Los últimos movimientos de la veeduría de Tunja que se creó recientemente fue la radicación de unos derechos de petición ante la Contraloría General de la República, departamental de Boyacá y municipal de Tunja, para que alleguen la copia de la reglamentación del ejercicio del control fiscal a la contratación, en los tres momentos que impuso la ley 80 de 1993 en su artículo 65 y que fue ratificado en 2021, puesto que dicen los veedores, los entes de control no han venido cumpliendo con ese mandato legal.
Deberían hacer el control a los contrataos una vez firmados los mismos, no a todos los contratos pero si a una muestra tomada y correspondiente a un periodo determinado sea mensual, bimensual o hasta semanal. Debe hacerse ese control, dice Leonel Buitrago, uno de los integrantes de la Veeduría, quien asegura que, “los grandes responsables de la corrupción en Colombia son los entes de control por no cumplir con la función de control y vigilancia de los recursos públicos”.
También se formularon los derechos de petición para las oficinas de control interno de gestión de la Gobernación y del municipio de Tunja, porque la misma ley les impone la obligación de ejercer el control previo a la contratación en el entendido que les corresponde verificar la necesidad que se va a satisfacer con ese contrato, y que se cumplan con todos los procedimientos de las etapas precontractual, contractual y postcontractual.
Estos derechos fueron radicados, para la Contraloría General y de Boyacá fue hace 20 días que se radicaron los derechos de petición, con respecto a las oficinas de control y la Contraloría de Tunja se radicaron la semana anterior.
Se necesita conocer las respuestas que entreguen, porque hasta donde tienen conocimiento los veedores, las Contralorías no tienen reglamentado el cumplimiento de este mandato constitucional y legal, por eso, luego de recibir las respuestas, las analizarán y de ser necesario interpondrán una acción de cumplimiento para que sean obligadas a cumplir con la ley.
Lo que presumen los veedores es que se necesita integral y articular el control fiscal entre las contralorías, las oficinas de control interno, las veedurías que hacen control social, las personerías y las demás entidades que deben proteger esos recursos públicos, por lo que el primer paso es articularlas para cumplir con los mandatos.
“En Colombia, los grandes corresponsables y cómplices de la corrupción son las contralorías y Oficinas de Control, y su ausencia de control fiscal”, dice Buitrago, pues los medios y alcances que tienen estas entidades no las tienen las veedurías en los territorios, a los veedores les corresponde un control social pero se hace sin ánimo de lucro y con las herramientas que cualquier ciudadano puede tener.
Aseguran que si las Contralorías hicieran un control de verdad a los contratos se podría evitar daños patrimoniales, ese es el primer momento donde se puede verificar si existe la necesidad que se puede satisfacer y a qué costo, por eso se podría eliminar al máximo la corrupción.
Escrito por: LORENA QUINTANA
Tomado de https://ultimahoraboy.com/