Si el país político vive por estos días con la boca llena hablando de la famosa «Patria Milagro», en Tunja estamos a punto de presenciar la versión local de una revelación divina: el milagro de la multiplicación de los huecos. La bendición celestial corre por cuenta del Instituto Nacional de Vías (Invías), que en un derroche de supuesta generosidad pretende transferirle al municipio la administración, el mantenimiento y la perpetua ruina fiscal de las avenidas Oriental y Norte. Ante semejante oferta, la reacción en el despacho del Alcalde no ha sido la indignación técnica ni la defensa enérgica del bolsillo de los tunjanos. Por el contrario, la respuesta de Rafael Acevedo Pedroza ha oscilado entre la resignación pasiva y un entusiasmo casi religioso por recibir un único cheque de $7.000 millones de pesos, presentado ante la opinión pública con el júbilo de quien cree haber descubierto El Dorado.
Hay que analizar este negocio con absoluto rigor para desmontar la trampa institucional que desde Bogotá pretenden imponerle a la capital boyacense. El Invías argumenta que, con la entrada en funcionamiento de la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, la Avenida Oriental y la Avenida Norte perdieron su condición de corredores nacionales para clasificarse como simples pasos urbanos de competencia municipal. Esta premisa constituye un sofisma técnico. En la geografía de Tunja no existe una variante de carga exclusiva que desvíe el tránsito pesado por fuera del casco urbano; en consecuencia, por la Oriental y la Norte continúan circulando obligatoriamente tractomulas, camiones de gran tonelaje, volquetas y la totalidad del flujo intermunicipal. Se trata de un tráfico pesado que atiende a la dinámica económica de la Nación y cuyos rendimientos benefician a puertos y centros logísticos distantes. Exigir que el desgaste acelerado del asfalto producido por la carga nacional sea financiado con el impuesto predial o la sobretasa a la gasolina de los tunjanos es una evidente asimetría fiscal, que repite la práctica centralista de transferir la infraestructura desgastada mientras la Nación retiene el recaudo de los peajes.
Para dimensionar la fragilidad de esta negociación, basta revisar las matemáticas básicas de las arcas municipales. El presupuesto general de Tunja para 2026 es de $534.537 millones de pesos, de los cuales cerca de $514.000 millones corresponden al gasto corriente de la administración central. Si en el gobierno de Alejandro Fúneme los estudios del Sistema Estratégico de Transporte Público calcularon que la recuperación de la deteriorada malla vial urbana requería una inversión cercana a los $400.000 millones de pesos (cifra equivalente en 2023 a la totalidad del presupuesto anual de la ciudad), resulta un chiste de mal gusto que la administración celebre como un triunfo histórico las sobras de $7.000 millones que le lanza el Invías. Esos millones no son más que una migaja presupuestal, una raspa que no alcanzará para tapar grietas ni durante doce meses, pero que a cambio le deja al municipio una condena fiscal a perpetuidad para sostener una arteria nacional.
A este prodigio financiero se suma la creatividad con la que la Alcaldía pretende gastar la limosna. El alcalde Acevedo proyecta usar los $7.000 millones para construir glorietas y pasos urbanos que jamás nadie había contemplado ni priorizado en la planificación de la ciudad, citando intervenciones como las glorietas de Los Hongos, la glorieta de Los Patriotas o el paso hacia el terminal por la Calle 18. Obras inéditas, sacadas del sombrero a última hora sin sustento en estudios viales, pero con las que ahora pretende justificar el recibo del corredor. El libreto de este tipo de milagros en la obra pública municipal nos lo sabemos de memoria: se rompe el asfalto, la platica del Invías se esfuma en las primeras de cambio, las obras quedan paralizadas a la mitad exigiendo adiciones que el Departamento de Hacienda no puede cubrir y Tunja termina “enhuesada” a perpetuidad con el mantenimiento de una arteria que desborda por completo su caja.
El contraste entre la prisa por recibir estas avenidas y la capacidad real del municipio para sostenerlas es francamente hiriente. Hoy por hoy, la Avenida Oriental y la Avenida Norte conservan un estado de rodadura entre aceptable y bueno. En cambio, los accesos donde la ciudad debe responder por el impacto del tráfico pesado exponen la miseria del presupuesto municipal. Ahí está la salida a Moniquirá, una vía destruida, atestada de troneras grotescas por las que siguen rebotando tractomulas y que se ha convertido en una causa constante de accidentalidad y luto. O la salida a Villa de Leyva, un corredor que hasta hace poco parecía una superficie lunar abandonada y que solo logró arreglarse porque la Gobernación de Boyacá tuvo que meter la mano con recursos que la alcaldía jamás poseyó, y ni hablar del lamentable estado de la Avenida Universitaria, por la que ni siquiera transita tráfico pesado. Si la administración ha sido incapaz de mantener estos corredores que sí son de su resorte, resulta una irresponsabilidad monumental asumir la servidumbre de dos avenidas nacionales adicionales a cambio de un cheque que se va a derretir como un helado al sol.
Desde la orilla jurídica, el Invías pretende blindar su jugada amparándose en el marco general de la Ley 105 de 1993 y las directrices del Decreto 1079 de 2015. Bajo esta normativa del sector transporte, el Gobierno Nacional se faculta para reclasificar la infraestructura y desprenderse de aquellos tramos que, tras la construcción de variantes o dobles calzadas exteriores, pasan a integrarse formalmente a la red vial del casco urbano. Es a través de esta prerrogativa institucional que el instituto presiona a las entidades territoriales, argumentando que la operación, semaforización y mantenimiento de la capa asfáltica dentro del perímetro de la ciudad pasan a ser competencia exclusiva de la Alcaldía. La trampa radica en que el Invías utiliza este resquicio legal como un gancho para desembolsar una partida inicial por una sola vez, logrando que el municipio suscriba el convenio interadministrativo de traspaso y quede atado legalmente a financiar la vía con sus propios impuestos a perpetuidad.
Sin embargo, esta interpretación conveniente del Invías se estrella de frente contra la propia Constitución Política. El artículo 288 de la Carta Magna consagra el principio de concurrencia, el cual prohíbe taxativamente a la Nación transferir competencias o infraestructuras a los municipios sin garantizar de forma permanente y vinculante los recursos financieros para cubrirlas. Aceptar una vía nacional sometida a la carga pesada a cambio de un cheque único de $7.000 millones configura una abierta violación constitucional y una asimetría legal gravísima. Además, para que el Invías pudiera entregar formalmente estos corredores como pasos estrictamente urbanos, la Nación tendría que haber construido primero una variante periférica de carga exclusiva que evitara por completo el ingreso de tractomulas a la ciudad. Al no existir dicha variante, trasladarle la vía a Tunja es una pirueta administrativa para librar al nivel central de un gasto que le corresponde. Y que el director nacional del Invías, Juan Camilo Ostos, amparado en su condición de boyacense, impulse este castigo fiscal contra la capital de su propio departamento no es ningún gesto de afecto patriótico, sino un auténtico favor con veneno para sus coterráneos.
Aquí lo que brilla por su ausencia es el carácter para negociar. Si el Alcalde presume de tener excelentes relaciones, puentes directos y sintonía política con el Gobierno Nacional, debería usar esa cercanía para pararse duro y hacer respetar a la ciudad y a quienes la habitamos, no para recibir sonriente los chicharrones que la Nación se quiere quitar de encima. Si el Invías insiste en devolver la vía, el deber del Alcalde es exigir presupuestos anuales obligatorios vinculados a los peajes o llevar la pelea a los estrados judiciales.
Y si al final no hay otra opción y la ciudad termina obligada por un juez a recibir las avenidas, la Alcaldía tendría que reaccionar con verdaderas medidas de soberanía territorial: prohibir de forma tajante el paso de tractomulas y camiones de gran tonelaje por la Avenida Oriental y la Avenida Norte, o en su defecto, montar casetas de peaje municipal para que el transporte de carga nacional pague por el daño que le hace al asfalto de la ciudad. Responder a las advertencias de la crítica pidiendo en los medios que «no le echen la sal» al proyecto no es gobernanza ni liderazgo; es la excusa infantil de una administración que prefiere la ilusión de un milagro vial antes que la defensa firme del dinero de los tunjanos.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tomado de Periódico El Tunjano