La reciente difusión en las redes sociales de la Alcaldía de Tunja, mostrando un encuentro con los directivos de las empresas de transporte público para presentar diseños de lo que sería la nueva flota de la ciudad, ha sido recibida con una mezcla de aplausos superficiales y un profundo escepticismo. En principio, la intención de modernizar el parque automotor de Tunja bajo premisas de sostenibilidad ambiental es una noticia que merece reconocimiento; cualquier esfuerzo por sacar a la capital boyacense del letargo tecnológico en el que se encuentra es, en teoría, un paso adelante. Sin embargo, este alarde de optimismo digital parece ignorar que el problema del transporte en Tunja es un iceberg de negligencia donde los vehículos nuevos son apenas la punta, y los diseños presentados, no más que un espejismo.
El entusiasmo oficial tropieza de frente con la memoria colectiva. No es la primera vez que la ciudad se ilusiona con imágenes de vehículos modernos que terminan guardadas en el cajón de las promesas. Resulta imposible olvidar cuando la administración anterior mostraba fotos de buses eléctricos asegurando que ese sería el futuro inmediato de nuestra movilidad (https://www.facebook.com/share/p/17vaAxsM1Q/). Aquello, como se sospecha que ocurrirá ahora, se quedó en la narrativa del deseo y en el «populismo digital» de redes sociales. Hoy, el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), ese proyecto por el que se han invertido sumas multimillonarias y que supuestamente debía estar en plena ejecución desde finales del periodo pasado, es un fantasma administrativo que no ha logrado concretar ni el sistema de pago electrónico ni la tarifa diferencial para estudiantes, de la cual solo se habla bajo la presión de las protestas. Tareas que además resultan mucho más sencillas de implementar que el cambio de la flota de buses, las cuales la administración sigue negándose a realizar.
El problema de fondo es que la modernización de la flota no depende de la estética de un render, sino de una voluntad económica que brilla por su ausencia. El historial es claro: cuando se plantearon las condiciones para que la Nación aportara el 70% y el municipio el 30% del valor del recambio, el proceso se estrelló contra la intransigencia de las empresas de transporte. Estos gremios, que perciben el usufructo diario de un servicio público esencial, no parecen estar dispuestos a invertir un solo centavo de su propio capital, esperando que todo sea subsidiado o regalado por el Estado. Es ingenuo pensar que hoy la actitud de los señores de los buses vaya a cambiar mágicamente por la simple presentación de un boceto atractivo.
Mientras la administración hace alarde de este «futuro verde» en redes sociales, la realidad que respiramos los tunjanos es de un gris tóxico. El contraste es insultante: por un lado, se presentan diseños de vanguardia, y por el otro, se permite que los buses actuales sigan emanando un humo negro y denso que contamina el aire más que cualquier ladrillera de la región. Desde este medio de comunicación se retó formalmente hace meses al Secretario de Movilidad, Juan Carlos García, a que demostrara con cifras cuántos comparendos ambientales se han impartido a estas empresas. La respuesta ha sido el silencio absoluto, lo que refuerza la sospecha de que tales sanciones son inexistentes. Los agentes de tránsito en la ciudad parecen estar exclusivamente armados para extraer dinero de los conductores particulares, mientras que las busetas, que son las que peor se comportan en la vía, gozan de una impunidad que ofende al ciudadano.
Esta parálisis institucional frente al gremio transportador se traduce en una preocupante ley de la selva en las arterias de la ciudad. Mientras la administración amaga con controles rigurosos para el ciudadano común, los buses transitan bajo una suerte de inmunidad diplomática. Es una estampa cotidiana observar cómo estos vehículos, en su carrera hacia los puntos de despacho en el norte, por los sectores de Green Hills o la antigua vía a Paipa; alcanzan velocidades de carretera que rozan los 100 kilómetros por hora ante la mirada inexistente de las autoridades. Esa misma temeridad se manifiesta en la costumbre letal de dejar pasajeros en mitad de la calzada, una maniobra que ya ha teñido de luto las vías de Tunja y que sigue ocurriendo sin que se conozcan sanciones que toquen realmente el bolsillo de las empresas. El desprecio por los paraderos y el riesgo vital de conductores que chatean mientras operan rutas, evidenciados en denuncias ciudadanas (https://www.facebook.com/share/v/195z8j4DzN/), son síntomas de una Secretaría de Movilidad que parece gobernar con un pánico reverencial hacia quienes, en la práctica, se han adueñado del espacio público sin respetar la normativa mínima de seguridad. Sobre todas estas imprudencias o comportamientos arbitrarios o peligrosos tampoco existe registro de comparendos realizados, porque como ya se ha dicho, esta herramienta solo sirve para cohibir a los particulares, no al poderoso y camorrista gremio del transporte público colectivo.
Los datos del DANE terminan por desnudar la crisis: en 2025, mientras la oferta de buses aumentó un 12%, la demanda de usuarios apenas creció un 3% (https://www.facebook.com/share/p/1C4JL29QxF/). La gente huye del transporte público porque es costoso, porque las rutas son laberintos ineficientes llenos de recovecos y porque hay zonas, especialmente en el occidente de la ciudad, que carecen totalmente de cobertura porque para los empresarios simplemente «no es rentable», y la administración municipal se congracia con dicha postura en detrimento de la ciudadanía.
Reemplazar la flota es una necesidad imperiosa y este medio será el primero en aplaudirlo el día que el primer bus nuevo ruede por las calles, si es que eso llega a ocurrir. Pero presentar diseños en redes sociales como si fuera un logro de gestión, mientras no se es capaz de hacer cumplir la ley más elemental, es una distracción peligrosa. Antes que diseños de ensueño, Tunja necesita autoridad, cumplimiento de la normativa vigente y una administración que deje de gobernar con miedo frente a quienes se creen dueños de las vías.
Tomado de Periódico El Tunjano