Tunja es hoy una ciudad sitiada por el capricho. No hay otra forma de calificar lo vivido el más reciente jueves, cuando un gremio que se siente dueño de la movilidad decidió, sin aviso y sin pudor, convertir los puntos neurálgicos de la ciudad en su zona de extorsión. El estrangulamiento de los ejes viales que conectan el día a día de los tunjanos no fue un grito de auxilio, sino una bofetada a una ciudadanía que ya no sabe cómo más tolerar un servicio que, paradójicamente, sobrevive gracias al matoneo y no a la calidad.
Es indignante ver cómo el Gobernador de Boyacá, en un acto de cobardía política que difícilmente será olvidado, decidió cambiar su agenda para sentarse a negociar con quienes mantenían a la ciudad paralizada mediante una maniobra que desbordó cualquier límite del derecho a la protesta. El mensaje es nefasto: en Tunja, si usted es un particular que quiere obtener beneficios del Estado, no necesita presentar proyectos técnicos ni mejorar su servicio; solo necesita una llave de cruz, un grupo organizado de bravucones y la voluntad de bloquear la vida de miles de personas. Mientras el alcalde encargado navega en la apatía del que sabe que tiene fecha de vencimiento, el mandatario departamental claudica y premia a los violentos.
Resulta técnicamente obsceno que uno de los puntos centrales de este «acuerdo» sea la inversión de recursos públicos para financiar mejoras en vehículos particulares. Es el mundo al revés. ¿Desde cuándo el erario debe pagarle la tecnología a un negocio privado que, además, maltrata sistemáticamente al usuario? Si un comerciante del centro o de Los Muiscas quiere un software de inventarios, lo paga de su bolsillo. Pero si el taxista bloquea, el Estado le regala la actualización. Es un subsidio a la ineficiencia y al matoneo pagado con la plata de todos.
La supuesta lucha contra la «ilegalidad» de las plataformas es solo el disfraz de una alergia profunda a la competencia y a la ley. El rumor que recorre las calles de Tunja es mucho más revelador: el paro no nació de una gesta heroica, sino de la rabieta de quienes se vieron sorprendidos por controles de tránsito en los que los encontraron con tarjetas de operación vencidas. Al parecer, bastó que la autoridad intentara aplicar la norma y solicitara registros mínimos para que la jauría amarilla saltara a las vías. Es la paradoja absoluta de invocar la ley para perseguir a Uber, pero declararse en rebeldía delictiva cuando la ley les pide los papeles a ellos.
Las consecuencias reales de este berrinche organizado no se miden en actas ni se compensan en mesas técnicas; se sufren en la calle. La rutina de miles de estudiantes y trabajadores se vio adulterada de forma agresiva por la incertidumbre y el caos. Hablamos de adultos mayores que perdieron citas médicas programadas hace meses porque su condición física no les permite sortear bloqueos bajo el sol o la lluvia; hablamos de jóvenes cuya jornada se desdibujó mientras esperaban un comunicado tardío de la Secretaría de Educación que, con una desfachatez asombrosa, autorizaba una virtualidad cuando el daño ya estaba consumado. La improvisación oficial fue el complemento perfecto para el atropello gremial.
Es aquí donde el contraste se vuelve inevitable. Hace apenas unos días, la ciudad enfrentó una crisis de infraestructura masiva con la ruptura del tubo madre de 80 metros que trae el agua desde Teatinos. A pesar del malestar que generan las tarifas de Veolia, hay que reconocer una gestión técnica impecable: movilizaron carrotanques, coordinaron con la Gobernación y la Alcaldía y repararon un daño de magnitud catastrófica en tiempo récord. Allí hubo diligencia ante la adversidad. En cambio, frente al paro de taxis, lo que vimos fue a un gobierno departamental modificando su agenda a pedido y capricho de los violentos, y a un gobierno municipal entregando las llaves de la ciudad a un grupo de particulares que exigen solidaridad gremial mientras hostigan y golpean los vehículos de sus propios compañeros que sí quieren trabajar.
La gente no pide plataformas por moda; las pide por supervivencia. El ciudadano prefiere el libre mercado porque se cansó del «yo por allá no voy», de la nula vocación de servicio de conductores que se niegan a colaborar con el usuario y de la «viveza» de quienes pretenden facturar más mediante recorridos innecesariamente largos o la adulteración de taxímetros. Señor Gobernador, señor Alcalde: el presupuesto público no debe ser el respirador artificial de un dinosaurio que se niega a evolucionar. O compiten, o desaparecen. La paciencia de Tunja no es eterna.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tomado de Periódico El Tunjano