La justicia no es un juego de azar ni un tablero para la simulación, aunque el equipo jurídico de Mikhail Krasnov se haya empeñado en demostrar lo contrario. Lo que hoy revela el auto del 19 de marzo de 2026, emitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, y conocido por la opinión pública el pasado 20 de marzo, no es solo la confirmación de una nulidad electoral ya sentenciada, sino el acta de defunción ética de una defensa que decidió secuestrar la agilidad de los tribunales. Estamos ante el uso del derecho como un arma de obstrucción masiva, una estrategia de tierra arrasada donde la ley no se defiende, sino que se manosea para ganar tiempo de un poder que ya no les pertenece legalmente.
La providencia del alto tribunal es un mazazo a la soberbia procesal al calificar las solicitudes de la defensa, incluidas las radicadas los días 11, 17 y 19 de marzo; como «abiertamente impertinentes y dilatorias». Esta no es una apreciación subjetiva, es la constatación judicial de que se ha intentado asfixiar al Consejo de Estado con un aluvión de memoriales vacíos y recusaciones en serie que solo buscaban evitar lo inevitable: la notificación final. Cuando un abogado utiliza su título para torpedear el sistema con recursos que el mismo tribunal tilda de impertinentes, deja de ser un auxiliar de la justicia para convertirse en un tinterillo que juega con la estabilidad de toda una ciudad.
Esta trama de dilaciones adquiere un matiz de extrema gravedad tras el aparente hallazgo en la metadata de los documentos presentados por el coadyuvante Joseph Esteban Montenegro. Resulta, cuanto menos, vergonzoso que un archivo oficial contenga anotaciones de edición interna como «quitar» o «¿cuánto tiempo necesitamos?», pero lo que resulta institucionalmente alarmante es que el rastro digital conduzca a Luz Mila Acevedo Galán, directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal de la Alcaldía de Tunja. ¿Qué hace una funcionaria pública, cuyo sueldo pagan los tunjanos para velar por la transparencia administrativa, apareciendo en los metadatos de las «jugaditas» de la defensa de Krasnov? La decisión de los magistrados de compulsar copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen estas conductas irregulares es la prueba de que existen indicios suficientes sobre una administración que habría puesto sus recursos al servicio de la trampa procesal.
El foco de esta sanción social y jurídica debe recaer sin contemplaciones sobre los abogados que han orquestado este asalto a la agilidad procesal mediante una carambola jurídica sin precedentes. Resulta grotesco observar cómo se fabricó un «pleito pendiente» mediante una demanda previa interpuesta por el propio Krasnov el 11 de marzo, con el único fin de recusar luego a los magistrados alegando una supuesta «enemistad legal». Esta técnica de «todo o nada», que incluye acusaciones sin soporte contra magistrados por presuntas filtraciones nunca probadas, no es defensa; es un sabotaje sistémico. No se busca justicia, se busca el bloqueo total de las altas cortes mediante el uso cínico de herramientas que la ley previó para proteger garantías, no para que cualquier procesado elija a sus jueces simplemente demandándolos primero.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene el deber de actuar con contundencia frente a profesionales que se ríen de la majestad de la justicia. La tarjeta profesional no es una patente de corso para intentar maniatar a los magistrados ni para pisotear la decencia pública con artimañas de pasillo. Si estos abogados no reciben un castigo ejemplar que siente un precedente nacional, se estará validando que en Colombia el derecho es una herramienta para burlar la Constitución y no para protegerla.
Tunja no tiene por qué soportar la parálisis de una gobernabilidad secuestrada por un cuerpo de abogados que prefiere ver la ciudad en la incertidumbre antes que aceptar que su cliente violó el régimen de inhabilidades. Es imperativo que estos sujetos respondan por cada memorial basura y por el abuso sistemático del sistema judicial. La justicia debe dejar de ser el escenario donde personajes con un cartón en la pared se dedican a profanar el espíritu de la ley, mientras se regodean en su propia destreza para el engaño y el agravio institucional.
Tomado de Periódico El Tunjano