Colegio de Boyacá – Página Oficial del Colegio de Boyacá
El reciente informe de la Contraloría Municipal sobre el Colegio de Boyacá debería estremecer a la ciudadanía tunjana. No hablamos de rumores, ni de denuncias aisladas: se trata de un documento oficial de más de 170 páginas que recoge 21 hallazgos administrativos, de los cuales siete tienen presunto alcance fiscal, con un detrimento superior a los 344 millones de pesos, y cuatro podrían derivar en sanciones disciplinarias. Para una institución educativa, que debería tener como único norte la formación de nuevas generaciones, estas cifras no son menores: son una señal de alarma.
El Colegio de Boyacá no es una institución cualquiera. Es un símbolo, un referente histórico y académico que durante más de siglo y medio ha representado a Tunja, a Boyacá y al país entero. Se le llama con razón “el glorioso”, porque de sus aulas han salido presidentes, científicos, artistas, deportistas y ciudadanos que marcaron la vida nacional. Sin embargo, hoy ese legado está en entredicho por decisiones administrativas que parecen más cercanas al clientelismo político que a la gestión educativa responsable.
Resulta inevitable recordar las palabras del alcalde Mikhail Krasnov en su discurso de posesión, cuando prometió acabar con la politización y con el uso del Colegio de Boyacá como trampolín de la burocracia. Fue un mensaje que ilusionó a muchos y que parecía marcar un cambio de rumbo. Hoy, meses después, el panorama muestra exactamente lo contrario: el “glorioso” ha sido reducido, más de lo acostumbrado, a ser un botín de contratistas y cuotas políticas, confirmando que aquel juramento no fue más que retórica de campaña. Si esto es lo que Krasnov entiende por “acabar con la politización”, más le valdría no haber tocado nunca la puerta de la institución.
Los hallazgos descritos por la Contraloría dejan al descubierto un panorama desolador: contratos entregados a dedo, capacitaciones pagadas por millones que en realidad se ofrecen de manera gratuita en plataformas públicas, adquisición de programas informáticos por 95 millones de pesos sin que exista la capacidad técnica para instalarlos, profesores contratados sin carga académica y hasta un subdirector que, presuntamente, devengaba dos salarios del Estado de manera simultánea. A ello se suman maniobras financieras tan riesgosas como destinar más de 561 millones de pesos a un fondo de inversión colectiva, una acción que nada tiene que ver con la misionalidad educativa de la institución.
Quien intente relativizar estos hechos bajo el argumento de que “no son cifras escandalosas” se equivoca de plano. En un colegio público, cada peso cuenta. Por ejemplo, con los más de 4 millones reportados como presunto hallazgo fiscal, relacionado a la entrega de becas de indebida manera, se pueden mejorar aulas, o dotar laboratorios o adquirir materiales pedagógicos; con 95 millones se puede transformar la experiencia educativa de cientos de estudiantes. Minimizar estas irregularidades es normalizar la corrupción en sus expresiones más dañinas: aquellas que erosionan la confianza ciudadana y comprometen el futuro de los jóvenes.
La politización del Colegio de Boyacá, denunciada por concejales, padres de familia, periodistas y uno que otro valiente ciudadano, parece haberse convertido en la regla. El establecimiento público más querido de Tunja corre el riesgo de ser reducido a un simple fortín electoral, manejado con la lógica del “favor político” y no con el rigor que exige la educación pública. Si esa tendencia se mantiene, lo que hoy es un orgullo colectivo puede convertirse mañana en un ejemplo vergonzoso de cómo la politiquería arruina instituciones que deberían estar blindadas de intereses particulares.
La pregunta de fondo es simple: ¿Qué clase de ciudad queremos construir? Una que permite que la corrupción se normalice con contratos “menores”, o una que defiende con firmeza sus instituciones más preciadas. El Colegio de Boyacá merece más que discursos vacíos y gestiones amañadas; merece transparencia, planeación y, sobre todo, respeto por su historia y por los miles de estudiantes que confían en su formación.
Tunja debe reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Porque no se trata solo de un informe contable: se trata de la dignidad de la educación pública en nuestra ciudad.
Tomado de: Periódico El Tunjano