La reunión del pasado 25 de julio entre la Secretaría de Educación y los contralores estudiantiles de Tunja podría haberse interpretado como un gesto de apertura y escucha hacia los jóvenes que ejercen veeduría sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Pero no. Lo cierto es que la administración municipal solo se dio por aludida después de que estos estudiantes expusieran, ante el Concejo de Tunja, las falencias del programa. Y no fueron denuncias menores: pan viejo, presencia de insectos en la comida y una proliferación de productos ultraprocesados en las tiendas escolares. Que hayan sido los estudiantes quienes lo relataran, con la timidez propia de quien se atreve por primera vez a levantar la voz, ya de por sí es admirable. Pero el gesto valiente de hablar fue recibido con desdén.
La reunión posterior se organizó casi en secreto. La invitación fue privada, dirigida solo a los contralores estudiantiles. No se compartió con los medios de comunicación, y aquellos periodistas que nos enteramos de su existencia recibimos el mensaje implícito de que no éramos bienvenidos. Que era un encuentro «íntimo», en un espacio “reducido”, y que por lo tanto, lo mejor era no asistir. No hubo transmisión pública, no hubo registros abiertos, no hubo intención de transparencia.
Y sin embargo, el secretario de Educación, Daniel Moreno Álvarez, no tardó en salir a culpar a los medios. Según él, la situación fue «agrandada» por la prensa. Que fueron los periodistas quienes exageraron los relatos de los estudiantes. Pero ni siquiera tuvo la honestidad de señalar qué medios fueron, ni de qué manera supuestamente deformaron la información. Lo único claro es que la Alcaldía busca el camino más fácil: culpar al mensajero, en lugar de asumir la responsabilidad de un programa que viene arrastrando críticas desde hace rato.
En honor a la verdad, y para que no hubiese tergiversaciones, algunos medios, como en el que se publica esta columna, optamos por citar textualmente a los estudiantes (https://acortar.link/LgWOKs). Precisamente para evitar cualquier matiz que pudiera usarse luego como excusa. Lo que se denunció fue grave, y lo fue en boca de quienes a diario consumen esa alimentación. Resulta entonces inaceptable que, en lugar de reconocer los problemas, la administración insista en una narrativa de victimización institucional, acusando a los medios de generar un problema que ya existía.
Más preocupante aún es que, transcurridos siete meses del año, no se hubiera adelantado ni una sola reunión entre estudiantes y autoridades para hacer seguimiento al PAE. ¿Qué clase de gestión es esa? ¿Qué tanto interés puede tener una Secretaría de Educación que ni siquiera se había sentado con los estudiantes hasta que estos decidieron hablar ante el Concejo? El mensaje es claro: mientras todo se mantenga callado, todo está bien. Pero basta con que alguien levante la mano para que empiece la cacería de culpables.
Y el patrón se repite. Quien escribe esta columna recuerda cómo en alguna reunión con comerciantes informales, realizada en el Hoyo de La Papa, se me pidió no grabar, a lo cual accedí, incluso en contravía de mis intereses, en aras de no crispar un encuentro que de por sí ya era tenso. Esa conducta sistemática de restringir el acceso a la información, de blindar los espacios deliberativos, de evitar el escrutinio público, no puede seguir siendo una constante en una administración que se llena la boca hablando de puertas abiertas.
Resulta hipócrita que los funcionarios, recién posesionados, repitan el discurso de que todo el mundo tiene su número, que siempre están disponibles, que son aliados de la comunidad y de la prensa. Pero bastan unos meses para que no respondan ni a ciudadanos, ni a concejales, ni a periodistas. De puertas abiertas, nada. Lo que hay es un cerrojo informativo, sectario y malintencionado.
¿No sería más transparente permitir la entrada de los medios a estas reuniones? ¿O incluso transmitirlas en directo, para que cada quien se forme su propio criterio? En vez de eso, se opta por manipular a los jóvenes asistentes, inculcarles que los medios son los malos del cuento, y promover una versión oficial sesgada, unilateral, diseñada para proteger la imagen de una administración que prefiere el silencio a la crítica.
No se trata solo de que quieran acallar a los estudiantes. Lo que molesta a la administración es que se hayan atrevido a hablar antes de que les dieran permiso. Y una vez expuesto el problema, la reacción no fue atenderlo, sino culpar a quienes lo dieron a conocer. Es una conducta que revela una profunda incomodidad con la fiscalización ciudadana, una molestia con la libertad de prensa, y un desprecio por la inteligencia de quienes, pese a su juventud, ya entienden que la democracia no se ejerce en secreto.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tomado de: Periódico El Tunjano