciudadana. En Tunja existe el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Municipal (CRUEMT), una instancia diseñada teóricamente para articular la respuesta de organismos como Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y Socorro Scout. Sin embargo, en la práctica, la desarticulación de sus comunicaciones deja a los medios a ciegas. Ocurrió hace apenas ocho días, en la madrugada, cuando un siniestro vial cobró la vida de una persona en el sector de La Sexta. Al intentar verificar los detalles oficiales del hecho para informar con rigor, las respuestas se redujeron al clásico lavado de manos: «nuestra entidad no atendió el caso». ¿A quién se le pregunta entonces? ¿Cómo se ejerce el periodismo de manera responsable si las propias autoridades fragmentan el reporte de un accidente fatal? La ciudadanía exige precisión absoluta, y la demanda con dureza cuando hay errores, pero las instituciones bloquean los canales necesarios para confirmarla.
Atrás quedaron momentos donde se pretendió mostrar un gobierno abierto, como ocurrió al comienzo de la administración interina de María Paula Jiménez Gómez con el consejo ampliado de gobierno, antes de que esa misma gestión cayera nuevamente en el hermetismo. Incluso durante el mandato del exalcalde Alejandro Fúneme, a pesar del evidente malestar que causaba la presencia de periodismo independiente en sus eventos y de su clara preferencia por difundir mensajes a través de sectores afines, era posible llegar a los escenarios de debate.
La reportería de campo es un principio innegociable que no se sustituye con piezas publicitarias, fotos institucionales ni comunicados prediseñados. La exigencia a los gobernantes de Tunja y de Boyacá no pasa por solicitudes presupuestales ni concesiones especiales, sino por el respeto irrenunciable al ejercicio periodístico. Es hora de abrir las puertas de las reuniones estratégicas, permitir el ingreso de los micrófonos y someter la gestión pública al escrutinio directo sin el blindaje del boletín oficial. Quien gobierna con transparencia no le teme a una cámara encendida ni a una pregunta incómoda. Seguir aislando a la prensa bajo la comodidad de la comunicación de vitrina no es más que una forma cobarde y velada de censura que lesiona el derecho de los ciudadanos a estar verdaderamente informados.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tomado de Periódico El Tunjano