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El ejercicio de la administración estatal entraña una complejidad técnica que con frecuencia se ignora desde el debate visceral o la indignación callejera. Gobernar lo público no es un asunto llano ni susceptible de resolverse mediante consignas simplistas; exige lidiar con un entramado de condicionamientos jurídicos, restricciones de caja, trámites de contratación y dinámicas burocráticas que condicionan de manera severa el ritmo de cualquier proyecto. Por ello, la prudencia analítica impele a guardar un compás de espera razonable y riguroso frente a quien asume las riendas de la Alcaldía de Tunja en el marco de una coyuntura electoral atípica, máxime cuando la ciudad proviene de un periodo signado por el populismo digital, el desorden institucional y la improvisación de un mandato que terminó destituido.
Sin embargo, la comprensión de la dificultad técnica no puede mutar en un salvoconducto para la parálisis ni en un pretexto para la dilación indefinida de las decisiones gubernamentales. La administración que encabeza Rafael Acevedo Pedroza opera bajo una restricción matemática inexorable: un encargo constitucional de escasos diecisiete meses. Al cumplirse este 27 de septiembre dos meses exactos desde su elección y posesión (un lapso equivalente a casi el doce por ciento de la totalidad de su periodo), el tiempo de las contemplaciones y de los diagnósticos abstractos se ha agotado por completo. Lo preocupante no es solo el porcentaje de tiempo consumido, sino la inercia previa a la acción: haber aguardado casi cincuenta días para iniciar mesas de trabajo destinadas a «ajustar» un Plan de Desarrollo que el propio mandatario reconoce que no requiere inventar nada nuevo, para luego destinar quince días adicionales a la socialización de necesidades harto conocidas, constituye un desacierto en el manejo del reloj institucional. Para un profesional que se precia de tener una visión fundamentada en la planeación, el rigor exigía asumir el despacho con un esquema de choque ya estructurado o haber dispuesto desde el primer día un equipo de empalme capaz de acelerar las modificaciones sin detener la marcha del municipio.
Desde este espacio periodístico se ha encomiado la voluntad del mandatario por imprimirle orden y formalidad a la ciudad, así como el valor civil de someterse al escrutinio semanal de los medios de comunicación y de los ciudadanos en la Plaza de Bolívar. Existen acciones que demuestran que, cuando hay determinación política, la administración pública es capaz de ofrecer respuestas céleres: la modificación al decreto de horarios del comercio nocturno y la concertación directa con los sectores afectados evidenciaron que se pueden ajustar medidas de convivencia sin atropellar la dinámica económica. De igual forma, el programa orientado a llevar instrucción de natación a la niñez del sector rural representa un gesto pedagógico y social de incuestionable nobleza. No obstante, la planificación y los gestos simbólicos pierden su virtud si se convierten en la única vitrina de gestión y no vienen acompañados por la resolución de los problemas capitales que asfixian a la sociedad tunjana.
La ansiedad colectiva por el desempleo y la falta de oportunidades económicas en la capital boyacense no proviene del cabildeo ni de los reclamos corporativos de las directivas gremiales; nace de la desesperación del ciudadano del común que ve cómo el costo de vida sube, el trabajo escasea y la iniciativa privada se estrella contra un entorno fiscal hostil. Reestructurar el Estatuto Tributario y evaluar la carga regresiva de impuestos como el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), el cual castiga los ingresos brutos incluso cuando provienen de apalancamientos financieros, no es un debate académico para abordar en seminarios o eventos foráneos. Es una urgencia social que reclama medidas locales de flexibilización, incentivos a la inversión y seguridad jurídica. Hablar de convertir a Tunja en un territorio atractivo para la empresa privada requiere pasar del enunciado general sobre la plusvalía o la experiencia de otras latitudes a la presentación de proyectos de acuerdo concretos ante el Concejo Municipal.
A esta incertidumbre económica se suma el desgaste de la opinión pública frente a los anuncios formulados en tribunas oficiales que posteriormente quedan suspendidos en el aire. La promesa emitida durante el cumpleaños de la ciudad sobre la reconversión de la Casona Eduardo Santos en una biblioteca departamental de la mano con la Gobernación, ha quedado por ahora reducida a un anuncio gaseoso del que no se volvió a saber absolutamente nada. La idea, que en apariencia exigía una gestión logística menor como trasladar fondos bibliográficos y disponer personal de atención, terminó enrareciéndose al pretender amarrarse a la recuperación conjunta de la Casona Silvino Rodríguez. Este último inmueble, que requiere una inversión multimillonaria para frenar su deterioro y cuya intervención está respaldada por un fallo judicial de acción popular, depende de un complejo trámite de recursos ante el Gobierno Nacional que hoy no ofrece ninguna certeza sobre su futuro ni sobre sus tiempos de ejecución. Asimismo, la propuesta de trasladar el Centro de Detención Transitorio representó una salida en falso emitida sin la debida concertación previa con la fuerza pública ni con la comunidad educativa vecina, obligando a un repliegue en silencio. Del mismo modo, las intenciones manifestadas a comienzos de septiembre para expedir una reglamentación estricta que frene el ruido de los exostos modificados y la peligrosidad de los piques nocturnos en las vías principales continuarán en entredicho mientras no se traduzcan en un decreto coercitivo que proteja la tranquilidad pública.
Nadie con sentido de realidad le exige al alcalde Rafael Acevedo que pavimente la totalidad de la red vial o que transforme la economía de la ciudad en sesenta días; la ciudadanía comprende que la recuperación de ejes colapsados como la Avenida Universitaria o la generación masiva de puestos de trabajo requieren recursos cuantiosos e inversiones de largo alcance, paciencia y tiempo. Pero lo que sí se le demanda con vehemencia es que ejecute de inmediato aquello que depende únicamente de una firma, de una instrucción clara a su gabinete o de la expedición de un acto administrativo de baja complejidad presupuestal. Proyectar la Tunja de los quinientos años es un ejercicio loable de prospectiva, pero la gobernabilidad del presente se construye resolviendo los problemas simples de la cotidianidad.
Finalmente, la responsabilidad social de la presente administración exige saldar una deuda innegociable con la verdad. Tunja no puede permitir que el tiempo eche tierra sobre la podredumbre administrativa dejada por el gobierno saliente de Mikhail Krasnov. Los ochenta y tres días de encargo transitorio ejercidos por María Paula Jiménez Gómez demostraron que en menos de tres meses es perfectamente posible documentar e informar a la opinión pública sobre anomalías graves en la contratación municipal, manejos turbios en convenios de la envergadura del suscrito con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías y falencias estructurales en los órganos de control interno. Guardar silencio o posponer indefinidamente la revelación integral de tales hallazgos promueve la impunidad y la desmemoria. La ciudadanía tiene el derecho irrenunciable a conocer la dimensión exacta del quebranto institucional que sufrió el municipio.
El margen para la contemplación ha llegado a su término. El alcalde Rafael Acevedo debe comprender que la nobleza de escuchar a la gente solo cobra sentido cuando se traduce en decisiones oportunas, cronogramas estrictos, proyecciones de hitos justamente para alimentar la verdadera medición y autoevaluación, y fechas de cumplimiento irrestricto. La planeación de la que legítimamente se precia solo será valorada por la historia si demuestra ser un instrumento para la acción inmediata y no el refugio elegante para posponer lo que puede replantearse de inmediato o en el corto plazo.
Tomado de Periódico El Tunjano