La estupefacción es un sentimiento agotado en la política tunjana. No hay margen para la sorpresa cuando el guion de la ignominia ya ha sido debidamente encuadernado y repartido entre los actores de reparto que hoy dirigen el Concejo Municipal. Como se advirtió desde este medio hace unos meses (https://www.facebook.com/share/p/1HbqCWcrps/), la fiabilidad es una quimera cuando se entrega el timón a personajes cuya honorabilidad se desdibuja en la penumbra. Brahiam Quintana Martínez no representa una renovación institucional, sino la consolidación de un protectorado servil a los intereses y caprichos del ruso Mikhail Krasnov, quien para su desgracia ya va de salida. Su presidencia es el dividendo político de una complicidad silenciosa frente a las jugarretas y corruptelas que han empezado a carcomer el tejido administrativo de la ciudad.
El debut de Quintana Martínez como regente de la Corporación ha sido un exabrupto envuelto en celofán democrático. Su determinación inicial de trasladar las sesiones al horario de las seis de la tarde, bajo el pretexto ramplón de fomentar la asistencia ciudadana, fue una bofetada a la inteligencia colectiva. Si bien la presión de la prensa y la confrontación directa de algunos cabildantes en el recinto lo obligaron a retroceder y devolver las sesiones a la mañana, el intento dejó al desnudo su naturaleza autocrática. El argumento del «horario para el pueblo» es una falacia técnica. En Tunja existe una masa ingente de ciudadanos desempleados que, aun teniendo el tiempo, jamás pisarían ese recinto. La ausencia de público no es una cuestión de cronogramas, sino de asco institucional. El ciudadano no va al Concejo con empleo o sin él; si trabaja, no sacrificará su descanso para escuchar a quienes no deciden nada, y si está desempleado, no perderá su tiempo en una Corporación que es, por derecho y mérito propio, la más desprestigiada de la ciudad. La gente no va porque no cree en una institución que se percibe como una estafa democrática, un lugar donde se le hace el juego a la corrupción de turno y donde los cabildantes actúan como esclavos complacientes del mandatario del momento, llámese como se llame.
La puesta en escena del pasado martes 3 de marzo rozó el paroxismo del absurdo. Mientras Quintana Martínez declamaba su preocupación por el acceso del pueblo a la democracia, el recinto era un páramo habitado por el eco y seis sombras. De ese exiguo grupo, la mayoría, sino todos, eran unidades de apoyo, guardianes del salario que fungen como hinchada artificial de sus respectivos patrones. El desinterés no solo es físico sino digital. Las transmisiones oficiales, seguidas cuando mucho por una decena de náufragos del ocio, confirman que a nadie le seduce observar una Corporación que ha renunciado a su capacidad de decidir. La lógica que impera es la de la obediencia ciega, donde los votos se compran con complacencia o se venden por coimas o favores, mientras actuaciones tan bochornosas como la del entonces Gerente de Comunicaciones (https://www.facebook.com/share/p/1DomghU2g6/), hoy secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio; son sepultados bajo la alfombra de la cobardía colectiva.
Resulta de un cinismo patológico pretender que el trabajador honesto sacrifique su escaso tiempo de descanso para asistir al espectáculo de una coalición de vagos que desconocen la semántica del esfuerzo. Mientras la oposición asume el costo de la investigación, los concejales arrodillados al krasnovismo vegetan bajo el cobijo de la nómina pública. La nocturnidad que pretendió imponer no era una apertura, sino una estrategia de ocultamiento diseñada para erosionar la vigilancia de los medios de comunicación, especialmente contra aquellos periodistas radiales que madrugan al alba para informar y que hoy se ven forzados a elegir entre el descanso o la cobertura de una tiranía de baja repercusión.
A esta distorsión del ejercicio público se suma el uso tramposo de la declaratoria de «independencia» como una fachada de conveniencia. El “grupo del oráculo” ha convertido la figura del concejal independiente en un caballo de Troya para manipular el reglamento a su antojo. Al declararse independientes bajo el paraguas de la Ley 1909, pero actuar en la práctica como una extensión disciplinada de la coalición de gobierno, logran arrebatarle espacios a la oposición legítima y controlar la narrativa interna sin asumir el costo político de su servilismo. Es una artimaña sucia en la que utilizan la independencia no para disentir o fiscalizar con autonomía, sino para garantizar que el alcalde Krasnov tenga una mesa directiva a su medida, capaz de silenciar cualquier asomo de crítica real bajo el pretexto de una pluralidad que solo existe en el papel del registro electoral.
Pero el núcleo del naufragio ético y legal de Brahiam Quintana Martínez se encuentra en su interpretación caprichosa y abusiva de la Ley 1909 de 2018. Lo que presenciamos el pasado martes fue una simulación de legalidad orquestada para intentar revivir un cadáver administrativo: el informe de gestión de la vigencia 2025. El presidente de la corporación pretendió justificar que una obligación que, por mandato del Artículo 22 del Estatuto de Oposición, debe evacuarse antes de finalizar el año constitucional, se arrastrara hasta marzo de 2026. La excusa de Quintana Martínez es de una bajeza técnica monumental: culpa a la anterior secretaría general de no haber programado la sesión, utilizando como escudo la ausencia de un funcionario que ya no está para defenderse.
Desde el punto de vista del derecho, esta maniobra es inadmisible. El Artículo 22, inciso 5, es taxativo al exigir que los alcaldes presenten un informe de cumplimiento de metas y ejecución presupuestal antes de cerrar el año, y que dicho informe sea debatido en una sesión exclusiva. La omisión de un secretario no habilita a la mesa directiva a vulnerar los tiempos perentorios de la ley. Realizar este ejercicio en marzo de 2026 no es «transparencia», es un desperdicio de recursos públicos (más de diez millones de pesos por sesión) en un trámite que ha perdido toda significancia técnica. Quintana Martínez, en lugar de montar este circo extemporáneo, debería estar compulsando copias a la Procuraduría para que se inicien las acciones disciplinarias contra el exsecretario por la supuesta omisión de sus deberes funcionales. En vez de justicia, control y legalidad, Quintana Martínez ofrece un barato maquillaje administrativo.
La violación al Artículo 19 de la Ley 1909 es todavía más flagrante. Quintana Martínez afirmó, con un desconocimiento que raya en lo delictivo, que para las sesiones de oposición «los voceros deben reunirse y decirnos qué citar», sugiriendo además que se llegó a un «acuerdo verbal» para la dinámica de la sesión. Es necesario recordarle al presidente de la Corporación que en el derecho público rige el principio de seguridad jurídica; los derechos fundamentales de la oposición no se negocian en charlas de pasillo. El Artículo 19 otorga a los voceros de la oposición el derecho sagrado de determinar por cuenta propia el orden del día en una sesión de oposición. La mesa directiva no tiene la facultad de invitar, sugerir ni pactar la agenda; su única función es acogerse y respetar lo que la oposición radique. Al imponer la presentación de ocho carteras en una sola jornada, Quintana fragmentó el tiempo de tal manera que los concejales de oposición contaban como máximo con 2.5 minutos por secretaría para hacer observaciones o cuestionamientos, mientras que la administración municipal tenía vía libre para intervenir, garantizando así un notable desequilibrio en contra de la oposición. Esto no es control; es una emboscada administrativa diseñada para cercenar el derecho a fiscalizar que garantiza el Artículo 4 del Estatuto.
A este atropello institucional se suma una maniobra de fragmentación que raya, groseramente, en la malversación de la confianza pública. En lugar de organizar una sola jornada de informe de gestión como dicta el sentido común y la eficiencia administrativa, la mesa directiva determinó arbitrariamente (y no la oposición, como exige el Artículo 19 del Estatuto) dividir la presentación en dos sesiones, invitando a la mitad de las secretarías por día, aclarando de paso que la segunda parte, en la que estaban previstas las dependencias con más presupuesto (salud, educación) y de mayor trascendencia para la toma de decisiones en la ciudad (Contratación, Fomento Económico), nunca se realizó. Esta decisión no solo alarga innecesariamente un trámite que debió concluir el año pasado, sino que permite a los concejales cobrar por duplicado honorarios por una labor que perfectamente se puede realizar en una sola jornada si se hace la sesión desde las siete de la mañana. Quintana Martínez no solo impuso el orden del día y la dinámica violentando la autonomía de la oposición, sino que propició un escenario donde se dilapida el presupuesto para que carteras críticas sean escuchadas a cuentagotas, cercenando la capacidad de fiscalización que garantiza el Artículo 4 de la Ley 1909. Mientras los cabildantes aseguran su doble estipendio, la oposición ve su derecho limitado a un margen irrisorio de tiempo frente a un desfile de secretarios que solo van a hablar, pero no a responder.
Resulta particularmente ruin y contrastante el silencio de la Procuraduría Regional ante estos hechos. Es imposible no recordar cómo el año pasado la titular de dicho ente de control se presentó en el recinto no para velar por la transparencia, sino para condicionar abiertamente la labor de los concejales de oposición, amedrentándolos e intimidándolos con la representación de este cargo y las capacidades que tiene a nivel de apertura y trámite de procesos disciplinarios, mientras ellos apenas intentaban ejercer su derecho a la crítica. Hoy, cuando existen indicios claros y presunciones fundadas de una violación sistemática al Estatuto de Oposición, esa misma procuradora, ficha incondicional del Partido Verde, desaparece de la escena. Su mutismo es el sello de garantía de esta artimaña sucia: una procuradora que actúa como “Gestapo administrativo” contra las voces disidentes, pero que se vuelve ciega y sorda cuando sus correligionarios, como Quintana Martínez, pisotean la democracia para salvarle el pellejo a la administración municipal. Es el uso de la institucionalidad como una herramienta de persecución política y blindaje partidista.
Con esta mesa directiva ha comenzado una dictocracia de baja intensidad que se regodea en el irrespeto sistemático al principio de publicidad. Resulta grotesco observar al concejal Quintana Martínez alardear de una supuesta apertura por el simple hecho de compartir el orden del día en un grupo de WhatsApp destinado a la prensa. En un entorno institucional serio, esto no es un motivo de orgullo sino el decoro mínimo e indispensable para el ejercicio periodístico. Sin embargo, la realidad es mucho más cínica, pues la información se comparte a cuentagotas, en ocasiones a última hora o bajo la dinámica errática de publicar y borrar mensajes, jugando con el tiempo de los reporteros y garantizando que la fiscalización mediática sea nula. Es inadmisible que una oficina de comunicaciones con múltiples operarios se limite a esta labor tan básica en lugar de generar boletines, contenidos de fondo o convocatorias reales. El servilismo a los intereses de figuración del presidente de turno ha convertido a la comunicación del Concejo en un apéndice estéril que no comunica, sino que oculta y maquilla. El resultado es una ciudadanía aislada. Tanto así que los mismos presidentes de las Juntas de Acción Comunal deben acudir a los comentarios en redes sociales para reclamar la falta de invitaciones y de información. Nadie se entera porque esta mesa directiva, al igual que la anterior, ha convertido la violación del principio publicidad de lo público en un pasatiempo perverso para proteger la sumisión de la Corporación.
A este atropello institucional se suma el desprecio por las urgencias de la gente. Mientras el Concejo se desgasta en informes vencidos que a nadie interesan, los artistas locales siguen reclamando los pagos del Aguinaldo Boyacense 2025, sin que nadie interceda por ellos ni los represente; al igual que miles de ciudadanos que padecen la incertidumbre de las cámaras de fotodetección.
Señor Quintana, el problema de la asistencia al recinto no es el horario, es la vacuidad de sus debates. Le lanzo una apuesta y pongo sobre la mesa su propio salario de todo un año: lo invito a que cite a una sesión para discutir el pago a los artistas del Aguinaldo Boyacense 2025 o la realidad técnica de las cámaras de fotodetección. Hágalo a la hora que quiera, a las siete de la mañana, a la una de la tarde o a las siete de la noche, y le aseguro que el recinto se llenará de ciudadanos legítimos y no de sus complacientes y leales unidades de apoyo. Si los temas son de interés ciudadano, la gente va; si usted sigue discutiendo asuntos insulsos para encubrir la incapacidad ajena, seguirá sesionando en la soledad de sus sombras. El naufragio ha comenzado, y su gestión es el preludio de lo peor para Tunja.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tomado de Periódico El Tunjano