Hay una Constitución que vive en los anaqueles y otra que vive en la fila de un juzgado a las 7 de la mañana. La segunda es la tutela. Cuando la Asamblea del 91 redactó el artículo 86, pocos imaginaron que estaban creando el invento jurídico más democrático de la historia republicana de Colombia. No fue el Senado, ni la Corte, ni un ministerio. Fue una hoja de papel que le decía a cualquier ciudadano, sin abogado, sin costo y en 10 días, que podía parar al Estado. Y el ciudadano la creyó.
𝐋𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐜𝐢𝐟𝐫𝐚𝐬
En 1992, en su primer año de vigencia, llegaron 57.809 tutelas a la Corte Constitucional. Era la novedad. Para 2010 ya eran 403.379. En 2016 dimos el primer gran salto: 614.520.
El 5 de octubre de 2022 alcanzamos un número que debería estar enmarcado en todas las facultades de derecho: 9 millones de tutelas radicadas desde 1992.
Y no nos detuvimos. En 2023 cerramos con 729.614 acciones, 96.151 más que en 2022. En 2024 rompimos todos los récords: 912.639 tutelas en un solo año, superando el umbral histórico de 10 millones. Al 31 de diciembre de 2024, el país acumulaba 10.817.303 tutelas.
Este 4 de julio, en la celebración de los 34 años de la Carta del 91, el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, lo dijo sin rodeos: ya vamos rozando los 11 millones.Ninguna otra figura jurídica en América Latina ha sido usada tantas veces por tanta gente.
¿𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐞́ 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚𝐦𝐨𝐬? 𝐄𝐥 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐬𝐨𝐫𝐝𝐨
Si usted quiere saber de qué está enfermo Colombia, no lea el Plan Nacional de Desarrollo. Lea las estadísticas de tutela.
Durante años, el ranking es casi invariable:
1. Derecho de petición: 48,3% en 2023. Traducido: el Estado no contesta. El ciudadano tiene que demandar para que le respondan una carta.
2. Derecho a la salud: 26,8% en 2023. Y disparado en la pospandemia. Solo en 2024, cada día se presentaron en promedio 702 tutelas por salud.
3. Debido proceso, mínimo vital, vida y seguridad social.
Lo que en la academia llamamos «derechos fundamentales», en la calle se llama: «no me entregaron la insulina», «no me pagaron la pensión», «no me responden si mi hijo puede entrar al colegio».
En la pandemia vimos la paradoja: en 2020, con el país confinado, las tutelas cayeron a 295.559, la cifra más baja en 10 años. No era que se vulneraran menos derechos, es que la gente no podía salir a reclamarlos. En 2021, con la reapertura, volvieron a 462.066. El zumbido volvió, más fuerte.
𝐄𝐥 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨: 𝐥𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐢́ 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚
Critican la tutela. Dicen que congestiona, que judicializa todo, que usurpa. Son críticas de despacho con aire acondicionado.
Pregúntele a los datos de 2023: 5 de cada 10 tutelantes fueron adultos mayores y 2 de cada 10, menores de edad. No es la élite litigando. Es la abuela que no recibe su pañal, el niño que necesita una cirugía, el desplazado que pide ayuda humanitaria.
La tutela democratizó algo que antes era privilegio: el acceso a un juez. Antes de 1991, un campesino del Cauca jamás habría podido sentar al director de una EPS o a Colpensiones ante un juez en 48 horas. Hoy lo hace.
Es, como lo he sostenido en El Zumbido de la Justicia, el único trámite donde el ciudadano de a pie le gana al formulario. Donde el poder tiene que responder en 10 días lo que no respondió en 10 meses.
El problema no es que haya 912.000 tutelas al año. El problema es que necesitemos 912.000 tutelas al año para que el Estado haga lo que la Constitución ya le ordenó hacer en 1991. La tutela no fracasó por exceso de uso. Fracasó el resto del Estado que la hizo necesaria.
Mientras un derecho de petición siga siendo ignorado, mientras una fórmula médica necesite una firma de un juez para ser entregada, la tutela seguirá siendo, nos guste o no a los juristas, la única Constitución que el pueblo siente propia.
Y eso, 34 años después, es a la vez su mayor éxito y nuestra más grande vergüenza.
𝑷𝒐𝒓: 𝑬𝒅𝒖𝒂𝒓𝒅𝒐 𝑺𝒖𝒂́𝒓𝒆𝒛, 𝑨𝒖𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒐 𝑬𝒍 𝒁𝒖𝒎𝒃𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑱𝒖𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒑𝒐𝒔𝒑𝒂𝒏𝒅𝒆𝒎𝒊𝒂 – 𝑪𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐
Tomado de Periódico El Tunjano