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El anuncio realizado el pasado 2 de septiembre por el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, respecto a la suspensión de los conciertos de gran formato, el acto de lanzamiento en Bogotá y el desfile inaugural del Festival Internacional de la Cultura Campesina (FICC) 2026, fue presentado bajo una narrativa de responsabilidad fiscal y sensibilidad climática. La decisión de encauzar la capacidad institucional y los recursos presupuestales hacia la atención de las emergencias derivadas del Fenómeno de El Niño responde a una prioridad social objetiva frente al desabastecimiento de agua en 39 municipios y la amenaza crítica de incendios forestales.
Sin embargo, el mérito de una medida de contingencia se devalúa cuando el anuncio público omite voluntariamente el sustento numérico. Durante nueve días, la administración departamental publicitó la reorientación del gasto sin precisar la cuantía del recurso intervenido, abriendo un escenario de discrecionalidad en la contabilidad pública. Este vacío informativo no fue casual: en días previos, tanto la Gerencia de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá (ESPB) como la Secretaría de Cultura y Patrimonio habían evadido dar explicaciones concretas a los medios de comunicación, manifestando desconocimiento sobre el impacto real que la decisión generaba en sus respectivos rubros (https://facebook.com/reel/1097235789931011/ – https://facebook.com/reel/3637881163016993/).
La indeterminación presupuestal finalizó únicamente por la labor de fiscalización periodística. Durante la inauguración del nuevo edificio de laboratorios de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), obra financiada con 37.500 millones de pesos de regalías, la confrontación directa de la prensa obligó al Gobernador a transparentar la cifra real: una bolsa aproximada de 8.000 millones de pesos que estaba comprometida para la contratación de artistas e infraestructura de entretenimiento. De esa cifra, Amaya Rodríguez detalló una proyección de 1.000 millones para el lanzamiento en el Movistar Arena de Bogotá, 1.500 millones para el desfile inaugural en Duitama con la presentación del artista Silvestre Dangond y cerca de 5.500 millones de pesos previstos para los espectáculos masivos en el Estadio La Independencia de Tunja.
El hecho de que la ciudadanía solo conociera el impacto financiero del ajuste FICC tras una pregunta de la prensa confirma que la transparencia no operó como una política institucional proactiva, sino como una respuesta forzada. Si la indagación periodística no se hubiese producido en la UPTC, el monto de 8.000 millones de pesos habría continuado en el terreno de la especulación. La gestión pública exige que todo traslado o cancelación de rubros sea acompañado, desde el minuto inicial, por el desglose contable de las partidas afectadas y su nueva destinación específica.
La fiscalización sobre la destinación de esta bolsa de 8.000 millones de pesos debe ser inflexible. Antes de esta revelación, el único antecedente financiero conocido para la atención del fenómeno de El Niño era el proceso contractual PE-GB-009-2026, mediante el cual la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá (UAEGRD) dispuso de 885,8 millones de pesos bajo la modalidad de monto agotable para horas de vuelo de helicóptero con sistema Bambi Bucket. Este contrato independiente demuestra que los recursos para la emergencia ya contaban con instrumentos propios; por lo tanto, los dineros retirados al certamen cultural no pueden diluirse en anuncios genéricos de infraestructura o maquinaria sin un reporte detallado que garantice su retorno a la tesorería en caso de no ser ejecutados.
Asimismo, el recorte en la escala del certamen debe traducirse en un ajuste radical al plan de pauta publicitaria. Insistir en contratar pauta institucional en grandes cadenas y medios de comunicación de cobertura nacional, cuando el festival ha renunciado a atraer público foráneo mediante espectáculos masivos, confirmaría que el gasto mediático no busca promocionar la cultura del departamento, sino congraciarse con las plataformas mediáticas de la capital para apalancar las aspiraciones políticas de alcance nacional de Carlos Amaya de cara al futuro. Si la prioridad de la Gobernación es Boyacá y su gente, la pauta presupuestada para el FICC 2026 debe reconducirse hacia los medios de comunicación regionales, aquellos que cubren la realidad del departamento durante todo el año y cuyo trabajo requiere una retribución justa y transparente, bajo el entendido de que su cercanía con la cultura local permite la creación de contenidos menos genéricos y más representativos de las manifestaciones culturales propias de los boyacenses.
Priorizar la atención de la crisis climática frente a la agenda de entretenimiento es un deber legal de la administración territorial. Sin embargo, la responsabilidad gubernamental no se demuestra en anuncios de austeridad sin cifras ni en el rediseño de eventos; se valida en la precisión de los números, en la rendición de cuentas oportuna y en el respeto por el escrutinio de la prensa y de la ciudadanía.
Tomado de Periódico El Tunjano