Las rendiciones de cuentas son, sin duda, un ejercicio fundamental en toda administración pública. No sólo porque la ley lo exige, sino porque constituyen una de las herramientas más importantes para garantizar la transparencia y el control ciudadano sobre la gestión de los gobernantes. Son, o deberían ser, un espacio auténtico de diálogo con las comunidades, una oportunidad para evaluar avances, reconocer errores y trazar caminos conjuntos hacia soluciones reales.
Sin embargo, lo que en teoría debería ser un ejercicio de apertura y participación, en la práctica ha terminado convertido, una vez más, en un espectáculo predecible, acartonado y profundamente distante de la ciudadanía. Lo que vimos en la más reciente rendición de cuentas de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Tunja fue prácticamente lo mismo que ya se había visto en anteriores administraciones: un show orquestado en el que se presentan cifras infladas, imposibles de contrastar por el público, acompañadas de aplausos enlatados y comentarios complacientes.
El formato es idéntico. Un informe larguísimo leído por el mandatario o alguno de sus funcionarios, mientras el público apenas escucha pasivamente, sin oportunidad real de cuestionar o pedir aclaraciones. Las preguntas, lejos de ser espontáneas o libres, se deben entregar por escrito al equipo de prensa mientras el Alcalde habla. Al final, se seleccionan unas cuantas para ser leídas, supuestamente al azar.
Y aunque confiamos en la buena fe de la oficina de prensa de la Alcaldía, también tenemos el derecho, y el deber, de dudar sobre los filtros que puedan imponerse a esas preguntas. ¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que se leen todas las inquietudes? ¿Qué pasa con las preguntas incómodas o con las que tocan temas espinosos como los contratos, las obras inconclusas o la mala calidad de las intervenciones viales?
No sorprende entonces que estos ejercicios institucionales tengan tan poca acogida entre los ciudadanos, ni que despierten tan poca credibilidad. La gente los percibe, con razón, como montajes comunicacionales para mostrar una gestión supuestamente impecable. Pero en el fondo, todos sabemos que no hay tal. El ciudadano promedio, y con frecuencia también concejales y periodistas, no cuenta con la información ni con los medios para contrastar esas cifras que se lanzan con tanto triunfalismo.
Lo más preocupante es que detrás de esa aparente “participación”, se intenta consolidar una narrativa de éxito que se apoya en comentarios de perfiles falsos o de dudosa credibilidad en redes sociales, mezclados con otros reales, pero que provienen de militantes o contratistas del propio gobierno local. Opiniones sesgadas, más movidas por el activismo, el fanatismo o la necesidad de que se renueve un contrato de prestación de servicios, que por el interés en una evaluación objetiva de la realidad.
Veamos un ejemplo concreto: en la rendición de cuentas se habló de la inversión en salones comunales. Pero habría que preguntarse por qué la Alcaldía destina recursos a estudios técnicos de varios salones que ya cuentan con licencia de construcción otorgada por la Curaduría. ¿No es eso duplicar gastos? ¿No es gastar, literalmente, la plata de los ciudadanos en “estudios de estudios”?
Y no se trata de negar que se hacen cosas. Claro que hay parcheos en las vías y algunas reparaciones menores, y eso la gente lo nota y lo agradece. Pero también es cierto que esos arreglos se hacen igual que en tiempos de Fúneme o de Cepeda: sin rigurosidad ni control de calidad. Por eso duran tan poco. Ahí está la Avenida Universitaria, por ejemplo, que fue intervenida y al poco tiempo volvió a mostrar los mismos daños.
Sería interesante saber si alguien preguntó por esas deficiencias durante la rendición de cuentas. Si alguien cuestionó, por ejemplo, por qué las obras de la Carrera Séptima dejaron alcantarillas taponadas, parcialmente, con restos de asfalto, o por qué se demolieron graderías enteras en el polideportivo del barrio San Francisco para levantar una cubierta que, si bien quedó bien construida, ahora carece de espacios para el público y para el encuentro comunal.
En el barrio Libertador pasa algo similar. Se hizo una cubierta nueva, pero se sacrificaron zonas de baños y camerinos. Obras “a medias” que se presentan como logros, cuando en realidad son soluciones incompletas y problemas a futuro.
Lo más lamentable, sin embargo, no es sólo la mala ejecución, sino la actitud de algunos seguidores del alcalde Mikhaíl Krasnov. Esa “fanaticada bravucona” que en lugar de exigirle a la administración que cumpla, se dedica a insultar, amenazar o presionar a los presidentes de Juntas de Acción Comunal para que sean ellos quienes terminen de construir las obras que, por ley, le corresponden al municipio. Una actitud inaceptable que raya en el abuso y en el punto más álgido del ridículo que propician los insanos fanatismos.
También preocupa que muchas comunidades se vean forzadas a reasignar los recursos de los presupuestos participativos para corregir errores o rehacer trabajos mal hechos por la administración. Eso, además de injusto, es absurdo.
Y mientras tanto, el alcalde se escuda en su aparente desconocimiento del español para argumentar que no se puede hablar de “subsanas errores”, porque según él, no es la palabra correcta. Más allá de los tecnicismos lingüísticos, lo que hay son daños concretos y visibles como parte de las obras que se realizan durante su administración: graderías demolidas, alcantarillas obstruidas, zonas deportivas inutilizables. Pero claro, siempre será más fácil culpar a la comunidad o al contratista que asumir la responsabilidad institucional.
A esto se suma la falta de claridad sobre la interventoría en varias obras, como la del polideportivo del Libertador, cuya cubierta, paradójicamente, no cubre del todo. ¿Para qué se hacen diseños si luego se permiten errores tan graves? ¿Quién responde por eso?
Todo esto nos lleva a una conclusión: las rendiciones de cuentas, tal y como se están haciendo, no sirven. No son ejercicios de transparencia ni de evaluación ciudadana. Son, más bien, rituales de autoelogio.
La solución no es abolirlas, sino transformarlas. En vez de estos aburridores monólogos cargados de cifras, la administración debería promover verdaderos cabildos abiertos, en los que el informe de gestión se entregue con al menos quince días de anticipación a los concejales, para que lo estudien, contrasten y preparen preguntas. Luego, abrir el diálogo a los ciudadanos, especialmente a aquellos que han intentado comunicarse con la Alcaldía sin recibir respuesta, como ocurre con los líderes comunales que piden saber cuándo inicia la ejecución de los recursos de presupuestos participativos, o de ciudadanos que buscan saber los avances y los frentes de obra activos dentro del contrato por más de 15 mil millones con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías, o en temas tan serios como la seguridad y el ruido ambiental, que siguen sin atención del Secretario del Interior.
Porque las rendiciones de cuentas no son espacios para satisfacer el ego del Alcalde o de sus funcionarios, sino escenarios para escuchar, rendir cuentas de verdad y corregir el rumbo cuando sea necesario.
Y más allá de todo eso, hay una molestia legítima que no se puede ignorar: la de los ciudadanos que ven cómo sus impuestos se invierten en obras mal hechas, hechas a medias o hechas dos veces. Obras que deberían durar años, pero apenas sobreviven meses. Y mientras tanto, el municipio cierra el año con cientos o miles de millones sin ejecutar. Eso no es eficiencia, ni ahorro. Eso es, simple y llanamente, mala administración.
El deber de una alcaldía no es mostrar números bonitos, sino resultados tangibles y duraderos. Y el deber de una ciudadanía consciente es no tragarse el cuento.
Tomado de: Periódico El Tunjano