Con la posesión de Rafael Acevedo Pedroza como alcalde de la capital boyacense, la ciudad inicia una etapa que requiere la máxima madurez democrática por parte de todos los sectores políticos, sociales y comunitarios. Reconocer la legitimidad del nuevo mandatario e instar a la construcción de un ambiente de serenidad es la vía para hacer posible la gobernabilidad. Resulta indispensable atenuar las fricciones del debate electoral, desarmar los ánimos y comprender que Tunja necesita concentrar sus esfuerzos en la gestión y en la solución de sus problemas estructurales.
Sin embargo, ese llamado a la serenidad y al respeto institucional no significa, bajo ninguna circunstancia, que la administración entrante sea inmune al cuestionamiento o a la crítica rigurosa. Brindar el margen necesario para que el gobierno organice su plan de trabajo no convierte a la gestión pública en una zona de intangibilidad. La labor de la prensa no consiste en plegarse a directrices oficiales ni en asumir posturas complacientes, como suelen pretender y habitualmente premiar las administraciones públicas. Por el contrario, la contienda electoral concluyó y la administración municipal debe garantizar las condiciones para el libre ejercicio del análisis independiente y la fiscalización ciudadana, entendiendo que se gobierna para la totalidad de Tunja y no para una facción.
La lectura del escenario político exige rigurosidad. El veredicto popular dejó ver un descontento acumulado frente a las dinámicas del Partido Verde y la hegemonía regional liderada por el gobernador Carlos Amaya, del mismo modo que pasó factura a la exconcejala Sandra Estupiñán por su trayectoria carente de resultados en el cabildo y el respaldo que le brindó el exalcalde Mikhail Krasnov.
La lectura analítica de este momento exige dejar de lado cualquier exceso de ego y abordar el fenómeno electoral con absoluta crudeza técnica. Quienes sostenemos un ejercicio de análisis continuo sobre las dinámicas de la ciudad comprendemos que la ciudadanía esperaba una lectura rigurosa de lo ocurrido en las urnas. Se ha querido instalar el discurso simplista de que en Tunja triunfó de manera pura el voto de opinión, pero es necesario precisar cuál fue la opinión que verdaderamente se impuso. Lo que ganó no fue una corriente de adhesión dogmática hacia la propuesta de Rafael Acevedo Pedroza, sino un categórico y visceral voto de castigo, otra vez.
El electorado salió a manifestar su rechazo hacia las dinámicas de la politiquería encarnadas la estructura del Partido Verde, ratificando una constante histórica en las urnas locales: Tunja suele votar en contra de todo lo que huela o se acerque a esa casa política, saliendo a votar con la firme intención de hacerlos perder. De igual manera, la ciudadanía, la poca que participó, le cobró una factura implacable a la exconcejal Sandra Estupiñán por más de catorce años de absoluta inoperancia en el cabildo municipal, caracterizados por la ausencia de proyectos de acuerdo de su autoría, la complacencia ante las iniciativas del gobierno de turno y la aprobación de millonarios endeudamientos. A este desgaste se sumó el contraproducente respaldo del destituido Mikhail Krasnov, cuya pretensión de impulsar dicha candidatura desde las sombras terminó por hundir sus aspiraciones.
Bajo ninguna perspectiva puede sostenerse la tesis de que la ciudadanía eligió a Acevedo Pedroza convencida de hallarse ante un líder visionario con un modelo de ciudad claro y estructurado. Los antecedentes de gestión pública del hoy mandatario impiden alimentar ese relato. En su paso por la Secretaría de Infraestructura durante la alcaldía de Pablo Cepeda, Acevedo no logró concretar obras de trascendencia, no gestionó recursos de calado ni dejó legados de infraestructura para la capital boyacense. Posteriormente, en su desempeño como diputado en la Asamblea Departamental, tampoco impulsó o concluyó iniciativas de impacto directo para Tunja. Los electores no votaron por la certeza de un ejecutor probado, sino por la urgencia de frenar a quienes consideraban la encarnación del continuismo y las maquinarias.
Es fundamental desmentir con igual firmeza la narrativa irreal que pretende presentar este triunfo como una gesta antimaquinaria. Creer que Rafael Acevedo llegó a la Alcaldía libre de ataduras o compromisos es de una ingenuidad absoluta. Las maquinarias no fueron derrotadas en esta contienda; pues parte de ellas operaron desde la campaña victoriosa. Detrás de esta candidatura confluyeron figuras tradicionales de la política local que hicieron parte activa del gobierno de Pablo Cepeda, tales como la ex gestora social Ana Isabel Hernández, el exsecretario de desarrollo Guillermo Jiménez Pinzón, además de nombres como el de Néstor Barrera, entre otros que influyeron igualmente, aunque de forma más discreta.
A este panorama se suma el reciclaje directo de figuras clave de la administración de Alejandro Fúneme González, uno de los exalcaldes con peores índices de aprobación en la historia reciente de la ciudad. Personajes como Elmer Román Díaz y José Moreno Villamil hicieron parte del gabinete de Fúneme, demostrando que las viejas estructuras de poder simplemente migran para mantenerse vigentes. La frustrante experiencia con el exalcalde Krasnov, cuyo mandato resultó salpicado por prácticas deplorables dignas de la clase política tradicional, terminó por inclinar la balanza hacia la resignación pragmática de la ciudadanía, que prefirió inclinarse por figuras conocidas antes que arriesgarse nuevamente con improvisaciones disfrazadas de renovación.
A esta estructura se sumó un sector determinante del Partido Liberal encabezado por el representante Héctor Chaparro y por Rodrigo Rojas, principal opositor del gobernador Carlos Amaya y aspirante a la Gobernación, quien encuentra en la administración Acevedo un aliado estratégico con miras a las próximas contiendas regionales de 2027. La presencia del excongresista y hoy director de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, en el acto de posesión de Acevedo Pedroza termina de configurar un mapa de respaldos políticos innegable. Pretender justificar su asistencia bajo el argumento de una delegación oficial del Gobierno Nacional resulta insostenible, pues es bien sabido que la presencia de dichas figuras responde a las afinidades del mandatario electo.
Esa abultada lista de acreedores políticos representa la primera gran encrucijada para Rafael Acevedo Pedroza. En un mandato extraordinario de apenas diecisiete meses no existirá margen de tiempo, burocracia suficiente ni presupuesto en el gabinete municipal para complacer las aspiraciones de cada uno de los sectores, exsecretarios y dirigentes a los que hoy se les debe el favor electoral. En un periodo ordinario de cuatro años es posible rotar nombramientos y cumplir acuerdos, pero en diecisiete meses el tiempo resulta un enemigo implacable que expondrá rápidamente las tensiones internas de la coalición de gobierno.
Respecto a la conformación del equipo de gobierno, es preciso dejar en claro que, salvo el anuncio de José Moreno Villamil ante la Secretaría de Educación Territorial realizado por canales institucionales, la Alcaldía no ha publicado en sus medios oficiales ni ha expedido formalmente los decretos de nombramiento para el resto del gabinete. Lo que ha venido ocurriendo es que varios de los virtuales secretarios y directores (entre ellos el general en retiro Óscar Moreno o Simón Medina en el Irdet) han dado a conocer sus designaciones de forma anticipada a través de redes personales y medios de comunicación, acompañados de la tradicional fotografía estrechando la mano del mandatario. No obstante, mientras estos anuncios no se traduzcan en actos administrativos en firme, el gabinete formalmente no existe, lo que refleja un arranque de gobierno donde la autopromoción de los elegidos se ha adelantado al rigor institucional. Quienes finalmente asuman la responsabilidad de las dependencias deberán entender que la contienda concluyó y que están obligados a gobernar para la totalidad de la ciudadanía, garantizando una gestión técnica y transparente, alejada de sectarismos de campaña o tónicas de revancha.
En materia de planificación urbana, la administración entrante debe actuar con absoluta sensatez y deshacerse de propuestas irresponsables que comprometen el futuro de la capital. La idea de construir un sistema de cable aéreo y funiculares en el marco del proyecto del “Parque de la Gran Loma Sagrada”, promovida desde hace tiempo por Néstor Barrera, es una fantasía fiscalmente inviable y técnicamente desproporcionada, que no debe llevarse a cabo por cumplir favores políticos y mucho menos caprichos a viejas amistades.
Esta propuesta ha intentado venderse a la opinión pública como algo realizable bajo la figura de una supuesta alianza público-privada o financiamiento particular para eludir el hecho de que la ciudad no cuenta con los recursos para ejecutarla. Se trata de un argumento falaz: ningún inversionista privado va a destinar cientos de miles de millones de pesos a un proyecto que carece de estudios serios de prefactibilidad y que no demuestra sostenibilidad económica. Lo verdaderamente gravoso para la ciudad es que el municipio no puede permitirse el lujo de comprometer ni un solo centavo del erario en financiar estudios, prefactibilidades o consultorías para un proyecto fantasioso, que no resuelve problemáticas, sino que las crea. Adicionalmente, esta idea cuenta con el rechazo rotundo de los habitantes del centro occidente (barrios Altamira, El Carmen, Gaitán, Cojines, San Lázaro, El Milagro y La Concepción), quienes han impulsado de forma autónoma la Ruta del Zaque, proyecto que ha venido avanzando y sumando adeptos en la ciudad. Si el alcalde Acevedo Pedroza pretende gobernar con pragmatismo, debe respaldar los procesos comunitarios reales y abstenerse de gastar recursos públicos en caprichos irrealizables.
Precisamente en esa línea de atención a las verdaderas necesidades territoriales, resulta justo señalar que la administración entrante ha mostrado un acierto temprano al gestionar un encuentro con el alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón. Conocer de primera mano la experiencia exitosa de la ‘Ciudad del Sol’ en la implementación de convenios solidarios constituye un paso en la dirección correcta. Otorgarle la ejecución directa de pequeñas obras e intervenciones a las propias Juntas de Acción Comunal y organizaciones comunitarias no solo optimiza el recurso público, sino que dignifica la autogestión de los barrios y resuelve problemas cotidianos que suelen estancarse en la burocracia municipal. Promover esta figura en Tunja representa una oportunidad valiosa para reparar el tejido comunitario y superar las nefastas ejecutorias en materia de presupuestos participativos que caracterizaron al periodo de Krasnov.
En cuanto al ordenamiento territorial, prometerle a los tunjanos la formulación y aprobación de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en el término de un año es una absoluta irresponsabilidad y una falsa expectativa. Basta revisar el antecedente inmediato: administraciones anteriores, como la de Alejandro Fúneme, le destinaron montos presupuestales multimillonarios a la contratación de equipos técnicos, consultorías y diagnósticos para el POT, y aun con semejante flujo de recursos e insumos no lograron concertar las determinantes ambientales ni sacar el proyecto adelante. Pretender que en solo diecisiete meses, sin presupuesto extraordinario y sin estudios actualizados a la mano, se va a estructurar de la nada un nuevo POT es un desatino técnico. Lo que Tunja requiere con urgencia son modificaciones parciales y puntuales al texto vigente para destrabar la ciudad.
Ese proceso de modificación parcial exige concentrarse en casos concretos, como el ajuste a los usos del suelo para permitir la consolidación del comercio formal que genera empleo, o la urgente intervención en sectores residenciales como el barrio Los Muiscas. Para resolver la problemática de los bares y establecimientos nocturnos que hoy martirizan el descanso de familias, adultos mayores y niños, el Concejo Municipal debe ser convocado a sesiones públicas y transparentes donde se ponga la cara a la comunidad. Allí deben citarse frente a frente a los residentes afectados y a los propietarios de los negocios para concertar soluciones reales; y si la conclusión técnica es que un establecimiento no puede permanecer en una zona residencial, el bar tendrá que irse y reubicarse en zonas de desarrollo nocturno claramente delimitadas. Así es como se gobierna con participación y firmeza, no mediante componendas de pasillo.
Para que estas modificaciones parciales prosperen, la corporación edilicia está obligada a abandonar el desperdicio de recursos públicos en ejercicios inoficiosos como sus ya conocidos “controles políticos” sin resultado alguno. El Concejo debe dejar de ser el escenario para satisfacer los caprichos del incomprendido presidente de la corporación, Brahiam Quintana, cuyos llamados a control político terminan de forma vergonzosa tras quince minutos de sesión sin quórum o sin presentación del citado funcionario, ni conclusiones, o con citaciones de seguimiento a políticas públicas programadas torpemente en plenas semanas de empalme en las que los titulares de las dependencias no pueden asistir. Las sesiones pagadas con el dinero de los contribuyentes deben servir para resolver los conflictos del territorio, no para el protagonismo estéril.
Los diecisiete meses de gestión de Rafael Acevedo Pedroza constituyen una ventana de oportunidad si se gobierna con pragmatismo, rigor técnico y disposición al acuerdo. Periódico El Tunjano mantendrá su compromiso con la verdad, el análisis profundo y la fiscalización estricta al servicio de la ciudad.
Tomado de Periódico El Tunjano