Hay una forma soterrada de corrupción que ocurre después del delito y es aquella que consigue convertirlo en paisaje, porque primero aparece el escándalo, luego la denuncia, las declaraciones, las explicaciones y los debates; después llega el cansancio y la noticia pierde espacio, cambia de página o desaparece de la conversación y lo que ayer provocaba indignación termina generando indiferencia convirtiendo la coima en «irregularidad», el desfalco en «controversia administrativa», el contrato amañado en «presuntas inconsistencias» y la mentira, repetida con suficiente aplomo, termina compartiendo espacio con la verdad.
Así comienza la normalización y Colombia lleva décadas padeciendo corrupción, desfalcos, contratación amañada y abuso del poder público desde distintas orillas políticas y el problema no pertenece precisamente a una ideología, pero el dinero público tampoco toda vez que una coima de derecha sigue siendo una coima; un desfalco de izquierda también y un contrato manipulado merece el mismo escrutinio sin importar quién lo haya firmado, porque la ética pública no puede depender de la camiseta política de quien administra los recursos.
En algunos medios de alta sintonía y poder económico, la discusión terminó reemplazando al análisis, la confrontación al argumento y el extremismo a la lógica, porque todo se presenta en clave de bandos, de enemigos, de unos contra otros, como si la única manera de mantener despierta a una audiencia fuera enfrentar permanentemente a dos personajes, dos opiniones o dos orillas y qué decir de la carnicería de las redes sociales que ya tocaron fondo hace mucho tiempo; pero eso también se normaliza.
La lógica y la ética parecen haber pedido vacaciones ya que importa menos comprender lo ocurrido que saber quién atacó a quién, quién respondió, quién se molestó y qué dijo después, es decir, la controversia se volvió contenido, la indignación se convirtió en formato y la confrontación, en una rentable manera de mantener la atención, y es precisamente ese escenario, la manera como algunos medios cuentan los hechos que adquiere una responsabilidad mayor.
Pero hay algo todavía más preocupante y es la manera como publican estos hechos, porque la forma de narrar una noticia también determina el lugar que esa noticia ocupa en la conciencia del ciudadano. La palabra es importante; el titular es importante; el orden de la información es importante; y el tono también es determinante.
Pensemos en una escena que se ha vuelto demasiado familiar. Un periodista anuncia: «La Fiscalía imputó cargos a fulano de tal por el entramado de corrupción al interior de esa entidad». La frase dura unos segundos y después viene un comentario casi rutinario: «Bueno, eso ya se sabía; ahora hablemos de la llegada de James al Nacional». Ahí está el problema, porque un entramado de corrupción que compromete recursos públicos, instituciones y responsabilidades penales recibe exactamente el mismo tratamiento fugaz que una noticia deportiva, sin querer decir que la noticia del deporte no sea importante. Es decir, se entrega la información con una rapidez casi administrativa, como si hubiera que cumplir con el trámite y pasar inmediatamente al siguiente asunto, y la noticia sobre corrupción dura lo mismo que tarda la indignación.
«La Fiscalía imputó cargos.» «Se investiga un millonario contrato». «Hay denuncias por presuntas irregularidades». Y enseguida viene el espectáculo cotidiano al que también nos hemos acostumbrado: «¿Qué dijo este de aquel?», «¿Y usted qué opina de lo que aquel dijo de usted?», «¿Qué responde a las declaraciones de…?» Y así comienza el desfile perfectamente previsible de confrontaciones: un personaje de un extremo frente a otro del extremo contrario, puestos a discutir frente a los micrófonos como si el oyente necesitara descubrir qué va a decir cada uno del otro.
El uno cuestionará al otro, el otro responderá, vendrá la réplica, después la contrarréplica y, con suerte, habrá material suficiente para ocupar el siguiente bloque informativo aludiendo que: “Aquí escuchamos a todos y le damos micrófono a las dos caras de la moneda para que opinen” y, mientras tanto, la investigación sobre el contrato, el dinero comprometido, las cuentas que saquearon, las empresas que quebraron, los documentos, los responsables, las entidades que debían vigilar, juzgar, castigar, penalizar y las consecuencias para los ciudadanos queda relegada.
No afirmo que toda exageración periodística constituya complicidad, porque eso sería injusto, y es que existen presiones comerciales, competencia por la audiencia, rutinas editoriales, precariedad laboral y errores profesionales que también explican determinadas decisiones, pero cuando la repetición de esas prácticas consigue que el ciudadano deje de dimensionar la gravedad de la corrupción, vale la pena hacer una pausa y preguntar qué responsabilidad tiene el periodismo en ese acostumbramiento, porque el periodista no administra únicamente información, sino que administra o manipula la atención pública.
El problema se vuelve todavía mayor cuando todo termina interpretándose desde la disputa ideológica. Si el acusado pertenece al sector que simpatiza con nosotros, aparecen las explicaciones, pero si pertenece al sector contrario, aparecen las condenas y así, un acto que debería analizarse desde la ética pública y periodística, la evidencia y la ley, termina convertido en una batalla de hinchadas.
Repito una y otra vez que robar recursos públicos no tiene ideología, mentir para ocultar un hecho tampoco, pagar o recibir una coima menos, manipular una contratación tampoco y desfalcar el patrimonio colectivo es repugnante; por eso la prensa tiene una tarea elemental que consiste en incomodar al poder, cualquiera que sea su procedencia, y llamar cada cosa por su nombre, sin condenar anticipadamente, pero tampoco maquillando los hechos a su acomodo, como si las audiencias fueran brutas.
El mayor triunfo de la corrupción quizá no ocurre cuando consigue apropiarse del dinero público, sino cuando consigue que la sociedad deje de sorprenderse, cuando desaparecen millones y alguien responde: «Otra vez lo mismo», cuando aparece una investigación y la reacción inmediata es: «Eso nunca va a pasar nada», cuando la denuncia se convierte en meme antes de convertirse en investigación, cuando el ciudadano termina creyendo que todos roban, todos mienten y nada puede cambiar y peor aún cuando el cambio es más de lo mismo o cuando vemos con impotencia y rabia sostenida, cómo los violadores, asesinos, secuestradores, corruptos y narcotraficantes tienen camionetas y esquemas de seguridad pagados con los impuestos del pueblo y lo peor; ocupan las curules donde se les llama a lista con el apelativo de “Honorables”… País de locos…
Ahí, la impunidad deja de ser solamente un problema de quienes delinquen y comienza a convertirse en un problema cultural; por eso, colegas periodistas, no necesitamos más escándalo, sino más periodismo. Menos «¿Qué dijo este de aquel?» y más «¿Qué dicen los documentos?» Menos confrontación prefabricada y más investigación. Menos adjetivos y más evidencia. Menos indignación selectiva y más principios. Menos titulares diseñados para incendiar la conversación y más investigaciones capaces de explicarla.
Que nos quede claro que un soborno es un soborno, un desfalco es un desfalco y una mentira sigue siendo una mentira, aunque la protagonice el político de nuestras simpatías porque en Colombia, la corrupción cambia de nombre según el partido del acusado y la indignación se administra según la conveniencia. En últimas, el dinero público no tiene ideología ni dueño: pertenece a los ciudadanos y quien lo saquea es un corrupto; quien lo encubre, su cómplice; y quien lo justifica por fanatismo político, renuncia a toda autoridad moral para exigir honestidad, progreso, bienestar y transparencia.
Por: José Ricardo Bautista Pamplona
Tomado de https://www.lapalestra.com.co/