Existe una ironía perversa, casi macabra, en el ejercicio del poder contemporáneo en Colombia. El dedo que señala con furia la viga en el ojo ajeno suele pertenecer a quien ha erigido su propia realidad sobre cimientos de barro y espejismos. El presidente Gustavo Petro ha decidido convertir el atril presidencial en un tribunal de ética periodística, paseándose por los escenarios del país con la suficiencia de un fiscal de la verdad. Sin embargo, su investidura carece de la sustancia mínima necesaria para sostener tal pretensión: la coherencia. El mandatario no es nadie para venir a reprocharnos a los medios cómo debemos ejercer nuestro oficio cuando él mismo se ha convertido en el desinformador más sistemático, cínico y reincidente de la nación.
No es una percepción subjetiva ni un lamento gremial. El Informe Anual 2025 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH ha encendido las alarmas máximas al documentar que en Colombia persiste un ambiente informativo hostil, marcado por la creciente estigmatización de la prensa por parte de funcionarios públicos, incluyendo las más altas autoridades del Estado. Según el organismo, este discurso deslegitima a la prensa al calificar a periodistas y medios como “mentirosos”, “criminales”, “vagabundos” o “cooptados”, lo cual tiene el propósito aparente de desacreditar su labor y justificar represalias. Esta ofensiva no se limita al acto de preguntar (una posibilidad negada sistemáticamente a la prensa regional, la cual debe conformarse con ver al mandatario desde la distancia de una tarima, sin contacto, sin derecho a la contrapregunta y sin acceso a un micrófono, en cualquiera de sus visitas a las regiones). La persecución es contra el ejercicio periodístico en toda su dimensión: contra quienes investigan las grietas de la gestión estatal, contra quienes publican lo que el poder intenta mantener en la sombra, contra quienes incomodan con datos la narrativa oficial y contra quienes revelan verdades que el Gobierno preferiría dejar sepultadas.
El informe internacional es explícito al señalar que este lenguaje agresivo no solo deteriora el debate, sino que eleva los riesgos para quienes cubren temas sensibles. Un caso que la CIDH resalta con especial gravedad es la violencia ejercida contra la periodista Diana Saray Giraldo, a quien el presidente tildó de “criminal” y “destructora de personas”, ataques que desataron agresiones digitales con componentes de violencia de género orientados a silenciarla. Asimismo, la Relatoría documentó ataques directos contra medios como El Colombiano, donde el propio mandatario llegó al extremo de afirmar que sus propietarios defienden ideologías genocidas, lo cual, según el organismo, exacerba el clima de hostilidad e intolerancia de diversos sectores de la población hacia la prensa. El modus operandi es tan previsible como perverso, y el reciente caso de la Revista Cambio lo ilustra con precisión quirúrgica. Tras la publicación de un informe sobre la presunta reunión del mandatario con el abogado Gonzalo Boye, Petro arremetió directamente contra el medio en uno de sus discursos. Esa chispa presidencial es la que activa de inmediato la jauría digital: sus seguidores iniciaron una campaña de desprestigio brutal, catalogando de «uribista» a un medio que hasta ayer les resultaba cómodo. Petro señala el objetivo y sus huestes se encargan de sembrar el odio y la estigmatización sistemática. Esa es la lógica del régimen: o eres un eco de su propaganda o te conviertes en el blanco de una campaña coordinada para destruir tu credibilidad.
Seamos sensatos y hablemos con la honestidad intelectual que la Casa de Nariño ignora por conveniencia, la prensa en Colombia arrastra deudas históricas injustificables. El gremio ha pecado por mala intención, ocultando verdades para satisfacer intereses de patrones y conglomerados económicos, siendo incluso cómplice silencioso de la violencia y la corrupción que han desangrado al país. También se ha fallado por una supuesta «ingenuidad» que no es otra cosa que falta de rigor y profesionalismo; el deber ser dicta que, si una información no se puede contrastar, sencillamente no se publica. Pero que el gremio tenga manchas no le da licencia al Presidente para meternos a todos en la misma bolsa. Resulta una injusticia absoluta que medios independientes o regionales, que apenas nacen y no han tenido injerencia en el desarrollo del conflicto; carguen con el lastre de los pecados de los grandes oligopolios. Además, surge una contradicción ética insalvable: mientras el presidente justifica a criminales bajo la bandera de la resocialización y la paz total, le niega esa misma posibilidad de redención a la prensa. Para los violentos hay perdón y olvido; para el periodista que lo cuestiona, solo hay una marca de hierro perpetua.
En el periodismo serio, la rectificación es un imperativo moral e irrenunciable. Sin embargo, Petro ha instaurado la doctrina del «borrado». El ejemplo de la cadena Telemundo es de una desfachatez técnica alarmante. El presidente compartió un deepfake (con un 99.7% de probabilidad de manipulación) que simulaba una transmisión de ‘Telemundo Ahora’. En el video, se utilizaba la imagen de presentadores con acento español para difundir la falsa noticia de que el criminal ecuatoriano alias «Negro Willy» había financiado la campaña de Daniel Noboa. El montaje era tan tosco que en la escenografía ni siquiera se leía el nombre de la cadena, sino un ridículo «Telefarinoo». Ante el desmentido público de Telemundo, Petro borró el trino sin mediar palabra. No hubo una aclaración a sus 8,4 millones de seguidores; solo silencio. Es ridículo que la Presidencia pretenda eximirlo alegando que su cuenta «no es un canal oficial». Petro trina 16 veces al día para dictar política pública; cuando miente, no puede pretender ser un simple ciudadano. Borrar es un acto de opacidad que deja el veneno sembrado en millones de personas que jamás conocerán la verdad.
Es inaceptable el doble rasero que impera hoy en el debate público. Se nos exige una rectificación inmediata y rigurosa a los medios de comunicación tradicionales e independientes, pero no existe la misma vara para el Presidente, sus medios de bolsillo como RTVC o su ecosistema de influenciadores de bodega. Hoy, la responsabilidad informativa no puede ser exclusiva del periodismo; en un ecosistema digital donde cualquier publicación tiene el potencial de volverse viral y causar un daño irreparable, la obligación de ser veraces recae sobre todos, incluido el ciudadano de a pie. No puede ser que el oficialismo y sus cajas de resonancia tengan licencia para desinformar impunemente mientras se persigue con sevicia el error ajeno. Si se va a exigir rigor, que se exija para todos; de lo contrario, estamos permitiendo que las redes sociales se conviertan en un festín de desinformaciones donde cualquiera puede destruir la realidad sin enfrentar consecuencia alguna.
Resulta imperativo preguntarse: ¿Por qué el presidente de la República se siente con la licencia de saltarse el Artículo 20 de nuestra Constitución? La Carta Magna es clara al señalar que todos los ciudadanos tenemos derecho a recibir información veraz e imparcial. Cuando Gustavo Petro difunde noticias falsas con la frecuencia documentada, no estamos ante simples equivocaciones humanas; estamos ante una conducta que evidencia una premeditación clara para violar el derecho constitucional de los colombianos a la verdad. Dar cifras de inflación falsas en televisión nacional o difundir montajes de inteligencia artificial para atacar a mandatarios extranjeros no es una ligereza; es un acto premeditado que debería ser juzgado con la gravedad que merece la violación de un derecho fundamental. ¿Es esta la conducta de un líder democrático o la de quien desprecia las reglas del juego para imponer su propia ficción?
Este patrón de vanidad y falsedad es crónico y configura un historial de «el rey de las fake news». Recientemente, el mandatario celebró con bombos y platillos su supuesta inclusión en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time en 2026, usándolo incluso para atacar a la «derecha tribal». Sin embargo, resultó ser otra falsedad basada en un error de un medio que citó un listado de 2023. Mientras Petro se regodeaba en un prestigio inexistente para alimentar su ego, la realidad le recordaba que en la lista que sí figura, y con firmeza desde octubre de 2025, es en la Lista Clinton, señalado por el gobierno de EE. UU. por participar en actividades que contribuyen a la proliferación internacional de drogas ilícitas. Borrar el trino después del «oso» universal no elimina el hecho de que el Presidente prefiere la ficción que lo ensalza a la realidad que lo cuestiona.
Pero la lista de ficciones presidenciales es interminable y raya en lo absurdo. Petro ha compartido desde imágenes de «narcosubmarinos» creadas con Inteligencia Artificial para victimizarse, hasta infraestructuras en Kansas (EE. UU.) haciéndolas pasar por obras en La Guajira. Ha difundido manifestaciones en Japón por Palestina que resultaron ser montajes digitales con banderas idénticas y rostros desdibujados, y videos de cosechas en Brasil atribuyéndolas a campesinos de los Montes de María. Su desprecio por el rigor lo ha llevado a anunciar hallazgos de niños perdidos en la selva que aún no habían ocurrido, a «matar» prematuramente a premios Nobel como Amartya Sen o James Robinson, y a informar sobre la falsa muerte de la escritora Laura Restrepo. Incluso utilizó fotos de hospitales en ruinas de Venezuela para atacar el sistema de salud en Antioquia y llegó al extremo de compartir la supuesta hazaña de un joven colombiano en las Olimpiadas de Física que resultó ser un actor de cine para adultos. Cada vez que la realidad lo desmiente, la respuesta es la misma: borrar el trino y apostar por el olvido de una audiencia saturada.
El deterioro democrático se traslada también a los medios públicos. La CIDH ha manifestado su preocupación estructural sobre RTVC, citando denuncias sobre presiones directas para modificar, eliminar o abstenerse de publicar contenidos críticos al Gobierno o sus opositores. Este ambiente ha provocado la salida reiterada de periodistas y directivos, consolidando vetos a figuras críticas que afectan gravemente el pluralismo informativo. Bajo este esquema, el sistema de medios públicos ha descendido a niveles de bajeza institucional alarmantes. Mientras se condiciona el trabajo de los profesionales a cambio de lealtad política, RTVC replica narrativas internacionales delirantes por mandato presidencial, como calificar de «secuestro» la captura judicial del narcodictador Nicolás Maduro.
Financiar este ecosistema de odio y desinformación con recursos de la nación es un acto delincuencial. Petro ya ha sido obligado por la ley a rectificar insultos bajos, como el de «muñecas de la mafia», demostrando que su desprecio por la verdad es estructural. ¿Con qué solvencia moral puede quien utiliza la mentira como herramienta de Estado exigir rigor a quienes tenemos el deber de fiscalizarlo? Con ninguna.
Tomado de Periódico El Tunjano