El Concejo de Tunja hace mucho tiempo que dejó de ser un ejemplo de altivez institucional, pero lo que ocurre hoy ya no es solo falta de carácter; es una degradación absoluta. El recinto, que históricamente ha lidiado con la sombra de la ineficiencia, ha terminado de hundirse en un lodazal donde cualquier secretario de despacho entra, trapea el piso con la dignidad de la corporación y sale muerto de la risa. Lo que antes era una mala práctica, hoy, bajo la presidencia de Brahiam Quintana Martínez, es un deporte oficial.
El episodio con el secretario de Movilidad y Vida Territorial, Juan Carlos García Vargas, es el retrato vivo de este desprecio. Fue invitado para explicar dos temas: el conflicto eterno entre taxistas y plataformas de transporte, y la bochornosa noche del 9 de abril. Esa noche, en un «cacerolazo» en rechazo al fallo de nulidad electoral de Mikhail Krasnov, varias tractomulas invadieron el Centro Histórico, desafiando la normatividad que prohíbe su ingreso y causando daños evidentes al mobiliario urbano.
La respuesta de García Vargas ante el cuestionamiento por la falta de rigor fue un insulto a la inteligencia. Mientras la Secretaría le ha dicho a la opinión pública que se impartieron comparendos, ese día en el Concejo el Secretario no dio explicación de nada: ni de cuánto fue el monto de la sanción, ni cómo fue el procedimiento, ni por qué no se inmovilizaron los vehículos en el acto, ni de qué forma se pretendió aplicar la ley, ni sobre investigaciones en curso contra los agentes de tránsito a los que se les endilga un supuesto acompañamiento a la caravana de ilegales tractomulas. Con un desparpajo asombroso, se limitó a decir que ya había contestado eso en un derecho de petición y que «no iba preparado» para hablar de ese tema, a pesar de que la citación era explícita. Propuso, con una frescura cínica, que se hiciera otra sesión para abordar lo que él no quiso informar.
Esta propuesta es una aberración. Hacer sesiones no es un juego. Cada vez que estos señores se reúnen, solo en el pago de salarios de los concejales, la ciudad desembolsa $10.400.000. Si la sesión se parte en dos por la negligencia de un funcionario, el costo sube a $20.800.000 para tratar temas que caben perfectamente en una sola jornada. Pero ese cálculo es incompleto; a esos 10 millones hay que sumarles lo que cuesta pagarle a las unidades de apoyo, al personal de producción técnica, a los empleados de cafetería, los insumos de esta, y hasta el consumo de agua y luz. Es un aumento injustificado en el costo de funcionamiento de una corporación que hoy le sale carísima a los tunjanos y que no entrega el más mínimo resultado.
Sin embargo, la desfachatez de García Vargas no es un hecho aislado, sino el síntoma de una patología institucional. La Directora de Hacienda, el Secretario de las TIC, entre tantos otros, han hallado en la postergación un refugio seguro para su propia mediocridad. Se han habituado a una coreografía del desplante. Asisten al recinto con la intención deliberada de salir sin responder, forzando nuevas fechas y duplicando honorarios como si el erario fuera un recurso inagotable para financiar sus silencios. Y aunque entre las curules se escuchen voces de un malestar impostado, el teatro de la indignación no convence a nadie. Gran parte de esos concejales, que hasta hace poco conformaban el grupo del oráculo, hoy pretenden rasgarse las vestiduras, olvidado que ellos han sido los arquitectos silenciosos de las mañas y los vicios contractuales que marcaron la era de Mikhail Krasnov. Resulta, por lo menos, pintoresco que quienes pavimentaron el camino del desorden hoy se escandalicen por el polvo que levanta el camino.
Esa coreografía del desplante y la erosión constante de la dignidad del cabildo no es un accidente; es la consecuencia directa de la gestión de Brahiam Quintana Martínez. El actual presidente ha permitido que la investidura de la corporación se arrastre por el fango de la complacencia, operando más como un guardafaldas de la administración municipal que como el garante del equilibrio de poderes. Su liderazgo, si es que se puede llamar así a esa mezcla de silencio y anuencia, ha canjeado el respeto institucional por un discurso de vitrina, barato y desgastado, mientras en los pasillos los funcionarios se burlan de la investidura con la seguridad de quien se sabe inmune bajo la sombra de un presidente blandengue.
La bitácora de Quintana Martínez en este primer periodo de sesiones ordinarias de 2026 es un compendio de irregularidades disfrazadas de orden del día. Bajo la mirada impasible, y sospechosamente silente, de una Procuraduría Regional que parece haber olvidado la vigilancia de un recinto al que alguna vez condicionó y amedrentó para la defensa de la administración Krasnov con la bendición del Partido Verde , Quintana Martínez convirtió el inicio de sesiones en un anacronismo costoso. Se dedicó a tramitar un informe de rendición de cuentas de la Alcaldía cuya vigencia ya era cadáver, forzando la maquinaria pública para cumplir con un plazo que el calendario ya había devorado. Destinar el erario a un acto extemporáneo no es un error de trámite; es una bofetada a la legalidad administrativa, que hasta hoy sigue sin revisión por parte de los organismos de control.
Pero el desprecio por la eficiencia no se detuvo ahí. La presentación de dicho informe fue sometida a una fragmentación casi quirúrgica del tiempo y del dinero. Quintana partió la comparecencia de los secretarios en dos jornadas, solo para luego dilatarla en una tercera sesión convocada bajo el manto de la noche, buscando, con una astucia cuestionable, el agotamiento físico de sus colegas y la disolución del quórum. El resultado fue una sesión que se arrastró hasta la medianoche para reanudarse como una nueva una hora después , obligando a abrir un nuevo registro reglamentario y, por ende, una nueva factura de honorarios y logística. Tres sesiones pagas por un informe vencido, mientras la ciudad asiste al espectáculo de ver cómo se quema el presupuesto en debates insulsos y egolatrías presidenciales.
Sumado a este despilfarro de horas y recursos, asoma una sombra de duda sobre la ética presencial del mismo Quintana. Durante gran parte de los debates iniciales, la ausencia del Presidente fue la constante, abriendo un interrogante incómodo: ¿cobró el señor Quintana Martínez por sesiones en las que no estuvo presente? En este medio reposan grabaciones fidedignas que prueban su inasistencia mientras se tomaban decisiones, una verdad que contrasta con unas planillas que, como bien se sabe en los pasillos del cabildo, suelen ser firmadas con una ligereza sospechosa, ya sea por llegar tarde o por una solidaridad gremial que raya en lo delictivo. Para colmo de males, la transparencia pública choca con una pared tecnológica, pues las cámaras de videovigilancia del recinto, casualmente, no sirven. Esta irregularidad no es menor; no solo deja a la corporación desprotegida ante hurtos, sino que arrebata al ciudadano el derecho de verificar, mediante cintas oficiales, quién cumple realmente con su labor. Una «ceguera» técnica que parece convenirle demasiado a una presidencia que huye del escrutinio.
Mientras Quintana Martínez se pierde en la minucia de su figuración personal, los temas que realmente huelen a podredumbre contractual han sido confinados al olvido deliberado. Resulta un insulto al contribuyente que el Concejo no haya exigido respuestas contundentes sobre el contrato entregado a dedo a la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías por un valor superior a los $15.076.000.000. Lo escandaloso no es solo el monto, sino que sobre esta cifra se otorgó un anticipo del 95%; un privilegio inaudito en la contratación estatal, donde lo habitual es cobrar contra ejecución y cumplimiento, y no recibir el botín antes de mover la primera piedra. Bajo este contrato se debería estar ejecutando el corazón de los presupuestos participativos de la ciudad, donde cada Junta de Acción Comunal priorizó con esperanza el arreglo de sus vías, la instalación de cámaras, la mejora de salones comunales o el rescate de polideportivos. Sin embargo, la realidad en los barrios es desoladora. Allí donde se ha hecho algo, las obras son mediocres, con materiales de bajísima calidad y cronogramas que parecen una burla; y en el peor de los casos, simplemente no se ha visto nada. Tunja hoy tiene una ciudad intervenida a medias y mal hecha, financiada con un cheque en blanco que Quintana Martínez se niega a fiscalizar.
Y es en medio de este panorama de dineros entregados a manos llenas y sin resultados, donde surge otra omisión imperdonable: el trámite de la adición de superávit. Resulta criminal que mientras la ciudad tiene recursos congelados en sus cuentas, la administración municipal no haya presentado el proyecto y el Concejo no haya ejercido la más mínima presión política para exigirlo durante este trimestre. Mientras Brahiam Quintana dilapida el tiempo en sesiones estériles, Tunja tiene su único asilo de ancianos viviendo de prestado desde hace más de medio año. Es la paradoja de la miseria administrada, hay plata quieta en las cuentas del municipio, pero no hay voluntad en el Despacho del Alcalde ni control en el Cabildo para poner esos recursos al servicio de quienes más lo necesitan. El superávit se quedó en el limbo de la ineficacia compartida entre un Ejecutivo que no lo radica y un Concejo que prefiere no incomodar.
Quintana Martínez, sin embargo, prefiere las luces de sus redes sociales. Se ha especializado en el matoneo mediático contra las empresas de servicios públicos, fabricando una épica de cartón para sus videos donde posa como el paladín de los usuarios, videos a los que además debe pagarles, sospechosamente, publicidad, dando una clara muestra de su interés malsano detrás de sus supuestas preocupaciones. Es un espejismo: las tarifas no han bajado un centavo y los porcentajes han variado en favor de unos y en detrimento de otros, sin que se perciba cambio significativo alguno. El presidente guarda un silencio cómplice ante el pretexto municipal de la falta de recursos para aliviar el bolsillo de los estratos 1, 2 y 3, pero no tiene reparos en permitir que esos mismos recursos se diluyan en la ineficiencia de Donmatías. Dice que las empresas le ocultan información, pero cuando las cita, estas responden con una precisión técnica que sus propios protegidos del gabinete municipal envidian desde su ignorancia.
Resulta patético ver cómo Quintana Martínez se escandaliza por las facturas de aseo de la «gentecita que se quita el pan de la boca» mientras permite que el municipio actúe como un socio parásito de Urbaser. En el reciente debate de control a esta empresa quedó claro: el municipio recibe $100 millones mensuales de arrendamiento y utilidades del 30%, pero fue incapaz de conformar un Comité de Aseo en doce años. Quintana Martínez calla ante el hecho de que la administración se lucra del sistema que él ataca en Facebook. Atacar al privado es fácil y da «likes», pero cuestionar a la administración municipal, en la que él tiene sus intereses, requeriría una decencia política que el actual presidente no conoce. Y ni hablar de cuando se esfuma su empatía por «la gentecita que se quita el pan de la boca por pagar el recibo del aseo», si lo que se cuestiona es el hecho de que esa «gentecita» también sufre cuando paga un predial costoso que se va en sostener entidades inoperantes y carcomidas por la corrupción de la administración Krasnov como es el caso de Ecovivienda.
Si la intención de Quintana fuera técnica, el rabo de paja no sería tan evidente. En el reciente debate a Urbaser, omitió deliberadamente invitar a la CRA y a la Superintendencia de Servicios. Quintana oculta las respuestas que ya recibió de la Superservicios porque sabe que desmienten su libreto de manipulación ciudadana. Pero este afán de cosechar votos a partir de la manipulación del deseo popular de unas tarifas de servicios públicos más bajas, se sostiene en su inoperancia para la presentación de proyectos o para la gestión de recursos, pues en más de dos años de presencia en el Concejo, apenas acaba de presentar su primer proyecto, el cual nació muerto por falta de viabilidad financiera. Quintana Martínez lo presentó sabiendo que el municipio no tiene los recursos, simplemente como un saludo a la bandera para alimentar su imagen electoral. No gestiona con su titiritero y papá político Wilmer Castellanos, no propone soluciones reales y prefiere explotar la falta de conocimiento técnico de una ciudadanía motivada y caldeada por sus propios intereses proselitistas.
Al final, queda la imagen patética de un presidente que prefiere personificar a un «recibo humano» en un video viral antes que ejercer la dignidad de su cargo. Es el oportunista que nutre su capital político aprovechando la ingenuidad y las necesidades de una población que busca respuestas, mientras él protege la incompetencia de los herederos de una administración que salió por la puerta de atrás por corrupta, no por «profesora». Ataca a empresas como Urbaser, cuya tecnología de lixiviados de nivel aeroespacial es lo que mantiene a Tunja a salvo del colapso sanitario que sufre Sogamoso por pura incapacidad local. Quintana no busca justicia tarifaria; busca ruido para ocultar que, bajo su mando, el Concejo de Tunja es hoy un organismo manoseado y sin brújula, donde la única prioridad es mantener viva la comedia del descaro.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tomado de Periódico El Tunjano