Lo ocurrido este último jueves en el Concejo de Tunja no requiere un análisis político, sino una autopsia sobre la orfandad de una ciudad que se desangra por los bolsillos mientras sus representantes se limitan a administrar el espectáculo. La sesión de seguimiento al empréstito de más de 93.000 millones de pesos fue, en realidad, un teatro de la redundancia donde todo el cuerpo colegiado participó en una pantomima que no resolvió nada, no concluyó nada y, lo más grave, no presentó una sola acción legal contra los responsables del desfalco.

Mientras el tunjano de a pie sortea los cráteres de una malla vial remendada con cinismo, los concejales se juntan a firmar planillas de asistencia para un debate que resulta ofensivo a ojos de quienes claman por auténtico control. Es un recinto al que cualquiera puede entrar, pero al que ya nadie asiste, porque la ciudadanía ha detectado que allí se privilegia el ruido de las actas sobre la contundencia de las soluciones. La gente no es tonta: sabe que no vale la pena perder el tiempo viendo un espectáculo que no tiene la voluntad de recuperar un solo peso de la plata perdida.

En este escenario de falsas posturas, el presidente del Concejo, Brahiam Quintana, intentó protagonizar su propio acto de indignación al calificar de «lamentable» la inasistencia del Personero. Pero no nos llamemos a engaño, la molestia de Quintana huele más a una rencilla política de lo que fue el oficialismo krasnovista con el Personero, que a una preocupación real por el control público. Es fácil señalar la silla vacía cuando se tiene una pelea casada, pero resulta sospechosamente conveniente guardar silencio ante el desfile de mediocridad que sí estaba presente. ¿Por qué a Quintana le parece indignante la ausencia del Personero, pero le resulta aceptable que ni el Concejo ni la Contraloría informaran sobre una sola demanda, denuncia, queja o recurso interpuesto para tratar de recuperar el dinero? O peor todavía, ¿Cómo es eso de salir a decir que a los concejales que aprobaron el empréstito “los asaltaron en su buena fe”? La hipocresía selectiva de Quintana prefiere la queja de forma al fondo del rescate financiero.

Alfredo Arias, por su parte, pica en punta en este reparto de responsabilidades. Si bien presentó un informe documental, su papel de «fiscal» del proceso es un cascarón vacío que solo busca figuración. Resulta pretencioso que Arias intente vender este ejercicio como «gestión» o como la «lupa» sobre el empréstito, cuando lo que hizo fue una tarea de archivo que cualquier ciudadano podría realizar sin impacto alguno para el erario. De nada sirve recopilar datos de dominio público si no existe la gallardía de acudir a la Fiscalía, a la Contraloría o a la Procuraduría. El concejal no demandó a nadie, no denunció a nadie y no interpuso queja o recurso alguno que busque el retorno del dinero o el castigo de los responsables del despilfarro.

Lo más paradójico es que en ese mismo recinto, los concejales suelen ejercer una fiscalización implacable contra la mediocridad ajena. Es común ver cómo fustigan a algunos funcionarios, reprochándoles con saña su falta de profesionalismo cuando acuden con informes incompletos o presentaciones mal preparadas. Sin embargo, esa vara de medir no aplica para ellos mismos. Resulta cínico que el Concejo cuestione la preparación de los funcionarios mientras sustenta su propio control político sobre la base de la adivinanza.

Alfredo Arias personificó esa doble moral al atreverse a suponer, en un acto de imprecisión técnica imperdonable, que la administración de Fernando Flórez había dejado deudas de capital e intereses por préstamos inexistentes, e igualmente suponiendo que se entregaron los 72 tramos viales a intervenir incluidos en el empréstito, cuando la realidad da cuenta que no se alcanzaron a entregar ni siquiera 60. Es una trampa retórica torpe: lanza dardos hacia el pasado equivocado para ocultar que su seguimiento actual no tiene dientes. ¿Cómo pueden estos concejales exigir seriedad si ellos mismos, tras un año de supuesta investigación, salen a decir que «creen» o que están «casi seguros»? En el control político, o se está seguro o no se hace nada; lo demás es buscar un caballito de batalla para la próxima campaña electoral.

Y si el Concejo puso la mediocridad, el Contralor de Tunja puso el blindaje. Este funcionario parece haber perfeccionado el arte del escapismo para eludir el escrutinio periodístico; su presencia en el recinto confirmó que su zona de confort es la lectura de informes muertos y no el debate abierto. Lo he perseguido incansablemente por pasillos y oficinas en busca de una entrevista que aclare el desastre del empréstito y el grado de responsabilidad de cada quien en esta oda al despilfarro y la mala planificación; reporte que aún sigo adeudando a lectores que lo reclaman. Incluso he pasado horas sentado en su propia sala de espera aguardando una declaración que nunca llega. Su intervención en el Concejo fue la confirmación de su cobardía institucional: llegó a recitar hallazgos administrativos y fiscales que ya tienen telarañas en su página web, pero guardó un silencio sepulcral sobre el estado de las investigaciones contra el exalcalde Alejandro Fúneme, de las cuales cabe decir que se vienen archivando a manos llenas.

El Contralor se esconde porque no quiere explicar por qué su oficina actúa como un búnker de protección en lugar de ser un ente de control. Presentar ante el Concejo «hallazgos presuntos» que no terminan en sanciones es, en la práctica, una forma de encubrimiento financiada por el erario. La ciudadanía espera sanciones y espera recuperar la plata, no una lectura de documentos que ya hemos replicado en los medios de comunicación hasta el cansancio.

La responsabilidad es compartida por todo el recinto que se prestó para esta redundancia nocturna y costosa, repitiendo como un eco la información que ya pasó por Hacienda, Jurídica y Contratación sin aportar una sola novedad. No hay diferencia alguna entre la silla vacía de la Personería y la presencia inútil de quienes solo asisten para cumplir con la planilla y callar sobre las acciones legales que nunca emprendieron. Tunja debe tener presente que muchos de los rostros que hoy fingen buscar respuestas son los mismos que ayer habilitaron el endeudamiento pero que “fueron engañados en su buena fe”.

Mientras la justicia ha demostrado que puede ser efectiva para resolver nulidades electorales, como ocurrió tras un proceso extenso pero finalmente resuelto en el caso de la elección de Mikhail Krasnov; esa misma justicia parece entrar en un letargo eterno cuando se trata de seguirle el rastro al dinero de los tunjanos. Contra Fúneme y sus funcionarios, el silencio es absoluto. El exalcalde puede dormir tranquilo: con un Concejo que cobra por oír suposiciones sobre Fernando Flórez y un Contralor que huye de las preguntas para no hablar de recuperar la plata, la impunidad en Tunja es la única obra que avanza al cien por ciento mientras la ciudad se cae a pedazos.

𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂

Tomado de Periódico El Tunjano

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *