Hace unos días, el presidente Gustavo Petro lanzó una frase que despertó curiosidad y hasta simpatía: “dan ganas de irse a vivir a Tunja”. Lo dijo al destacar a la capital boyacense como una de las ciudades más seguras de Colombia, con una tasa de homicidios tan baja que, según sus propias palabras, puede compararse con la de cualquier ciudad europea o estadounidense.
No le falta razón. La tasa de homicidios actual de Tunja se ubica en 1,1 por cada 100.000 habitantes, un registro extraordinariamente bajo, incluso en comparación con contextos internacionales. Sin embargo, aquí es donde la precisión y la memoria histórica son necesarias: esa baja criminalidad ha sido siempre una característica de la capital boyacense.
Basta revisar los registros públicos del Instituto Nacional de Medicina Legal de los últimos seis años, que son sobre los que existe posibilidad de consulta en su sitio web. En 2022, la tasa fue la más alta de ese período, con 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2023 y 2024, la cifra descendió a 3,5 por cada 100.000. Hoy, transcurridos siete meses y medio de 2025, la ciudad marca el punto más bajo de ese ciclo. En otras palabras: el dato es positivo, pero no extraordinario. Lo cierto es que Tunja, históricamente, mantiene indicadores criminales bajos, tanto en homicidios como en delitos como lesiones personales, hurto a personas o hurto a residencias. En términos de seguridad, Tunja sigue siendo la envidia de muchas capitales departamentales y un referente de ciudad tranquila en Colombia.
El comentario presidencial fue rápidamente aprovechado por el alcalde Mikhail Krasnov, quien salió en redes sociales a sacar pecho por lo que llamó un resultado “histórico”. El problema es que no lo es. Ni se trata de un hecho inédito ni obedece a alguna decisión diferencial de su administración. Como lo han hecho sus antecesores, Krasnov ha entregado cámaras de seguridad, drones, patrullas y motocicletas a la Policía Metropolitana, pero eso no es ni novedoso ni exclusivo de su gobierno. El verdadero sustento de la seguridad tunjana está en el trabajo constante de la Policía, en los diagnósticos y rutas de atención, y en la cultura ciudadana que caracteriza a los tunjanos, más que en los discursos del alcalde de turno. El riesgo de esta apropiación discursiva es que, así como hoy Krasnov presume cifras que no le corresponden, mañana será señalado cuando ocurran nuevos homicidios, aun cuando tampoco sean responsabilidad directa suya.
Petro tuvo razón en otra afirmación: la paz de Tunja no se ha construido a partir de acuerdos mafiosos. Pero esa paz puede ser frágil si la administración local insiste en desconocer problemáticas que sí merecen atención urgente. En el barrio El Consuelo, un ciudadano decidió tomarse la justicia por mano propia, y la Alcaldía ha brillado por su ausencia. Los ataques intempestivos de habitantes de calle como alias “Arcadio” y alias “Xiomara” también se han convertido en una habitual preocupación de muchos ciudadanos que miran con impotencia la incapacidad del sistema para garantizar los derechos no solo de los inimputables sino de todos los ciudadanos. En las redes sociales, la misma administración ha promovido ataques orquestados contra críticos, sembrando división y escalando un tipo de violencia simbólica que tarde o temprano repercute en la convivencia real. Así como en medio del concierto de Jhon Alex Castaño hizo uso de la palabra para pacificar a las masas, así mismo tendría que actuar el Alcalde para poner freno a quienes amedrentan y destruyen a otros ciudadanos vía redes sociales, simplemente por imponer narrativas que no se compaginan con la realidad. Y en violencia intrafamiliar, Tunja no exhibe mejoras verificables, y allí sí hay un terreno fértil para un verdadero cambio histórico…
Más allá de cifras frías, la seguridad también se construye en la capacidad de prevenir estos brotes de violencia cotidiana y de liderar procesos de reconciliación comunitaria. Otro frente en el que la administración local necesita reflexión es el de la llamada “recuperación del espacio público”. Retirar vendedores informales del centro histórico puede sonar popular, pero no equivale a mejorar la seguridad. La experiencia demuestra que los espacios públicos más seguros son aquellos apropiados socialmente, no los que se contemplan desde la distancia como si fueran obras de museo. El Bosque de la República, por ejemplo, no se hace más seguro ni más bello porque se desaloje. Un espacio vivo y habitado garantiza mucho más que un lugar vacío.
Reconocer la baja tasa de homicidios en Tunja no debería significar caer en el triunfalismo ni en la manipulación política. Sí, es un logro importante mantener la ciudad con índices envidiables, pero no es un milagro histórico de ningún gobernante en particular. Es una constante de su cultura y de su institucionalidad. El Acalde debería entender que su papel no es alardear con resultados que no le corresponden, sino trabajar en los temas donde Tunja todavía tiene deudas: violencia intrafamiliar, convivencia en redes sociales, recuperación positiva del espacio público y control de los brotes de justicia por mano propia.
Tomado de: Periódico El Tunjano