La verdad es cruda y simple. En Tunja se ha orquestado una nueva estrategia de recaudo que poco o nada tiene que ver con la seguridad. La Alcaldía ha anunciado que cinco puntos seleccionados activarán sus cámaras de fotomulta a mediados de diciembre de 2025 o, a más tardar, a inicios de 2026. Para el ciudadano común, esta medida solo evidencia el simple y llano deseo de explotar y abusar de su bolsillo.
Y en medio de la indignación generalizada, el Secretario de Movilidad y Vida Territorial, Juan Carlos García Vargas, se atreve a negarlo. Su argumento de cajón es que «no se trata de ningún negocio, sino que se hace por un tema de seguridad».
Esta defensa es, francamente, un insulto a la inteligencia. Si la vida fuera la prioridad, ¿Por qué no están construyendo puentes peatonales en esos puntos de alto riesgo? Una obra de infraestructura evitaría arrollamientos y sería una solución real. Pero no. Es mucho más rentable poner unas cámaras para saquear a la gente que invertir en obras. Esa inversión es lo que haría una verdadera Secretaría de Movilidad y Vida Territorial que realmente esté comprometida con la preservación de la vida.
La incoherencia del Secretario queda totalmente al descubierto cuando observamos sus prioridades. Mientras el cobro a los particulares es inminente y veloz, la inacción impera contra las empresas de transporte público. El Secretario evade las preguntas sobre el uso obligatorio de paraderos, recurriendo a la ramplona estratagema de culpar al usuario de “falta de cultura», como si fuera el usuario quien pisa el pedal para decidir dónde parar.
La accidentalidad es causada, en parte, por los frenazos intempestivos de los buses que no respetan las paradas. ¿Y cuál es la respuesta? Apelar a la necesidad de «pedagogía» porque, supuestamente, «la ciudadanía no ha aprendido a comportarse».
¡Basta de culpar a los usuarios! Este es el pretexto más mediocre que puede existir. Llevan haciendo «pedagogía» durante años, fácilmente durante décadas, sin resultados. Es hora de pasar a las sanciones contra los conductores. Es el conductor quien maneja y decide dónde parar. Si se les obliga con comparendos a usar los paraderos, el desorden se acaba. Así lo hicieron en grandes ciudades como Bogotá, y no hubo necesidad de “pedagogía” con los usuarios, y mucho menos de culparles. Dejemos de lado la imposible pedagogía con 200.000 personas y centrémonos en los conductores, que pertenecen a cuatro empresas identificadas y organizadas, y supuestamente comprometidas con la legalidad y las normas. Sancionen a los conductores; cuando las empresas vean que pierden plata, ellas mismas pondrán orden.
¿Por qué existe tanto pánico en la Secretaría de Movilidad para hacer esos cobros a las empresas del transporte público que violan la normatividad, pero con los usuarios particulares tienen toda la efectividad, la “valentía” y celeridad del caso?
El Secretario puede negarlo, pero la instalación de estas cámaras de fotomultas es, indiscutiblemente, un negocio. Está ideado para beneficiar a la concesión de tránsito que, hasta el día de hoy, no ha aportado absolutamente nada valioso a la ciudad.
De hecho, a esta concesión le corresponde reinvertir dineros que recauda a punta de comparendos. No solo no lo ha hecho, sino que no existe informe ni manera de contrastar que se haya cumplido tal obligación. A esta misma empresa, a la que la Secretaría le quiere dar este «regalito de Navidad» con las fotomultas, le ha quedado grande sincronizar los semáforos. La intersección de la Avenida Maldonado con Calle 29 es prueba de ello, y ejemplos como este hay por montones. Los semáforos peatonales de este sector llevan más de un año fuera de sincronización con los vehiculares, poniendo en riesgo a los ciudadanos.
Además, está comprobado que estas cámaras no solucionan el problema de accidentalidad. Las instaladas en la BTS son la evidencia. Los conductores disminuyen la velocidad intempestivamente justo en la zona de la cámara, generan riesgo de choque por esa reducción de velocidad intempestiva que resulta peligrosa para quienes no saben de las cámaras, e inmediatamente aceleran a límites desmedidos al pasar ese punto. Los accidentes allí se siguen presentando. Es una medida de recaudo, no de control de velocidad sostenido.
Este Secretario llegó con la misma mentalidad que su predecesor. Su objetivo es favorecer el negocio de concesiones y empresas que responden a intereses particulares en detrimento del bienestar ciudadano. Se trata de un ejemplo descarado de un funcionario que busca llenarle los bolsillos a una concesión que no reinvierte ni rinde cuentas, y cuya obtención del jugosísimo negocio sigue bajo el manto de la duda. Resulta irónico que mientras es señalada por responder a los intereses del exalcalde Alejandro Fúneme, se haya visto tan beneficiada por el gobierno Krasnov.
Por mi parte, reto públicamente al Secretario a que demuestre cuántos comparendos ha hecho a las empresas del transporte colectivo por exceso de velocidad (no es un secreto que andan fácilmente a más de 100 kilómetros por hora por la Avenida Norte cuando van de regreso al punto de despacho en Green Hills) y cuántos por contaminación, pues la mayoría de estos buses circulan por la ciudad emitiendo un humo negro y pestilente, sin que eso sea un impedimento para prestar el servicio. Vaya protección de la vida que hace la Secretaría de Movilidad y VIDA Territorial…
En este funcionario, al igual que en el anterior, estas empresas, las del transporte público colectivo, han encontrado un aliado para abusar del ya agobiado bolsillo de los tunjanos bajo el fácilmente desmontable argumento de la “protección de la vida”.
Si no se tratara de un negocio, la instalación de estas cámaras no se habría manejado con el nivel de sigilo y secretismo que hemos visto, poniendo bolsas negras sobre las señales y dejando la socialización para último minuto. Este manejo revela que hay algo oscuro detrás de esta impopular medida.
Otra prueba del desmedido interés por llenarle los bolsillos a la concesión es la decisión de implementar un pico y placa por toda la ciudad durante todo el día a partir de 2026. Esa medida obedece más a la satisfacción de un negocio que a una auténtica necesidad, pues no se comprende cómo en una ciudad como Tunja se requiera pico y placa a las diez de la mañana, o por qué se requiere implementar pico y placa incluso dentro de los barrios. Ya es hora de que la administración municipal deje de nombrar esbirros de la concesión de tránsito y empiece a actuar en favor de sus ciudadanos.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tomado de: Periódico El Tunjano