La tragedia de Mikhail Krasnov no es su caída, sino su absoluta incapacidad para caer con dignidad. Lo que presenciamos hoy en Tunja no es el «asedio de los clanes» ni una «persecución académica», como él malintencionadamente ha querido instalar en el imaginario colectivo; es el pataleo de un hombre que, habiendo vulnerado la ley para llegar al poder, pretende ahora incendiar la confianza en las instituciones para conservar el trono. El Consejo de Estado ha hablado. La nulidad de su elección no es una opinión, es un hecho consumado. Pero en el universo paralelo de Krasnov, la Constitución es un obstáculo y el victimismo su única moneda de cambio.
Seamos claros: la nulidad de la elección de Krasnov por su inhabilidad es una verdad jurídica que ya no admite discusión en el terreno administrativo. El proceso se agotó en doble instancia y el Consejo de Estado es el techo de la justicia en esta materia. Sin embargo, Krasnov insiste en el «manoseo» judicial mediante una acción de tutela que no es más que un ruego desesperado. Cualquier experto sabe que revertir un fallo de esta magnitud es jurídicamente imposible; se necesitaría demostrar una vulneración de derechos que simplemente no existe cuando lo que ha operado es la aplicación estricta de la ley.
Krasnov dice acatar la justicia, pero dedica su tiempo a cuestionar la probidad de los magistrados. Este relato del «profesor perseguido» ha encontrado eco en un sector de sus seguidores que, por fanatismo o desconocimiento, repiten la consigna de que se le castiga por su labor académica. Pero el eco más cínico es el del senador Ariel Ávila, quien ha salido en redes sociales a «reprochar» la salida de Krasnov con una vehemencia que no es gratuita. Ávila le oculta a la opinión pública que su defensa es el pago de un favor político: la administración Krasnov fue el motor que le garantizó votos en Tunja, con contratistas haciendo campaña abierta por él (https://www.facebook.com/share/p/1DUEjZGf83/). Por eso, tanto Krasnov como sus escuderos y el propio Senador mienten al decir que lo sacan por «enseñar». No, señores; a Krasnov lo saca la ley por firmar un contrato estatal en periodo prohibido para quienes aspiran a cargos de elección popular. Intentar lavar esa mancha con retórica de mártir es una estafa al electorado y una afrenta a la inteligencia de los tunjanos.
En este sainete, el gobernador Carlos Amaya ha decidido, en las primeras horas de este viernes, dar un giro al guion. Ante la presión mediática y el ruido digital, el Gobernador cedió a la petición del alcalde y anunció que el encargo recaerá en alguien del actual gabinete municipal. Sin embargo, resulta llamativa la actitud timorata del señor Krasnov, quien dirige toda su indignación contra Amaya cuando el reclamo debería ser para su verdadero jefe político: Roy Barreras. Este encargo es un trámite breve, una transición técnica que solo durará el tiempo que transcurra entre la notificación oficial y la presentación de la terna por parte del partido Fuerza de la Paz. Si a Barreras y a su colectividad de verdad les importara el electorado tunjano y la «continuidad» que tanto pregonan, presentarían esos nombres de inmediato para que el interinato de un tercero fuera imperceptible. Pero Krasnov prefiere el servilismo ante su mentor nacional y el ataque frontal a los «verdes», una estrategia que le rinde capital político pero que desnuda su falta de carácter administrativo.
Resulta diciente observar cómo la narrativa de «el mejor alcalde de la historia» y el victimismo exacerbado que inundan sus publicaciones chocan de frente con la realidad de las calles. La administración ha perfeccionado una estrategia de inflado artificial en redes sociales, donde perfiles dedicados a guiar la conversación impulsan e inflan una falsa sensación de apoyo unánime. Esta táctica no solo manipula el algoritmo para ganar visibilidad y para orientar la conversación a favor, sino que busca generar una espiral del silencio para que el ciudadano crítico se abstenga de opinar ante la aparente marea de respaldo a Krasnov. Sin embargo, esta ficción digital se desmorona con situaciones como la de la mañana del viernes 13 de marzo, jornada para la que se convocó un plantón masivo para rechazar el fallo de nulidad y, a pesar de los miles de «likes» y comentarios de apoyo, no llegó ni una sola persona. Ni una. Tunja no está en las calles defendiendo la ilegalidad; Tunja observa cómo su gobernante se desvanece en su propia retórica de pixeles.
Ese desespero ha llevado a la administración a cruzar líneas rojas legales que no pueden pasarse por alto. El uso de redes sociales institucionales de la Alcaldía de Tunja para la defensa jurídica y personal de Mikhail Krasnov constituye una flagrante violación al Artículo 209 de la Constitución Política, el cual ordena que la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y no de causas particulares. Poner a los secretarios de despacho a grabar videos de respaldo político y utilizar las cuentas oficiales para convocar a la comunidad a tribunales internacionales no solo es éticamente cuestionable, sino que configura un presunto Peculado por Uso, tipificado en el Artículo 398 del Código Penal Colombiano, que sanciona al servidor público que use o permita que otro use bienes del Estado para beneficio propio.
Al involucrar a su gabinete en esta «cruzada» personal, Krasnov los ha empujado a desatender el Artículo 60 (numeral 2) de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), que prohíbe terminantemente a los servidores públicos utilizar el cargo para participar en actividades de partidos o movimientos políticos o en controversias de carácter partidista. Las redes sociales del municipio son un recurso público, no la oficina de prensa privada de un ciudadano cuya elección ha sido anulada. La ley es dura, pero es la ley, y ninguna narrativa de «profesor extranjero» puede estar por encima del régimen de probidad administrativa.
Es, además, de un cinismo absoluto que Krasnov se presente como víctima de los «clanes políticos» cuando su trayectoria administrativa es un catálogo de alianzas con los mismos. Krasnov olvida que llegó al poder de la mano del Partido Liberal en su coalición con Rodrigo Rojas, a quien traicionó prontamente para refugiarse «bajo las enaguas» de Carlos Amaya hasta que el fallo de nulidad los separó en una guerra de poderes por el control de la ciudad. Hoy, su único protector es Roy Barreras, uno de los máximos símbolos de la politiquería tradicional en Colombia. ¿De qué persecución habla quien ha saltado de bando en bando buscando sombra? Su pelea con el Gobernador no es una gesta heroica, es una disputa por quién se queda con las llaves de la Alcaldía mientras la justicia hace su trabajo.
«Esta ciudad no puede detenerse», repite con tono mesiánico. Pero, ¿qué se va a detener exactamente? Reto a cualquier defensor de esta administración a que mencione un solo proyecto de impacto real que esté en riesgo. ¿El tranvía imaginario que el Ministerio de Transporte ya sepultó? ¿El Centro PotencIA del que su gabinete guarda silencio porque no sabe cómo dar la cara frente a un proyecto anunciado que no se concretará? ¿El parque de diversiones de talla internacional que solo reposa en su documento ded plan de gobierno en tiempos de campaña? ¿Qué programas sociales propios están en juego? Porque las coberturas del PAE o los subsidios a población vulnerable son programas cuyos recursos y continuidad seguirán fluyendo con o sin él, ¿Hay acaso algún programa social propio de la administración Krasnov que se vaya a ver interrumpido?. Krasnov no ha impulsado ninguna iniciativa de bienestar social de autoría municipal que dependa de su permanencia en el cargo. Las únicas obras de peso que hoy se mueven en Tunja son financiadas por la Gobernación, anunciadas por Amaya con un oportunismo electoral evidente ante la vacancia que se avecina. Esas obras no se detendrán porque no dependen de la administración municipal. Señor alcalde, abandone el delirio del mártir: las redes le dan «likes», pero la realidad y la ley ya lo despidieron.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tomado de Periódico El Tunjano