El fallo de segunda instancia emitido el 15 de septiembre de 2026 por la Sala Dual de Decisión Tercera del Tribunal Administrativo de Boyacá, bajo la ponencia de la magistrada María del Tránsito Higuera Guío, ha ratificado la sentencia del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Tunja que declaró la nulidad absoluta del Acuerdo Municipal 032 del 30 de diciembre de 2020. Mediante dicho acuerdo, el Concejo Municipal autorizó al entonces alcalde Alejandro Fúneme González a contratar operaciones de crédito público por un monto exorbitante de 93.848 millones de pesos. La decisión judicial llega a la mesa de los ciudadanos con el hedor insoportable de las causas perdidas y las verdades a destiempo. El tribunal confirmó que la corporación edilicia incurrió en una abierta ilegalidad al alterar de manera sustancial las fuentes de financiación del Plan Plurianual de Inversiones e incrementar en más de un cien por ciento los recursos de endeudamiento sin surtir los trámites de modificación del Plan de Desarrollo ni consultar a las instancias de planeación. Sin embargo, la sentencia se produce cuando el capital fue desembolsado por las entidades bancarias y devorado por una gestión presupuestal nefasta.
Resulta indispensable llamar a los hechos por su nombre y despojar a las instituciones de la retórica legalista. Que la rama judicial tarde casi seis años en resolver de forma definitiva una demanda interpuesta desde comienzos de 2021 contra una autorización de endeudamiento no representa un acto de justicia, sino un ejercicio de complicidad institucional con el hampa de cuello blanco. Los magistrados y jueces se amparan cómodamente en el principio del debido proceso para disimular una parsimonia deliberada, habiendo negado oportunamente las medidas cautelares que habrían congelado la entrega de las partidas. Mientras los expedientes acumulaban polvo en los despachos, los giros crediticios continuaron su curso e irrigaron una lista de 18 iniciativas de inversión de las cuales la inmensa mayoría desembocó en obras inconclusas, proyectos paralizados o abiertos desfalcos patrimoniales.
El inventario de compromisos adquiridos bajo esa operación de crédito expone la dimensión de la improvisación que caracterizó a la administración municipal de la época. Se prometieron 80 viviendas rurales por 1.302 millones de pesos, la fase dos del Instituto de Recreación y Deporte por 2.100 millones, el Centro de Bienestar Animal por 1.990 millones, la actualización del archivo por 3.990 millones, la red hospitalaria de la ESE Santiago de Tunja por 12.990 millones, el catastro multipropósito por 10.895 millones y la curaduría cero por 2.480 millones, entre otras erogaciones. La realidad demuestra que ese entramado de promesas sirvió como fachada para comprometer la capacidad financiera de la ciudad a largo plazo a cambio de ejecuciones deficientes o inexistentes.
El manejo brindado a las obras de infraestructura vial evidencia el engaño sistemático al que fue sometida la ciudadanía. El proyecto de la calle 53 en el sector de los concesionarios, presupuestado inicialmente en 4.681 millones de pesos, jamás se ejecutó debido a la inexistencia de diseños adecuados y a la falta de gestión predial. En lugar de corregir el rumbo o devolver los recursos, la administración optó por trasladar esas partidas para completar el presupuesto de la calle 59. Esta última vía, concebida de manera inicial por un valor de 4.017 millones de pesos, terminó absorbiendo sumas desproporcionadas hasta superar los 20.000 millones de pesos en su ejecución final. Un tramo vial terminó costando casi cinco veces su estimación original bajo la complacencia de los órganos de control presupuestal y sin que se explicara el origen de semejante sobrecosto.
El capítulo del frigorífico municipal constituye el monumento más grotesco a la ineficiencia y a la vulneración de las normas ambientales y fiscales. Concebido como una planta de beneficio regional de 35.000 millones de pesos, el municipio aportó 10.000 millones provenientes del empréstito, destinando 1.903 millones a la compra de un lote en la vereda Chorro Blanco y transfiriendo más de 8.096 millones a la sociedad de economía mixta Cicori S.A.S. La obra se planificó en un terreno clasificado de uso agroindustrial, absolutamente incompatible con el desarrollo de actividades industriales cárnicas, lo que motivó que el Juzgado Once Administrativo Oral de Tunja anulara el acuerdo de utilidad pública de los predios. Pese a carecer de licencias de construcción y permisos de vertimientos ante Corpoboyacá, en el sector se adelantaron remociones de tierra que amenazan el ecosistema de la reserva El Malmo y las fuentes hídricas de la región. El municipio terminó pagando más de 1.300 millones de pesos en intereses por un endeudamiento cuyos recursos permanecen estancados en favor de un socio privado, mientras la Contraloría Municipal formalizó procesos de responsabilidad fiscal por detrimentos superiores a los 752 millones de pesos, sin que eso de momento implique la recuperación de los recursos en favor del municipio de Tunja.
Un caso similar de ligereza en el gasto público se constató en el Centro de Bienestar Animal, donde la entidad auditora configuró hallazgos fiscales por más de 549 millones de pesos correspondientes al pago de servicio de la deuda e intereses sin que las obras físicas registraran avance alguno. Adicionalmente, el fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Boyacá ratificó que la inclusión de 2.000 millones de pesos provenientes del crédito para la adquisición de maquinaria amarilla constituyó una violación flagrante al Estatuto Orgánico del Presupuesto y a la Ley 358 de 1997, pues la compra de dichos activos configura un gasto corriente de funcionamiento y no una inversión pública.
Frente a esta catástrofe administrativa, a los habitantes de Tunja no nos queda más camino que el de una amarga e impositiva resignación. Hay que despojarse de cualquier narrativa ilusa, pues no existe mecanismo judicial ni poder humano en Colombia capaz de hacer que la ciudad se libre de pagar este endeudamiento ni de recuperar los recursos desaprovechados. Los 93.848 millones de pesos del capital original fueron contratados y desembolsados en su totalidad por la banca, obligando al municipio a encarar una sangría financiera desproporcionada. A los multimillonarios desembolsos que las arcas públicas ya tuvieron que girar en las vigencias pasadas entre amortizaciones e intereses, se suma la carga de las vigencias actuales y futuras, donde el erario debe asumir relaciones donde se pagan más de 0,58 pesos de puros intereses por cada peso que se logra abonar al capital de los acreedores.
El horizonte fiscal expone la magnitud de este estrangulamiento. Las proyecciones de amortización e intereses demuestran que la pesadilla del empréstito no se resuelve en el mediano plazo; por el contrario, los cronogramas oficiales extienden el pago del servicio de la deuda hasta el periodo comprendido entre los años 2041 y 2046. Serán más de dos décadas continuas en las que el presupuesto de Tunja permanecerá encadenado a girar partidas para saldar una operación cuyos dos proyectos emblemáticos, el Frigorífico por 10.000 millones de pesos, el Centro de Bienestar Animal por 2.000 millones (que ahora se proyecta en más de 6.000), la Calle 53, entre otros, permanecen calificados en estado crítico sin obras físicas terminadas. La orden judicial ratificada por el tribunal prohíbe seguir ejecutando recursos del acuerdo anulado, pero el mandato llega cuando la deuda fue pactada, el dinero dilapidado y los contribuyentes condenados a pagar hasta el año 2046 las facturas de un cascarón vacío.
Las consecuencias de este desfalco no deberían limitarse a fríos pronunciamientos contables o a la recolección de firmas en expedientes de la Procuraduría. En una sociedad que apreciara su dignidad, los magistrados habrían tramitado acciones de repetición e incautaciones cautelares inmediatas contra el exalcalde Alejandro Fúneme González, sus secretarios de despacho inmersos en esta operación de crédito y la bancada de concejales que actuó como un comité de aplausos para aprobar la autorización sin debate técnico. El castigo idóneo para quienes comprometen el patrimonio colectivo debería ser la ruina económica absoluta, el decomiso total de sus propiedades particulares, y el escarnio público y rechazo social. Sería un acto de verdadera justicia ver al mandatario saliente despojado de haciendas que presuntamente adquirió al amparo del ejercicio del poder público, quedando reducido a la indigencia económica y obligado a caminar por las calles sin más pertenencia que la ropa interior que lleva puesta.
Lejos de afrontar sanciones o reproches sociales, Tunja observa cómo una parte considerable de los concejales del periodo 2020 a 2023 que votaron afirmativamente aquella operación irresponsable hoy repiten curul en el periodo 2024 a 2027, en el que han actuado de la misma manera complaciente y aliada a la administración. Estos concejales continúan ocupando las curules, dictando cátedras de moralidad y participando en los debates sobre los destinos de la ciudad sin que exista una norma legal que les impida aspirar a cargos de elección popular. La impunidad institucional resulta tan severa que las leyes colombianas terminan embargando y persiguiendo al ciudadano del común que entra en mora con un crédito bancario para sostener a su familia, mientras garantizan inmunidad a los gobernantes que arruinan el erario mediante maniobras contractuales que perjudican a la totalidad de la ciudadanía.
Este patrón de lentitud judicial y desprotección al ciudadano se ha convertido en una constante en el contexto municipal. El mismo fenómeno de parsimonia deliberada se presentó durante el trámite de nulidad electoral contra el exalcalde Mikhail Krasnov. A pesar de que la ciudadanía y diversos sectores advirtieron desde el momento de su inscripción sobre la existencia de causales objetivas de inhabilitación, los jueces administrativos tardaron cerca de dos años y medio en proferir un veredicto definitivo. Durante ese lapso, la administración municipal se sumió en la improvisación y la falta de ejecución presupuestal, permitiendo que el mandatario dilatara el proceso a través de recursos improcedentes mientras la ciudad sufría un deterioro institucional irreversible. La sentencia definitiva llegó cuando el período gubernamental estaba avanzado y el daño sobre el tejido social se encontraba plenamente consumado.
El horizonte inmediato para Tunja anticipa la repetición de esta misma tragedia contractual. Con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías se estructuraron convenios que no registran avance físico ni técnico adecuado y cuyo plazo de ejecución se encuentra próximo a vencer. Con seguridad, en el corto plazo se iniciarán demandas administrativas y querellas judiciales por los incumplimientos contractuales de esa entidad. Sin embargo, las sentencias definitivas de los tribunales ratificando los vicios de ilegalidad llegarán dentro de cinco o seis años, cuando de los recursos no quede ni la sombra, los ejecutores estén disfrutando de las rentas en otros territorios y los jueces emitan un fallo extemporáneo notificando que las irregularidades existieron pero el perjuicio es irreparable.
Esta inoperancia en el ámbito territorial se sostiene sobre la complicidad directa del circo político en Bogotá. Senadores y representantes a la Cámara por Boyacá prefieren armar espectáculos con pelotas de playa y toallas para aparentar “indignación” en el Capitolio Nacional, citando a mociones de censura de utilería, más con fines de posar ante las cámaras y nutrir sus redes sociales que de otra cosa. No obstante, esos mismos parlamentarios se niegan radicalmente a tramitar reformas estructurales a la justicia o al régimen penal que castiguen con cárcel efectiva, muerte política y extinción de dominio severa a funcionarios y servidores públicos que aprueban y ejecutan estos desfalcos de los presupuestos públicos. Guardan un silencio calculado porque dentro del ecosistema político todos se tapan con la misma cobija impune: no se atacan entre sí independientemente del partido o la orilla ideológica que representen, cuidándose las espaldas ante el temor de convertir a un colega en un enemigo peligroso para sus aspiraciones o con el cálculo frío de mantener las puertas abiertas a futuras alianzas electorales. El verdadero pacto de la clase política consiste en proteger las conductas de la función pública para que el poder siga rotando entre compadres, sin importar la ruina fiscal que le dejen a las regiones; y en Tunja sí que sabemos de eso.
La ciudadanía de Tunja comprende con claridad que la estructura institucional y contenciosa en Colombia opera como un escudo de protección para el victimario y una trampa presupuestal para el contribuyente. Mientras no existan marcos legales que apliquen embargos inmediatos y severos sobre los bienes privados de los administradores públicos que autorizan y ejecutan operaciones financieras irregulares, la comunidad continuará pagando con el incremento sistemático de sus impuestos locales las facturas del despilfarro. Tunja, lastimosamente, seguirá agachando la cabeza frente a un ordenamiento jurídico e institucional que premia la audacia del gobernante corrupto, garantiza la impunidad de la clase política y castiga de forma implacable la buena fe del ciudadano.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tomado de Periódico El Tunjano