Tunja, una de las ciudades más antiguas de América, se derrumba ante nuestros ojos mientras las autoridades simulan que todo está bien.
La situación del patrimonio inmueble del Centro Histórico es crítica, por no decir terminal. Buena parte de las casonas coloniales que componen el corazón de la ciudad están en avanzado estado de deterioro, y la posibilidad de intervenirlas o conservarlas se ha convertido, literalmente, en una fantasía impagable.
La raíz del problema es tan simple como desoladora: no hay plata. Solo la actualización del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), que es el instrumento mínimo para empezar a hablar en serio sobre la protección del patrimonio, cuesta cerca de $4.000 millones. El municipio no tiene ese dinero. No lo tiene para la actualización del PEMP, mucho menos para ejecutar obras de restauración que podrían costar cientos de miles de millones. Entonces, ¿qué se está haciendo? Nada. Se deja que las casas colapsen solas, como si se tratara de un proceso natural, inevitable, sin culpables.
El marco normativo actual exige que cualquier intervención sobre inmuebles patrimoniales cumpla con estrictos requisitos de conservación. No basta con apuntalar una pared o cambiar un techo: se debe hacer una intervención completa, con técnicas tradicionales, materiales originales, asesoría especializada y permisos casi imposibles de obtener. Todo eso cuesta una fortuna. En otras palabras, hoy en Colombia conservar una casa patrimonial es un lujo que ni los propietarios ni el Estado pueden pagar.
Esta desconexión entre la norma y la realidad territorial ha generado una paradoja tan absurda como dolorosa: las reglas que pretenden proteger el patrimonio están contribuyendo a su desaparición. Ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos y de asumir los costos, muchos propietarios prefieren dejar caer sus inmuebles antes que iniciar una obra de restauración. Y no es por desidia ni maldad. Es que el sistema actual los obliga a elegir entre la ruina o la quiebra.
A este panorama ya complejo se suma el precedente frustrante de la casa Eduardo Santos. En este inmueble histórico se invirtieron miles de millones de pesos para su restauración. La expectativa era alta: se abriría al público, se convertiría en un referente cultural, albergaría exposiciones permanentes. ¿Y qué pasó? Se abrió unas semanas durante el Festival Internacional de la Cultura Campesina 2024… y luego se cerró. Otra vez. Desde entonces, permanece como un monumento al despilfarro. ¿Cómo pueden los administradores de lo público, con tantas necesidades por resolver en los territorios, darse el lujo de invertir cifras multimillonarias en una casa que no se usa? ¿No sería más coherente darle un uso permanente?
La casa Eduardo Santos podría ser muchas cosas: la sede de una escuela de música que Tunja no tiene, un museo vivo que cuente la historia material e inmaterial de ese lugar, un centro de formación artística o un recinto de exposiciones itinerantes. Pero no: es un cascarón costoso y vacío. Y mientras eso ocurre con los inmuebles ya restaurados, los que están en ruinas siguen esperando su turno, que tal vez nunca llegue.
Lo más grave de todo es que no existe un plan. Ni para la actualización del PEMP, ni para la recuperación progresiva de los inmuebles, ni para definir qué uso tendrán las casas que logren salvarse. La restauración, cuando ocurre, no viene acompañada de un proyecto de sostenibilidad. Y así es como terminamos gastando miles de millones para revivir un bien que en meses vuelve a ser invisible para la ciudadanía.
La preservación del patrimonio no debería ser un capricho romántico, sino una estrategia integral de desarrollo. Pero para eso, se necesita voluntad política, recursos reales, y sobre todo, una actualización normativa urgente que entienda las condiciones económicas de los territorios. No podemos seguir aplicando las mismas reglas de Cartagena o Bogotá en ciudades como Tunja, donde el presupuesto no alcanza ni para tapar huecos.
La historia de Tunja está escrita en sus piedras, en sus balcones de madera, en sus muros de adobe. Si dejamos que esas casas se caigan, no solo perdemos edificios: perdemos memoria, identidad, sentido de pertenencia. Y lo peor es que estamos perdiendo todo eso no por ignorancia, sino por la imposición de normas absurdas y el desgobierno permanente.
El tiempo se agota. Si no se actúa ya, con sensatez, con estrategia, con visión a largo plazo, Tunja se convertirá en una postal del pasado: bonita en fotos viejas, irreconocible en la vida real. Y cuando eso ocurra, no habrá discurso, ni ley, ni plan que nos devuelva lo que dejamos caer por negligencia, indiferencia y desidia institucional.
Tomado de: Periódico El Tunjano