Corte Suprema rechazó las solicitudes de nulidad. Foto: | Presidencia GOV
La Corte Suprema decretó el testimonio de Carlos Ramón González y otros exfuncionarios en el juicio contra seis congresistas por el escándalo de la Ungrd.
Por: William Marín • Colombia.com
El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) entra en una nueva fase judicial. La Corte Suprema de Justicia definió los testimonios que serán practicados durante el juicio contra seis congresistas y excongresistas investigados por su presunta participación en un esquema de intercambio de contratos públicos por actuaciones legislativas. Entre los llamados a declarar aparece Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien permanece prófugo de la justicia.
La decisión fue adoptada por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, que también resolvió los recursos y las solicitudes de nulidad presentados por las defensas. El proceso está relacionado con supuestos ofrecimientos de proyectos financiados con recursos de la Ungrd a cambio de respaldar operaciones de endeudamiento de la Nación durante 2023.
Carlos Ramón González y los demás funcionarios llamados a declarar por la Corte Suprema
Mediante una providencia de 667 páginas, con ponencia de la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa y participación de los magistrados Jorge Emilio Caldas y Blanca Nélida Barreto, la Sala de Primera Instancia determinó cuáles declaraciones serán incorporadas al proceso judicial.
Uno de los nombres que sobresale en la decisión es el de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro, cuya declaración fue decretada pese a que actualmente permanece prófugo de la justicia.
Además de González, el alto tribunal ordenó escuchar a otras personas que ocuparon cargos relevantes en el Gobierno y el Congreso durante el periodo investigado:
- Iván Name, expresidente del Congreso.
- Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes.
- Mauricio Lizcano, exministro.
- Jaime Ramírez Cobo, exasesor.
- Óscar Enrique Cárdenas.
La convocatoria de estos testimonios busca ampliar el material probatorio disponible para esclarecer las circunstancias en las que se habrían producido los presuntos ofrecimientos y acuerdos relacionados con los contratos de la Ungrd.
La decisión de decretar sus declaraciones no implica que todas las personas convocadas tengan la condición de acusadas dentro de este proceso ni constituye una determinación anticipada sobre la responsabilidad de los seis congresistas investigados.
¿Qué investiga la Corte Suprema en el caso Ungrd?
El juicio se adelanta contra seis congresistas y excongresistas señalados de haber participado, presuntamente, en un esquema para intercambiar actuaciones dentro de la Comisión de Crédito Público del Congreso por contratos financiados con recursos estatales.
Los procesados son:
- Wadith Manzur.
- Karen Manrique.
- Liliana Bitar.
- Julián Peinado.
- Juan Pablo Gallo.
- Juan Diego Muñoz.
De acuerdo con la hipótesis de la investigación, los legisladores habrían recibido ofrecimientos relacionados con proyectos de la Ungrd a cambio de respaldar operaciones de endeudamiento que la Nación pretendía adelantar ante entidades financieras internacionales.
Los hechos bajo examen corresponden a actuaciones de la Comisión de Crédito Público durante 2023, instancia legislativa encargada de sesionar y evaluar proyectos relacionados con el endeudamiento público.
La Corte deberá establecer, a partir de las pruebas que se practiquen y debatan durante el juicio, si existieron los acuerdos investigados y cuál habría sido la participación individual de los procesados. Hasta que se adopte una decisión judicial de fondo, debe preservarse su presunción de inocencia.
José Roberto Acosta y Mauricio Gómez Amín también rendirán testimonio
Otra de las decisiones relevantes de la providencia es la ampliación del testimonio de José Roberto Acosta, exdirector de Crédito Público, quien ha manifestado públicamente que integrantes de la Comisión de Crédito Público ejercieron presiones indebidas sobre el Gobierno para el desarrollo de las funciones de esa instancia legislativa.
Su nueva declaración permitirá profundizar en los hechos que conoce e incorporar su versión al conjunto de pruebas que serán examinadas durante el juicio.
Por otra parte, la Corte aprobó el testimonio del actual ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, atendiendo una solicitud presentada por la defensa de la representante Karen Manrique.
La Sala consideró pertinente su declaración debido a que Gómez Amín integró la Comisión de Crédito Público durante 2023, periodo al que corresponden las actuaciones objeto de investigación.
De esta manera, el tribunal contará con testimonios de personas que desempeñaron funciones en distintas instancias del Gobierno y el Congreso, con el propósito de reconstruir el contexto en el que se habrían presentado las irregularidades denunciadas.
Corte Suprema rechazó las solicitudes de nulidad de las defensas
La providencia no se limitó a decretar testimonios. La Sala de Primera Instancia también rechazó las solicitudes de nulidad formuladas por los procesados, entre ellas las presentadas por la defensa de Wadith Manzur.
Sus abogados habían planteado posibles vulneraciones de garantías procesales relacionadas con el juez natural y el traslado de documentos, entre otros aspectos del procedimiento.
El alto tribunal también desestimó los cuestionamientos formulados por varias defensas contra la participación de los conjueces Jesús Alfredo Rey y Javier Fonseca. Los abogados argumentaban que ambos habían respaldado la medida de encarcelamiento preventivo contra Manzur y Manrique sin conocer suficientemente el expediente y en un periodo que consideraban demasiado corto.
Frente a estos reparos, la Corte explicó que la formación del criterio judicial no exige que cada integrante de la Sala realice una lectura idéntica y exhaustiva de todos los documentos, pues el conocimiento necesario para decidir también se construye mediante el estudio del proyecto y la deliberación colegiada.
“Cada magistrado o conjuez que integra la Colegiatura, a efectos de la deliberación del proyecto, conoce los aspectos necesarios para decidir y formar autónomamente su criterio. Lo que el ordenamiento no impone es la lectura directa, idéntica y exhaustiva de cada folio del expediente por todos los integrantes: el conocimiento suficiente puede formarse mediante el proyecto, la deliberación y el debate colegiado de los 8 miembros que integraron la Sala”, indicó la Sala.
Adicionalmente, la providencia señaló que buena parte de los argumentos expuestos por las defensas reiteraban cuestionamientos formulados en recursos anteriores que ya habían sido rechazados por la Sala de Instrucción.
¿Cuándo continuará el juicio por el escándalo de la Ungrd?
La siguiente etapa procesal está prevista para el martes 20 de octubre de 2026, fecha señalada para el inicio de la audiencia preparatoria.
Durante esta diligencia se abordará la definición de las pruebas que serán incorporadas y practicadas en el proceso, antes de avanzar hacia la audiencia de juzgamiento.
Con los testimonios decretados y las solicitudes de nulidad rechazadas, la Corte Suprema continúa el trámite del expediente que busca esclarecer si los seis congresistas y excongresistas participaron en un supuesto intercambio de contratos de la Ungrd por actuaciones relacionadas con la aprobación de operaciones de crédito público.
El juicio será determinante para establecer las responsabilidades individuales y valorar las declaraciones de los exfuncionarios y demás testigos convocados, en uno de los capítulos judiciales derivados del escándalo de corrupción de la entidad.
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