El descenso en los niveles de la moral pública ha tocado fondo en nuestro territorio. Lo que antes generaba un rechazo absoluto y unánime, hoy parece diluirse en la preocupante resignación de una ciudadanía obligada a normalizar lo asqueante. Este fenómeno de degradación, donde los estándares de lo políticamente correcto, de la forma de hacer política y de lo que la sociedad está aceptando como correcto se han rebajado a un límite mínimo, no es exclusivo de las grandes esferas del poder central. Late con una fuerza devastadora en el ámbito local y departamental, incrustándose de manera profunda en el imaginario colectivo de Tunja y Boyacá, donde las repercusiones calan directamente en el electorado, a pesar de que la crisis estructural se replique de igual forma a escala nacional.
En los pasillos del Concejo Municipal de Tunja se rumora con insistencia la inminente renuncia de la concejal Sandra Estupiñán. El propósito de este movimiento estratégico no sería otro que el de terminar lanzándose como candidata a la Alcaldía de la capital boyacense en las elecciones atípicas que se avecinan. Este proceso electoral se perfila provisionalmente para el próximo 26 de julio, a falta de una confirmación oficial de la fecha definitiva, como consecuencia directa de la declaratoria de nulidad de la elección de Mikhail Krasnov y su posterior destitución.
Existe un extendido equívoco en la opinión pública según el cual a un concejal en ejercicio le estaría prohibido por completo aspirar a la alcaldía de su propio municipio dentro del mismo periodo constitucional. Jurídicamente, el Consejo de Estado y la función pública han aclarado que, al no ostentar la calidad de empleados públicos, los concejales sí pueden renunciar a su curul para presentarse a una elección atípica local sin que les aplique la inhabilidad por coincidencia de periodos. Sin embargo, la inviabilidad de Sandra Estupiñán no es de carácter político-temporal, sino estrictamente administrativa y presupuestal, un blindaje legal innegociable que la deja sin margen de maniobra.
La sola configuración de esta aspiración resulta supremamente indebida desde un punto de vista ético y legal. Al haber ejercido como presidenta del Concejo Municipal y, por ende, haber fungido como ordenadora del gasto de la Corporación durante la vigencia 2025, Estupiñán ejecutó de manera directa autoridad administrativa en la misma jurisdicción donde pretende gobernar. El artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 617 de 2000 (https://www.funcionpublica.gov.co/…/gestor…/norma.php…), prohíbe de forma taxativa que sea inscrito o elegido alcalde quien, dentro de los doce meses anteriores a la votación, haya ejercido dicha autoridad. Si las elecciones atípicas se celebran el próximo 26 de julio, el marco de inhabilitación cubre desde julio del año anterior, sepultando legalmente cualquier pretensión de la cabildante por el ejercicio de su pasada ordenación presupuestal.
A esta insalvable barrera técnica se suman otras líneas de sospecha que como ciudadanos estamos obligada a fiscalizar en el régimen de incompatibilidades de la Corporación. Aunque en el pasado su investidura sobrevivió a una demanda electoral debido a que su tío ejerce como rector de la Institución Educativa Rural del Sur, dicha condición de directivo docente, pese a ostentar autoridad civil y administrativa local; se ubica en el tercer grado de consanguinidad, lo que legalmente la excluye de la inhabilidad de parentesco para alcaldías, la cual se limita de forma restrictiva hasta el segundo grado. La verdadera alerta disciplinaria debe centrarse ahora en el cumplimiento estricto del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, rastreando si el fortín de Cambio Radical, partido que la respaldó como su votación más alta, o el bloque de la coalición de gobierno al que pertenece, han intervenido en la celebración de contratos o gestiones de intereses con la administración municipal en el último año. Asumir dicha postulación implicaría avanzar a sabiendas de una inhabilitación presupuestal flagrante, convirtiendo su nombre en la ficha clave para representar la continuidad directa de un gobierno fenecido.
El panorama se torna aún más lúgubre al desplazar la mirada hacia el ámbito departamental, donde el caso del alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, expone en detalle los engranajes de un presunto esquema de corrupción y tráfico de influencias. Aunque los hechos se procesan bajo el principio de presunción legal, la revelación de los audios de las llamadas de marzo de 2026 saca las denuncias del terreno de la especulación. En las grabaciones se escucha al mandatario municipal coordinar de manera directa con María Victoria Solarte, propietaria de San Jacinto de Nelvic SAS, la manipulación de trámites administrativos para subsanar documentalmente las graves irregularidades de una obra que, tras recibir una licencia inicial de 521 metros, terminó levantando pesebreras, una capilla y un lago artificial en la más absoluta ilegalidad urbanística, específicamente una megamansión ubicada en la vereda Sábanas.
La conversación devela una alarmante maniobra de alteración técnica donde el Alcalde sugiere reajustar los planos para hacer empalmar la construcción real ante las autoridades de control, advirtiendo con preocupación que en una supervisión física saltaría el error de haber movido el lago y la capilla. Sin embargo, el núcleo central del escándalo radica en la impunidad garantizada mediante una presunta red de influencias del más alto nivel regional. Gamboa asegura con una confianza pasmosa tener coordinado un desayuno de trabajo en la ciudad de Tunja con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez, y la directora de Corpoboyacá, Yeimy Liseth Echeverría Reyes, con el fin de archivar de manera definitiva el proceso sancionatorio ambiental que pesa contra la constructora. El audio registra al Alcalde de los villaleyvanos atribuyéndole al propio Gobernador gestiones previas ante la autoridad ambiental para dejar el camino libre de sanciones.
Como era de esperarse en el predecible libreto del control de daños institucional, la dirección de Corpoboyacá saltó de inmediato a la defensiva. A través de un comunicado oficial, Yeimy Liseth Echeverría Reyes rechazó de forma contundente los audios y negó cualquier desayuno o componenda con el Gobernador o el mandatario local. Por supuesto que la entidad iba a negarlo en público; admitir lo contrario sería firmar su propia sentencia penal. Sin embargo, lo verdaderamente revelador para el ciudadano de a pie no es la previsible defensa corporativa de la entidad, sino el riguroso hilo cronológico de los hechos que, al cruzarse con el expediente judicial, destapa la enorme inmundicia que se esconde debajo de la mesa.
La reconstrucción de la línea de tiempo es demoledora. La comprometedora llamada en la que el alcalde Gamboa aseguraba tener «cuadrado» el archivo del proceso sancionatorio se produjo el 6 de marzo de 2026. No obstante, las pruebas documentales demuestran que pocas semanas después, el 24 de abril de 2026, Corpoboyacá terminó expidiendo la Resolución 1297 para formular pliego de cargos formales en contra de la constructora, un acto administrativo que iba en contravía de lo pactado. ¿Qué pasó en ese intermedio temporal? El análisis de este desfase deja sobre el tablero dos únicas conclusiones posibles: o el Alcalde estaba vendiendo un humo monumental y traficando influencias falsas con un desayuno que jamás se concretó, o el presunto negocio criminal se les desplomó a última hora.
Esta última hipótesis adquiere un peso considerable al analizar el contexto de la posterior captura de Víctor Gamboa por parte de la Fiscalía, ejecutada el 7 de mayo de 2026, un hecho que tomó por sorpresa a la opinión pública. Cabe la fuerte posibilidad de que la sorpresiva expedición de cargos por parte de Corpoboyacá el 24 de abril fuera el resultado de una investigación judicial que ya venía madurando sigilosamente tras bambalinas. Bajo este escenario hipotético, el presunto pacto de impunidad regional se habría quebrado no por voluntad de las partes, sino ante el temor de una inminente acción penal, lo que habría obligado a la autoridad ambiental a alinearse con la norma para salvaguardar su propia posición institucional, dejando al mandatario local en un escenario de absoluta soledad jurídica dentro de su intrincada línea discursiva.
El cierre del registro sonoro original expone la contraprestación económica de este presunto pacto ilegal, tasada explícitamente en una coima equivalente al 20% del valor total de la licencia de construcción. Lejos de cualquier ambigüedad, el mandatario detalla la distribución matemática del soborno para garantizar el silencio y la aprobación de la obra: un 5% destinado a los inspectores de policía municipal, entre un 5% y un 10% para el área de Control Urbano, y el 10% restante reservado para los funcionarios de Planeación y Corpoboyacá. Este nivel de desparpajo institucional, donde los despachos públicos y los procesos de control ambiental se tasan como mercancías en una mesa de negociación, retrata la profunda descomposición de la gestión territorial en Boyacá.
La descomposición adquiere un matiz aún más cínico en una nueva pieza procesal clave revelada en el marco de las audiencias que buscan medida de aseguramiento contra Gamboa por los delitos de concusión y prevaricato. En este segundo registro sonoro, se evidencia el momento en que María Victoria Solarte frena en seco las pretensiones del mandatario al manifestarle textualmente que no procederá de esa forma por ir en contra de sus valores y de lo enseñado por sus padres. Frente al rechazo de la coima, la respuesta de Gamboa, lejos de ser un acto de rectificación, consistió en desplegar una justificación corporativa del delito, argumentando con total desparpajo que la exigencia económica era la única vía «práctica» para resolver el problema y «ayudar» a su equipo de trabajo, mencionando explícitamente a un funcionario de nombre Luis Fernando; alegando que sus subalternos se encontraban cansados de los problemas administrativos y los constantes «chicharrones» que rodeaban la megaobra de la vereda Sábanas.
El cinismo del mandatario local quedó plenamente retratado cuando la empresaria le planteó como alternativa legítima la canalización de apoyos directos a obras sociales o programas para la infancia en el municipio. Aunque Gamboa reconoció de forma superficial que dicha idea le parecía «chévere», de manera inmediata descartó la propuesta argumentando que la gestión social no era de su resorte ni del de su esposa, para volver a insistir de forma machacona en que el pago en efectivo del 20% era el único mecanismo válido planteado sobre la mesa. Mientras la defensa del Alcalde intenta desacreditar las grabaciones tachándolas de una supuesta estrategia de «entrampamiento» y manipulación técnica, el expediente judicial expone la radiografía de una administración donde el chantaje presupuestal se camufló bajo el discurso de la eficiencia del equipo de gobierno.
La estocada final de este descaro institucional se revela en una tercera conversación procesal, donde el alcalde Gamboa ejecuta un burdo repliegue discursivo tras la negativa de la empresaria a pagar la coima. Apelando de forma cínica a la fe, a la oración y a una supuesta «reflexión personal sobre principios éticos», el mandatario le asegura a Solarte que da un paso al costado y que no interferirá en favor del proyecto, confesando sin pudor que durante un año entero alteró sus propios límites éticos permitiéndoles avanzar ilegalmente en la construcción. El giro delictivo se completa con un chantaje velado: ante la afirmación de la empresaria de haber cumplido las normas, Gamboa la frena en seco sentenciando que la megaobra «no cumple muchísimas cosas», dejando claro que el estricto rigor de la ley solo se aplica como represalia cuando el soborno fracasa.
Finalmente, la patanería, la mentira y un evidente cruce de intereses particulares cierran este circuito de degradación en la Asamblea Departamental, teniendo como protagonista al diputado Jhon Alexander López Mendoza, un dirigente ampliamente polémico que hoy bien puede considerarse, bajo el rigor del voto de opinión, como un auténtico cadáver político. Los hechos comenzaron a salir a la luz pública el pasado lunes festivo tras difundirse la denuncia sobre un presunto altercado físico sufrido por el empresario y precandidato a la Alcaldía de Tunja, Diego Neira, el cual habría tenido lugar en el segundo piso del Centro Comercial Viva Tunja, en cercanías a las escaleras eléctricas. Al abordarse el debate sobre las futuras candidaturas locales en el restaurante del Diputado, la discusión se habría calentado debido a la intolerancia de López Mendoza, quien supuestamente no aceptó una postura diferente en la mesa y habría sentenciado de forma radical que la contienda la ganaría el ungido por la línea de Mikhail Krasnov.
El manejo posterior de esta situación expone la bajeza del Diputado para camuflar el incidente, pero también devela el predecible libreto de figuración que rodea a la política criolla. Al ser consultado por este medio en horas de la mañana, López Mendoza recurrió al desparpajo absoluto, asegurando con total tranquilidad que no sabía de qué se le estaba hablando (https://www.facebook.com/share/v/1JZJFHnJGm/), buscando tapar el altercado en un claro ejercicio de control de daños. Sin embargo, la posterior publicación del comunicado del denunciante dinamitó su silencio, abriendo paso a un juego cruzado de intereses. Al ser contactado telefónicamente por este medio de comunicación (https://www.facebook.com/share/v/1BB95mFpTd/), Diego Neira no dudó en anteponer su condición de precandidato, su origen académico y sus credenciales de posgrado en Barcelona por encima de la narrativa de los hechos. Resulta evidente que la presunta víctima, con un agudo sentido de la oportunidad mediática, decidió instrumentalizar el lamentable suceso para publicitar su propia campaña política, montando un libreto de victimización electoral justo en el arranque de las atípicas.
Ese evidente cálculo de la contraparte no limpia, bajo ninguna circunstancia, la alarmante doble moral y el talante agresivo del diputado López Mendoza al estructurar su coartada pública en horas de la tarde. Pasando de la supuesta ignorancia matutina al cinismo mediático, el diputado desplegó una narrativa hostil en los micrófonos de algunos medios de comunicación, desmintiendo cualquier agresión física y acusando al empresario de armar un altercado solo para evadir el pago de la cuenta de los cócteles. Lo verdaderamente vergonzoso de su intervención fue la preocupante ligereza con la que validó la violencia en público; sin el menor decoro, el diputado llegó a declarar ante los medios que se arrepentía de «no haberle dado un buen coscorrón por cobarde», retando soberbiamente a revisar las cámaras del sector. Este descaro discursivo, donde un servidor público se ufana de la fuerza física y maneja las versiones según el tamaño del escándalo, retrata a un dirigente que no solo actuó con patanería e ignorancia cuando fue presidente de la duma haciendo lo que quiso, sino que ha quedado retratado como un mentiroso ante la sociedad.
Tunja y Boyacá asisten al espectáculo de una clase política que no solo vulnera las normas legales y éticas, sino que además menosprecia la inteligencia de sus ciudadanos mediante el uso sistemático de la mentira, el abuso de poder y la degradación de la dignidad en el ejercicio público.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tomado de Periódico El Tunjano