El tiempo ha puesto de manifiesto las dificultades de Colombia para consolidar una paz duradera. después de varios intentos de negociación, entre ellos el proceso de paz con el M-19 y el acuerdo suscrito en 2016 entre el Estado colombiano y las Farc-EP, persisten profundas heridas sociales, reclamos de las víctimas y desafíos en materia de justicia, reparación y garantías de no repetición.
Aunque el Acuerdo de Paz de 2016 representó una oportunidad histórica para poner fin a décadas de confrontación armada, su implementación ha enfrentado dificultades y cuestionamientos. Para amplios sectores de la sociedad, resulta difícil hablar de una paz consolidada mientras numerosas víctimas continúan esperando verdad, justicia, reparación integral y garantías efectivas para reconstruir sus vidas. Asimismo, el reconocimiento internacional otorgado al entonces presidente Juan Manuel Santos, quien recibió el Premio Nóbel de Paz en 2016, contrastó, para algunos críticos del proceso, con las expectativas aún insatisfechas de miles de víctimas. De igual manera, la participación política de antiguos integrantes de las Farc-EP, contemplada en el acuerdo, ha suscitado debates sobre el equilibrio entre la reincorporación política, la responsabilidad por los crímenes cometidos y los derechos de quienes padecieron la violencia.
La paz no puede medirse únicamente por la firma de un acuerdo ni por los reconocimientos concedidos a sus protagonistas. Debe evaluarse, ante todo, por sus resultados concretos: la protección de la vida, la seguridad de las comunidades, el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y la garantía de que los hechos violentos no se repitan.
Cuando el Estado no responde de manera efectiva a las demandas de justicia, se debilita la confianza ciudadana y se profundiza la percepción de desigualdad ante la ley. Una sociedad difícilmente puede alcanzar una convivencia estable si las víctimas sienten que sus derechos quedan relegados y que la responsabilidad por los daños causados no se determina de manera oportuna y efectiva.
La justicia es uno de los pilares fundamentales de un Estado social de derecho. No puede convertirse en una promesa distante ni en un simple faro que ilumina el horizonte sin conducir a puerto seguro. su función es orientar, proteger los derechos, establecer responsabilidades y ofrecer respuestas reales a quienes acuden a ella.
La paz verdadera no consiste en silenciar los fusiles mientras permanecen abiertas las heridas de la sociedad. Exige compromiso institucional, cumplimiento de los acuerdos, responsabilidad, verdad, reparación y garantías de no repetición. Los acuerdos no pueden terminar engavetados en los anaqueles de la historia ni reducirse a declaraciones de buena voluntad.
La paz debe materializarse en el bienestar colectivo, la igualdad ante la ley, la seguridad y el respeto por la dignidad humana. porque, mientras la justicia siga siendo un faro lejano para las víctimas, la paz continuará siendo una aspiración incompleta y no una realidad plenamente vivida por los colombianos.
𝑷𝒐𝒓: 𝑬𝒅𝒖𝒂𝒓𝒅𝒐 𝑺𝒖𝒂́𝒓𝒆𝒛 – 𝑨𝒃𝒐𝒈𝒂𝒅𝒐, 𝒂𝒄𝒂𝒅𝒆́𝒎𝒊𝒄𝒐 𝒚 𝒆𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓 𝑨𝒖𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒐 𝑬𝒍 𝒁𝒖𝒎𝒃𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑱𝒖𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝑷𝒐𝒔𝒑𝒂𝒏𝒅𝒆𝒎𝒊𝒂 – 𝑪𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐
Tomado de Periódico El Tunjano