𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Hoy vamos a jugar a hacernos los sorprendidos mientras recopilamos hechos que, en Boyacá, dejaron de escandalizar. Se trata de una serie de situaciones relacionadas con la actuación del Gobierno Departamental y del gobernador Carlos Amaya.
Empecemos: según reportes ciudadanos y actos administrativos, cerca del 80% de funcionarios que salieron del gobierno departamental para participar en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo —situación reconocida públicamente por el propio mandatario— ya regresaron a sus cargos. Durante ese periodo, algunos habrían contactado a contratistas para orientar apoyos electorales hacia candidatos del Partido Verde, tanto en elecciones parlamentarias como en el Consejo Superior de la UPTC.
Entre estos reingresos hay casos en entidades como Corpoboyacá, donde, según se afirma, estas personas habrían solicitado respaldo para Ramiro Barragán y Alejandro Piña. Esta situación, aunque en teoría no necesariamente constituiría una irregularidad, sí deja preguntas de fondo: ¿La administración pública en Boyacá está tan “sobrada” que puede pausarse para hacer campaña y luego reactivarse sin consecuencias? Si esos cargos pudieron quedar vacíos durante semanas, ¿eran realmente indispensables? Y, si no podían quedar vacíos, ¿quién garantizó la continuidad del Estado?
Pero no es un hecho aislado. Son conductas que hacen parte de un patrón más amplio que incluye reuniones con alcaldes, compromisos en escenarios institucionales, denuncias de presión a contratistas y otros episodios ya advertidos. Además de un hecho que hoy cobra mayor relevancia: la mesa de diálogo con campesinos de páramo, un espacio que exigía rigor institucional y en el que el Gobernador intervino con un mensaje político explícito, dando a entender que se ubicaría “del lado izquierdo de la historia actual” y advirtiendo que un eventual gobierno de derecha implicaría “represión”.
Con razón o no, utilizó su posición, su visibilidad y su investidura para emitir un mensaje que puede interpretarse como una orientación o manipulación política en un escenario institucional, lo que generó la reacción inmediata de la procuradora ambiental de Boyacá, Alicia López Alfonso, quien pidió evitar referencias partidistas en ese espacio.
La respuesta del Gobernador fue algo que no se esperaría por simple decencia o respeto a la autoridad: “no aceptaría que le indicaran qué podía o no decir”. Increíble, no tanto.
Esa escena resume lo que ocurre. Los llamados de atención no generan efecto, no sonrojan, no presionan, no asustan. La institucionalidad advierte, pero no corrige. Se instala así la percepción de que no habrá consecuencias, de que los límites existen, pero no operan.
Acto seguido, lejos de moderar su actuación y pese a ese llamado, el Gobernador se reunió con congresistas electos del sector “Verde Esperanza”. Lo que podría presentarse como gestión coincidió con un hecho revelador y fue que casi al mismo tiempo, en medios nacionales comenzó a circular su nombre, el de Amaya, como posible candidato presidencial en 2030. En política, estas coincidencias rara vez son casuales. Quienes conocen el funcionamiento de estos escenarios saben que suelen responder a estrategias de posicionamiento electoral.
Además, cuando fue consultado por medios locales, el mandatario delegó la respuesta en su hermano, el senador John Amaya, como si se tratara de un asunto familiar, en donde simplemente se delegan papeles usando, quizás, solo quizás, el erario público.
A estas alturas ya no sabemos y casi que perdimos la esperanza en reconocer ¿Quién controla la participación política de los funcionarios y si realmente la controlan? ¿Dónde están los límites reales entre gobernar y hacer campaña? ¿Hasta cuándo se administrará lo público con lógica electoral?
Porque el problema ya no es solo lo que ocurre, sino la tranquilidad con la que ocurre.
Tomado de Periódico El Tunjano