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Hoy Colombia, en medio del ruido y de las dificultades que históricamente la han aquejado, empieza a vislumbrar una nueva esperanza. Se percibe un gobierno con determinación y carácter, que ha enfrentado con contundencia y firmeza algunos de los principales males que afectan al país, entre ellos el narcoterrorismo y la corrupción. Sin embargo, aún están por observarse con mayor claridad los resultados en aspectos fundamentales como la reducción de la pobreza, el acceso a la salud, la generación de empleo y, en general, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Para gobernar un país con tantas dificultades económicas y sociales hay que mantener los pies sobre la tierra. No es una tarea sencilla solventar todas las necesidades de la población ni resolver los innumerables problemas socioeconómicos que aquejan a Colombia. Se requiere administrar con responsabilidad los recursos públicos, establecer prioridades y tomar decisiones que permitan avanzar hacia una sociedad más equilibrada.
Tal vez este gobierno pueda incluso llegar a fortalecer la seguridad y recuperar el control territorial mediante el uso legítimo de la fuerza del Estado, al tiempo que combate la corrupción y fortalece las instituciones democráticas. Para ello, ha debido enfrentar grandes desafíos en el manejo de unos recursos financieros limitados y de unas finanzas públicas que recibió en condiciones difíciles.
Sin embargo, para alcanzar un equilibrio social sostenible en el tiempo, es necesario revisar diversos aspectos de la estructura económica, laboral y administrativa del Estado. Colombia continúa enfrentando profundas desigualdades sociales, y esta realidad debe ser atendida mediante reformas y medidas concretas que permitan construir una sociedad más justa.
Uno de los aspectos que merece especial atención es el régimen salarial y pensional de los funcionarios públicos. Es necesario revisar aquellas situaciones en las que una misma persona puede recibir simultáneamente una pensión y una remuneración elevada proveniente del Estado, especialmente cuando estas condiciones pueden limitar las oportunidades de acceso de las nuevas generaciones al mercado laboral público. No se trata simplemente de desplazar a quienes ya han cumplido su ciclo laboral, sino de generar condiciones que permitan la renovación, la participación de los jóvenes y una mayor movilidad dentro de las instituciones.
La generación de empleo digno y estable también constituye una herramienta fundamental para alcanzar la paz social. Cuando existen mayores oportunidades laborales y económicas, se reducen algunas de las condiciones que pueden favorecer la exclusión, la marginalidad y determinadas expresiones de violencia y delincuencia. Por ello, la política de empleo debe ser entendida no solamente como una estrategia económica, sino también como un instrumento de transformación social.
Colombia tiene una gran oportunidad: dar el salto social que ha esperado durante más de dos siglos y construir las bases de una sociedad en la que miles de colombianos puedan disfrutar de condiciones dignas de empleo, salud, vivienda, educación y bienestar.
Este es el momento de dejar sembradas las bases de un verdadero equilibrio social, evitando caer en los extremos ideológicos que históricamente han generado profundas divisiones. Los cambios políticos que ha experimentado Colombia también pueden entenderse como consecuencia de décadas de problemas sociales y de políticas públicas que no han logrado responder de manera suficiente a las necesidades de la población.
Durante mucho tiempo, la política colombiana ha estado marcada por intereses particulares, prácticas clientelistas y estructuras de poder que, en determinados momentos, han limitado la autonomía de las instituciones y de quienes ejercen funciones públicas. Superar estas prácticas exige fortalecer la democracia, la independencia institucional y la responsabilidad de quienes administran los recursos del Estado.
De nada serviría combatir el crimen en toda su extensión si, al mismo tiempo, no se dejan establecidas las bases sociales que permitan garantizar el futuro de los colombianos. La seguridad, por sí sola, no puede construir una sociedad justa y sostenible. Debe estar acompañada de educación de calidad, acceso efectivo a la salud, empleo digno, vivienda, oportunidades para los jóvenes y condiciones económicas que permitan a las familias vivir con dignidad.
En ese sentido, resulta fundamental que los recursos del Estado sean administrados y distribuidos de manera transparente, eficiente y equilibrada. Se requiere un régimen de contratación pública riguroso, con controles efectivos y garantías de transparencia, así como una revisión permanente de los gastos del Estado para determinar cuáles son realmente prioritarios y cuáles pueden ser racionalizados.
La justicia social, en últimas, debe funcionar como el péndulo del equilibrio: ni los extremos de la desigualdad ni los excesos del poder pueden convertirse en la norma de una sociedad democrática. Colombia necesita encontrar ese punto de equilibrio en el que la seguridad vaya de la mano con la justicia, el crecimiento económico con la equidad y la autoridad del Estado con la protección de los derechos ciudadanos.
Solo así será posible construir un país en el que la paz no sea únicamente la ausencia de violencia, sino también la consecuencia de una sociedad con oportunidades, instituciones sólidas y condiciones dignas para todos.
𝑷𝒐𝒓: 𝑬𝒅𝒖𝒂𝒓𝒅𝒐 𝑺𝒖𝒂́𝒓𝒆𝒛 – 𝑨𝒃𝒐𝒈𝒂𝒅𝒐 𝒂𝒄𝒂𝒅𝒆́𝒎𝒊𝒄𝒐 𝒚 𝒆𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓
𝑨𝒖𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒐 𝑬𝒍 𝒁𝒖𝒎𝒃𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑱𝒖𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝑷𝒐𝒔𝒑𝒂𝒏𝒅𝒆𝒎𝒊𝒂 – 𝑪𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐
Tomado de Periódico El Tunjano